UPTA exige a la Xunta que pida explicaciones a Madrid por multas de hasta 13.000 euros a comercios gallegos

Las sanciones de hasta 13.000 euros impuestas a pequeños comercios gallegos por supuestas deficiencias en sus páginas web han provocado la reacción de UPTA-AGTAMAR Galicia. La organización exige que la Xunta solicite explicaciones inmediatas a la Comunidad de Madrid y advierte del impacto que estas multas pueden tener sobre negocios familiares.

UPTA-AGTAMAR asegura que comparte la necesidad de cumplir la normativa de consumo y recuerda que los comerciantes son los primeros interesados en ofrecer garantías a sus clientes. Su crítica se centra en la cuantía de las sanciones, que considera desproporcionada cuando las irregularidades afectan a aspectos formales de las tiendas digitales.

La organización alerta de que multas de este importe pueden poner en peligro la continuidad de empresas familiares que carecen de departamentos jurídicos y de recursos técnicos especializados.

UPTA-AGTAMAR pide al Gobierno gallego que defienda al pequeño comercio de Galicia y se dirija a la Comunidad de Madrid para conocer las razones y el alcance de la campaña de inspección.

La asociación considera que la actuación puede tener consecuencias graves para decenas de negocios gallegos. También reclama que las administraciones tengan en cuenta el tamaño de las empresas y la naturaleza de las supuestas irregularidades antes de fijar las sanciones.

La organización sostiene que los pequeños comerciantes están haciendo un esfuerzo para adaptar sus negocios a la digitalización y a los nuevos hábitos de consumo. Sin embargo, advierte de que este proceso puede convertirse en una amenaza si un error formal en una web da lugar directamente a multas de miles de euros.

Para UPTA-AGTAMAR, las administraciones deberían acompañar y asesorar a los autónomos, además de facilitar la corrección de las posibles deficiencias antes de recurrir al procedimiento sancionador.

Casi tres comercios menos al día

La organización enmarca su reclamación en la situación que atraviesa el comercio de proximidad. Según los datos aportados por UPTA-AGTAMAR, Galicia ha perdido durante los últimos cinco años una media cercana a los tres comercios diarios.

La asociación relaciona cada cierre con una reducción del empleo, la actividad económica y la vida comercial de barrios y municipios. Por ello considera que las sanciones llegan en un momento especialmente delicado para los pequeños establecimientos.

UPTA-AGTAMAR advierte de que el mensaje que reciben los autónomos resulta contradictorio. Por una parte, se les anima a invertir en digitalización, abrir tiendas en línea y adaptarse a las nuevas formas de consumo. Por otra, pueden enfrentarse a multas capaces de comprometer la viabilidad del negocio si cometen una presunta irregularidad en la información de sus páginas.

La organización considera que este no puede ser el modelo de digitalización aplicado a los autónomos y al pequeño comercio.

Reclama el mismo rigor para las grandes plataformas

UPTA-AGTAMAR también critica que la actuación inspectora recaiga sobre negocios familiares mientras millones de productos se comercializan a través de grandes plataformas digitales internacionales.

La asociación expresa dudas sobre el control efectivo del etiquetado, la trazabilidad, la seguridad y la información al consumidor de productos procedentes especialmente de empresas asiáticas. También menciona el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras.

Estas críticas forman parte del posicionamiento de UPTA-AGTAMAR, que reclama que el rigor aplicado a los pequeños establecimientos se extienda igualmente a las grandes plataformas que operan en el mercado europeo.

La organización cuestiona que se sancione con especial contundencia a autónomos gallegos que intentan competir en internet mientras el mayor volumen de productos vendidos a través de plataformas internacionales no recibe, a su juicio, una vigilancia equivalente.

“No permitiremos que se criminalice al pequeño comercio”

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, sostiene que la protección de los consumidores debe aplicarse con el mismo rigor a todos los operadores y no convertir al pequeño comercio en el objetivo más fácil.

“No permitiremos que se criminalice al pequeño comercio”, afirma Abad, que reclama un mayor control sobre las grandes plataformas internacionales.

UPTA-AGTAMAR insiste en que no pretende cuestionar la normativa de consumo, sino reclamar proporcionalidad y mecanismos que permitan corregir los posibles errores antes de imponer sanciones capaces de poner en riesgo un negocio.

La organización espera ahora una respuesta clara de la Xunta. Considera que el Gobierno gallego debe defender a los pequeños establecimientos afectados y pedir explicaciones a la Comunidad de Madrid sobre una actuación que, según denuncia, amenaza la supervivencia de quienes siguen apostando por emprender, mantener sus negocios y generar empleo en Galicia.