UPTA propone fijar en 50.000 euros el límite de facturación anual para el régimen de IVA de franquicia en España

En pleno proceso de adaptación del sistema fiscal español a las directrices europeas, el debate sobre cómo aplicar el régimen de IVA de franquicia empieza a tomar forma con propuestas concretas. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha puesto sobre la mesa una cifra clara: fijar en 50.000 euros el límite de facturación anual para acogerse a este modelo, una medida que busca equilibrar simplificación administrativa y justicia fiscal dentro del colectivo.

La propuesta no llega en el vacío. La normativa de la Unión Europea permite a los Estados miembros establecer umbrales de hasta 85.000 euros, pero la realidad es que la mayoría de países ha optado por cifras más moderadas. En este contexto, UPTA considera que España debe alejarse del máximo permitido y acercarse a la media comunitaria, situada entre los 40.000 y 45.000 euros, para adaptar el sistema al perfil real del tejido productivo nacional.

El régimen de franquicia del IVA está pensado para reducir cargas administrativas, permitiendo a pequeños autónomos no repercutir este impuesto en sus facturas. Sin embargo, su diseño no es neutro: beneficia especialmente a profesionales con bajo volumen de gastos y escaso IVA deducible, como consultores, diseñadores o programadores, frente a otros perfiles con mayores costes operativos.

Un sistema útil, pero con riesgos de desequilibrio

Desde UPTA advierten de que, sin ajustes adecuados, este modelo podría generar desigualdades entre autónomos. Aquellos que sí soportan IVA en su actividad —por inversión en materiales, logística o personal— podrían quedar en desventaja frente a quienes operan con estructuras más ligeras. Por eso, la organización insiste en que la clave no está solo en el límite económico, sino en cómo se articula el sistema en su conjunto.

Entre las propuestas planteadas, se incluye la necesidad de introducir mecanismos de control y seguimiento que eviten usos indebidos del régimen. Una de las opciones sería limitar al 50% la facturación procedente de otros autónomos acogidos al mismo sistema, o establecer un tope similar sobre el total de ingresos, con el objetivo de evitar distorsiones en el mercado.

Además, UPTA subraya que este nuevo régimen debe convivir con el actual sistema de módulos, garantizando que ambos instrumentos respondan a realidades económicas diferentes sin excluir a determinados perfiles. La coexistencia de ambos modelos se presenta como un elemento clave para mantener la flexibilidad del sistema fiscal aplicado a los autónomos.

El presidente de la organización, el gallego Eduardo Abad, lo resume con claridad: no se trata de fijar el umbral más alto posible, sino de encontrar uno que sea útil, coherente y ajustado a la realidad española. A su juicio, la experiencia europea demuestra que los límites intermedios son los que mejor funcionan, especialmente en sectores con menor estructura de costes.

En un momento en el que la fiscalidad de los autónomos vuelve al centro del debate, la propuesta de UPTA introduce un enfoque que combina simplificación, equilibrio y adaptación al contexto económico real, dejando claro que el reto no es solo reducir impuestos, sino diseñar un sistema que funcione para todos.