Rosa Martínez (Secretaria de Estado de Derechos Sociales): "La deuda histórica en Dependencia con la C. Valenciana es un bulo, pero ya se acaba"

Este mes de julio la Comunitat Valenciana, como el resto de autonomías, ha visto incrementada la cuantía que percibe para gestionar el sistema de dependencia. Dos décadas con el mismo sistema de reparto. ¿Cuánto ha costado que el gobierno duplique la cuantía mínima de financiación?

Este era un compromiso de legislatura del gobierno de coalición. Dijimos desde el primer día que iba a suceder y así ha sido. El sistema de la dependencia va a ser uno de los pilares fundamentales en los próximos años para millones de familias en España y está empezando a ocupar el lugar que se merece no solo en financiación, sino también en proyecto político. Esta financiación se complementa con la ley de discapacidad y dependencia. No es sólo más financiación, es un cambio de modelo, es la refundación del sistema de la dependencia.

Habla de refundación del sistema... Explique los cambios para que esta medida no parezca un aumento en la financiación a corto plazo o una medida puntual de cara a las elecciones de 2027

Esta refundación se basa en dos grandes elementos. Uno es el incremento de financiación. Por primera vez el Estado va a aportar la mitad de la inversión, es decir, el 50%. Pero la financiación por sí sola no soluciona los problemas de un sistema que ya tiene 20 años. Se pasa de una visión asistencialista a la de una persona activa que recibe apoyos. Esa es una diferencia fundamental y dirige las reformas de las leyes de discapacidad y dependencia. Se trata de un nuevo sistema mucho más flexible, más ágil y adaptado a las necesidades de las personas. Por ejemplo, a día de hoy se ofrecen las mismas soluciones y apoyos a una persona con discapacidad intelectual de 20 años que a una persona de 85 años con Alzheimer avanzado y son necesidades completamente distintas. Por lo tanto, cuando hablamos de refundaciones hablamos de atender a más personas, pero de una manera mejor, más personalizada y más cercana al lugar donde vive.

El gobierno de España anuncia el doble de dinero para la Comunitat Valenciana, pero la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, sale a la palestra para criticar que el gobierno tiene una deuda histórica con el Consell de más de 4.000 millones por no haber cumplido con ese 50% de financiación del que habla ahora. ¿Esto es un bulo? ¿Le debe o no le debe dinero el gobierno a las autonomías por la gestión de la dependencia?

Es un bulo, absolutamente. Es una falacia que durante toda la legislatura han repetido los gobiernos autonómicos del Partido Popular, pero ya se acaba. A día de hoy, en la ley de dependencia, no existe ninguna obligación del Estado de financiar el 50%. Ese es un compromiso político que el pasado jueves el Congreso de los Diputados trasladó a la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia. Y el PP votó en contra. Es decir, la indiferencia ante las necesidades sociales de las personas, y la obsesión con hacer caer al gobierno, llega a tal punto de votar en contra de algo que llevan reivindicando años. Pido una cosa, pero voto en contra. No existe tal deuda. Hay un compromiso político que se ha hecho efectivo con el Real Decreto Ley, que ahora mismo tiene rango de ley cuando se apruebe el martes que viene. Y eso es lo que garantiza que a partir de ahora, gobierne quien gobierne, el gobierno central sí tendrá que aportar la mitad de la inversión que este país hace en dependencia.

¿Temen ustedes que si el Estado aporta más las autonomías aporten menos y así saneen sus cuentas?

Mire, esta es una pregunta que nos hacen mucho y hay una razón: en el pasado cada vez que el gobierno incrementaba su financiación había comunidades autónomas que hacían caja. Para ello, en la reforma de la ley de discapacidad y dependencia, junto con el blindaje del 50%, hemos metido una salvaguarda y la financiación al 50% será efectiva cuando las comunidades autónomas no reduzcan su inversión. Así, una comunidad autónoma que reduzca su inversión puede verse también penalizada en el reparto de fondos.

¿Qué objetivos deben cumplir las autonomías para que esta financiación se mantenga y para poder avanzar?

En la financiación del sistema de la dependencia hay una parte (la mayor parte) que la transfiere la Administración General del Estado (AGE) a las comunidades autónomas y se calcula por persona atendida. Es decir, por cada persona, en función de su grado de dependencia, el Estado transfiere una cantidad. Eso es lo que hemos incrementado y por cada persona de grado dos y tres la comunidad autónoma va a recibir el doble. Y luego hay otra pequeña parte de financiación estatal que se hace condicionada a indicadores que tienen que ver con la gestión (la lista de espera, la calidad del empleo, de los centros y servicios...)

De hecho, por estos indicadores, a la Comunitat Valenciana el año que viene le "descontaban" 9 millones... Pero luego ha llegado el anuncio del Gobierno y eso se queda en nada. ¿Han hablado con el Consell porque no ha cumplido objetivos?

El diálogo con las comunidades autónomas es constante. Cada año se revisa el cumplimiento de objetivos que se ha puesto el año anterior y en función de eso se hacen los cálculos. Es un sistema en el que quien desempeña mejor recibe más financiación. Y el sistema de reparto, los indicadores y los objetivos se aprueban en Consejo Territorial, con lo cual es una cuestión acordada entre todas las partes.

En la Comunitat Valenciana hay muchos frentes abiertos en dependencia. ¿Le han marcado prioridades al Consell?

Nosotros no marcamos prioridades. Las comunidades autónomas tienen la competencia exclusiva en la gestión del sistema. Nosotros no podemos marcar prioridades ni decir en qué tienen que invertir, pero sí creemos que este dinero, esta gran inversión tiene que servir para tres cosas. Uno, para reducir la lista de espera. Esto es meter más gente en el sistema, atender a más personas. Dos, atenderlas mejor. Esto es, con cuidados de más calidad, más profesionales, más horas de servicio y más cercanos. Y en tercer lugar, mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del sistema de la dependencia. Tenemos un problema de déficit de profesionales que en gran parte se explica por condiciones laborales precarias: bajos salarios, la dureza del trabajo y sobre todo la falta de reconocimiento. Se duplica la financiación y cada comunidad autónoma decidirá cómo y de qué manera lo gestiona, pero tiene que suponer más gente, mejor atendida y mejores salarios.

¿Y qué mecanismos va a habilitar la administración general del Estado para garantizar que este aumento presupuestario mejora la vida de las personas en situación de dependencia?

Nosotros no podemos hacer una labor de fiscalización en un estado descentralizado y autonómico como el nuestro. Nosotros lo que podemos hacer es un seguimiento, y lo vamos a hacer de la mano, por ejemplo, de los agentes sociales. Hay una preocupación compartida de que efectivamente este dinero tenga el impacto esperado.

¿Cree que la dependencia precisa de un pacto de estado que acabe con guerras políticas que al final solo perjudican al usuario, a la persona con dependencia?

Pues mira, podemos llamarle pacto, podemos llamarle de otra manera, pero el martes en el Congreso que se vota la convalidación del Real Decreto Ley con esta inversión histórica y se votan las reformas de las leyes de discapacidad y de dependencia. Hay una oportunidad de oro para que todos los grupos políticos muestren su apoyo y compromiso. Todo el mundo entiende que la reforma planteada es necesaria, es una buena reforma y va a ayudar a las comunidades autónomas a gestionar de una manera más ágil y eficiente para dar respuesta a las necesidades de las personas que necesitan cuidados y apoyos. Así que si hay oportunidad de un pacto de estado, creo que es este martes en el Congreso de los Diputados.

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