Cómo y cuándo progresan las naciones
nos referimos a las principales causas o factores de desarrollo y progreso de las naciones. No tratamos aquí el tema moral, aunque realmente es la madre de todos los verdaderos progresos. Tampoco hacemos referencia al orden público y la paz social, sin cuyo mantenimiento no es posible una normal convivencia ni el consiguiente progreso. Posiblemente, la importancia que los considerados países asiáticos emergentes otorgan al orden y la paz constituye una de las causas que explican su espectacular desarrollo.
En su dimensión económica, el desarrollo depende principalmente del trabajo, la inversión y la investigación científica y técnica. Hablar de trabajo es referirnos, sobre todo, a la empresa, que es, más que un concierto de capitales, una organización de trabajo. La eficacia del factor trabajo exige una educación y formación profesional de alto nivel, tanto de los trabajadores como de los equipos directivos. Pero la empresa reclama también la inversión de capital, sin la cual el trabajo resultaría poco productivo, dados los costes de establecimiento, utillaje y usos tecnológicos. Las empresas en España, casi todas pequeñas y medianas, están maltratada por el Fisco y por las cargas sociales, resultando imposible su desarrollo y la autoinversión. Igualmente factor decisivo de desarrollo y progreso, dada la complejidad del mundo moderno, es la investigación científica y técnica. Los países más avanzados dedican alrededor del 3% de su PIB a la investigación. En España no sobrepasa el 1.25 %.
Junto a esos factores, el desarrollo y progreso social se fundamenta en las familias. Si la sociedad no estuviera formada, básicamente, por un conjunto de familias, y teniendo en cuenta que a las mismas está íntimamente ligada la educación, se haría muy difícil o imposible lograr la necesaria cohesión social. El derecho a educar es titularidad de los padres. El Estado no tiene ese derecho, sino la obligación de facilitar los medios necesarios. Si a los ciudadanos de una nación solamente les uniera el Estado, el riesgo de ruptura y disolución social sería muy alto.
Por lo demás, la familia se constituye y fundamenta en el matrimonio monógamo de unión de hombre y mujer, personas de igual dignidad, pero de condición sexuada distinta. Esa diferencia los hace complementarios y, por el vínculo matrimonial, pueden llegar a una unión muy profunda y a la mayor fortaleza social, aunque una mal entendida libertad lo puede romper. No es el matrimonio un invento humano, y se puede afirmar que esa forma de matrimonio es la única específicamente humana de unión interpersonal, siempre referida a la diversidad y complementariedad sexual, que responde plenamente a la dignidad humana. No lo es entre otras posibles, sino que es la única. En la familia, célula básica de la sociedad, confluyen todos los problemas sociales. Hoy el ataque a la familia y al vínculo matrimonial es brutal, y de ese ataque, para suma de males, llega a hacerse cómplice el propio Estado.
La potencialidad de los indicados factores y de las familias reclama la protección de los poderes públicos, porque si algún significado tiene la democracia es justamente la de que se reconozcan, tutelen y promuevan las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos, que son los que conforman la sociedad civil. Esos son los límites del Poder, para que se dedique a lo que le corresponde. La Constitución no considera esas libertades y derechos como fundamentales y especialmente protegidos (matrimonio, familia, sucesión hereditaria, trabajo, propiedad, empresa), lo que sería motivo suficiente para demandar su reforma.
Hay gentes a las que le han metido en la cabeza que la verdadera sociedad es el Estado, pues su fin es el bien común, pero justamente ese bien es el propio de la sociedad civil a cuyo servicio están los poderes públicos. Del Estado se pide legitimidad, funcionalidad y eficacia social. Un Estado centralista y de partido, como es el nuestro, pues las Autonomías no son más que una reduplicación del Estado, no puede garantizar ninguna de esas exigencias. Que el Estado central se convierta, por motivos de partido, en enemigo de una Autonomía de signo contrario, es motivo suficiente para descalificarlo. Si además, para poder costear su descomunal estructura y su despilfarro, endilga a las nuevas generaciones una deuda brutal, eso constituye un atropello, una faena de la que no existen palabras para calificarla. Sorprende que la juventud afectada no proteste ni se rebele. Y resulta bien triste que la perspectiva de nuestros jóvenes sea la emigración.
Un orden y sistema político hace posible el desarrollo y progreso de la sociedad cuando se construye de abajo a arriba y los entes superiores ayudan a los inferiores. A eso llamamos foralidad. Y tal estructura de Estado no centralista genera, incluso con mejores prestaciones, un coste inferior la mitad del actual, lo que haría posible la reducción a cero de esa deuda abusiva en un par de legislaturas.
(*) Profesor de la Universidad de Navarra y Secretario General de la
Delegación del Gobierno.