Los funcionarios de los ayuntamientos quedan excluidos de la reducción general de jornada a 35 horas semanales

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la instrucción que reduce la jornada laboral de los empleados de la Administración General del Estado (AGE) a 35 horas semanales. El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública hace así oficial la disminución de dos horas y media a la semana pactada con los sindicatos y que afectará a 250.000 empleados públicos y ahora deberá ser cada departamento de la AGE que concrete desde cuando comienza a aplicarla.

La instrucción del Ministerio, tal como ya avanzó EL PERIÓDICO, excluye de manera explícita a los empleados públicos de los ayuntamientos. "La jornada general prevista en la nueva redacción de estas instrucciones no será de aplicación a las entidades locales ni otras administraciones, que se regirán de manera supletoria por la jornada general prevista por la disposición adicional centésima cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018", segun reza el BOE.

La reducción para los trabajadores municipales no será automática. Es decir, en aquellos ayuntamientos en los que los empleados públicos y el consistorio ya hayan pactado reducir la jornada, se seguirá trabajando a 35 horas semanales (o la cuantía inferior a las 37,5 horas que se haya consensuado). Y en aquellos ayuntamientos en los que a partir de mañana se alcance un acuerdo para reducir la jornada, también se reducirá.

Pero lo que no será válido será invocar la instrucción publicada este miércoles para reclamar una reducción automática de la jornada en un ente municipal. "Se prevé igualmente que la implementación de la jornada ordinaria de 35 horas lo sea únicamente para la Administración del Estado", precisa el BOE. Es decir, está será de aplicación para la AGE, sus organismos autónomos y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

Los sindicatos no han recibido bien esa exclusión y reclaman una aplicación generalizada. "Csif exige su aplicación en todos los ámbitos del Estado, ayuntamientos y empresas públicas, de lo contrario nos reservamos emprender medidas legales", han manifestado a través de un comunicado.

Común, pero no generalizado

Las 35 horas semanales son ya habituales en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas, pero no en todas. En la ciudad de Barcelona, por ejemplo, rige desde principios de este año, pero en otros municipios, como Terrassa o Tarragona, hace más tiempo que aplica. En la mayoría de servicios autonómicos también la tienen pactada, si bien todavía no la aplican en Catalunya, Madrid, Galicia, Navarra y Aragón.

Si bien la instrucción publicada este miércoles en el BOE no tendrá ese efecto automático para reducir la jornada en estos servicios, los sindicatos sí que esperan que les sirva de palanca de presión para poder negociarlo y aplicarlo a la mayor brevedad, con el fin de generalizar las 35 horas semanales en toda la función pública y sus diferentes ámbitos.

Otra novedad que reconoce la instrucción es una flexibilidad horaria de una hora en el horario fijo de jornada para empleados públicos que tengan a su cargo personas mayores, hijos menores de 12 años o personas con discapacidad, "así como quien tenga a su cargo directo a familiares con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad".

Compromiso pendiente

El Ejecutivo da cumplimiento este miércoles del acuerdo definitivo firmado con las centrales sindicales CCOO, UGT y Csif que pone fin a la ampliación horaria a las 37,5 horas que regía desde 2012, una medida aprobada en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy en un contexto de severos ajustes presupuestarios.

El ministro Óscar López lleva al BOE un acuerdo rubricado hace dos semanas, pero que estaba pendiente desde hace cuatro años, cuando en 2022, otro ministro, la hoy candidata socialista a la junta de Andalucía, María Jesús Montero, ya se comprometió a reducir a 35 horas la jornada.

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