Juan José Cerviño: «Seremos vigilantes para que nadie se aproveche de la crisis del lácteo»

La caída de los precios de la leche y el aumento de los costes de producción han reactivado la preocupación en el sector lácteo gallego. En pleno proceso de renovación de contratos, las organizaciones agrarias alertan de posibles ventas a pérdidas y de la presión que sufren muchas explotaciones, mientras la Xunta intensifica la inspección y reclama cambios normativos para reforzar la protección de los ganaderos.

En este contexto de tensión en el sector lácteo, ¿qué seguimiento se está haciendo desde la Xunta para garantizar el cumplimiento de la normativa y actuar en caso de incumplimientos?

Desde la Xunta estamos actuando con un plan de inspección específico para el sector lácteo en este momento, además del plan anual que ya existe y que es especialmente intenso en Galicia por el peso del sector. Llevamos semanas recabando datos sobre los nuevos contratos y este proceso va a continuar. En función de los resultados, se abrirán expedientes sancionadores si procede. Lo que buscamos es garantizar el cumplimiento tanto de la ley de la cadena alimentaria, que regula los contratos, como de la ley de calidad alimentaria, que controla la trazabilidad y el etiquetado. Y vamos a ser vigilantes para que nadie se aproveche de esta situación

En este sentido, ¿qué se puede mejorar en la Ley de la cadena alimentaria para evitar crisis como la actual?

La ley estaba pensada para proteger a los primeros eslabones de la cadena, es decir, el sector productor, pero nunca nos habíamos encontrado con una situación como la actual. Además de la propia ley, hay un Real Decreto, el llamado paquete lácteo, que regula los contratos y que data de 2012, con algunas modificaciones posteriores. Está quedando algo desfasado y ya el año pasado se debatió la necesidad de actualizarlo. Una de las vías sería precisamente modificar ese decreto para garantizar que los productores puedan compensar pérdidas con una subida de precios.

¿Se está produciendo una venta a pérdidas con bajadas de hasta 11 céntimos por litro, como denuncian los sindicatos agrarios?

Aún no hay muchos datos oficiales porque los nuevos contratos acaban de entrar en vigor y las industrias están en plazo de registro. Pero sí se observa que las bajadas de precios son importantes y coinciden con un incremento de los costes de producción, especialmente en energía y fertilizantes, que son muy relevantes en el sector.

¿Cómo se pueden dar más garantías a los ganaderos para evitar una posible falta de recogida si no firman los contratos?

Esa es una de las cuestiones clave. La ley nació para proteger a los primeros eslabones de la cadena, pero no contemplaba bien un escenario en el que el ganadero no pueda firmar porque el precio está por debajo de los costes. Si no firma, la industria puede no recoger la leche, lo que supone una disfunción que hay que corregir. Desde la Xunta entendemos que es necesario revisar la normativa y el Real Decreto.

¿Desde cuándo se ha reforzado el plan de inspección de contratos y qué sanciones se prevén para las industrias?

Ya existe un plan anual de inspección en todos los sectores, con especial intensidad en el lácteo por su importancia en Galicia. Además, con la situación actual, se ha puesto en marcha un plan específico de control de contratos. Se están recabando datos y, en función de los resultados, se abrirán expedientes sancionadores si procede. Las sanciones pueden ser elevadas: hasta un millón de euros en la ley de la cadena alimentaria y hasta tres millones en la de calidad alimentaria en los casos más graves.

¿Qué impacto real están teniendo las importaciones de leche de Francia y Portugal en el mercado gallego?

Los últimos datos, de enero, indican que representan alrededor del 4,5% de la leche producida en la comunidad gallega. Galicia no es un territorio excedentario y siempre ha habido importaciones, pero ahora se está analizando cómo entra esa leche y en qué condiciones, porque es importante comprobar si puede haber situaciones de competencia desleal.

¿Está actuando con suficiente rapidez el Ministerio de Agricultura ante esta crisis?

Desde la Xunta se han solicitado varias reuniones en Madrid y no ha habido respuesta. Sí existe coordinación con la Agencia de información y control alimentarios (AICA), con la que se está trabajando en las investigaciones abiertas.

¿Está en riesgo la viabilidad de las explotaciones familiares y el relevo generacional en el sector?

Sin duda existe un riesgo. En los últimos dos años hubo un buen momento en el sector, con incorporación de gente joven, pero ahora puede producirse el efecto contrario. Las explotaciones más pequeñas pueden verse obligadas a cerrar antes de lo previsto, lo que también puede tener impacto en otros sectores como el cárnico. Además, en Galicia hay entre 9.000 y 10.000 personas que dependen indirectamente del sector lácteo.

¿Qué cambios en la PAC serían necesarios para proteger mejor a los ganaderos y qué se hace desde la Xunta para impulsarlos?

En el actual periodo, el sector lácteo gallego ha salido reforzado, con más ayudas que en etapas anteriores. De cara a la futura PAC, la Xunta está presentando alegaciones para mejorar aspectos como el modelo basado en superficie, con el objetivo de adaptarlo mejor a la realidad del sector.

Si no hay cambios inmediatos, ¿el sector está abocado a movilizaciones o a un conflicto mayor?

Dependerá de cómo evolucione la situación. En estos momentos hay contratos a corto plazo y mucha incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir después.

Galicia es un referente lácteo en España y Europa. ¿Qué línea se debe seguir para mantener ese liderazgo?

Galicia produce alrededor del 42% de la leche de España y es una potencia en Europa. Es un sector que se ha modernizado mucho en los últimos años y que tiene capacidad para seguir siendo fuerte, aunque tendrá que afrontar esta crisis y sus efectos. La ley de la cadena alimentaria está pensada para evitar situaciones como la actual