CONFERENCIA EPISCOPAL
El Gobierno y el Vaticano pactan que la Iglesia pague por primera vez licencias de obras
Todos los inmuebles de su propiedad estaban exentos en virtud del Concordato, el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede | Con esta decisión la Iglesia se equipara al resto de organizaciones sin ánimo de lucro
Marisol Hernández
El Gobierno ha llegado a un acuerdo con la Conferencia Episcopal, que ha contado con el aval previo del Vaticano, para que a partir de ahora la Iglesia pague el impuesto correspondiente cuando realice obras en los inmuebles de su propiedad desde parroquias, templos, colegios, hospitales o residencias. Se trata de una exención de la que ha gozado históricamente y que no afecta a otras entidades sin ánimo de lucro.
La razón es que la regulación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es posterior a los acuerdos con la Santa Sede, el llamado Concordato, que suponen el marco legal de la Iglesia en nuestro país. Ahora, las negociaciones entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la Conferencia Episcopal sobre distintos temas que afectan a la fiscalidad, han concluido con la equiparación de la Iglesia y la entidades sin ánimo de lucro. A partir de este momento la Iglesias también pagarán la tasa de Contribuciones Especiales, que regula las obras en zonas o elementos de titularidad municipal pero que son privativos de una entidad y es a esta a quien corresponde pagar las reformas.
Fruto de este acuerdo se tramitará ante la Santa Sede la renuncia a estas exenciones y el Gobierno derogará la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda que incluía el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, para ratificar su dispensa "total y permanente".
Se pone así fin también a un conflicto legal ya que el propio Tribunal Supremo ratificó en 2014 una sentencia de la Sala Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que anulaba una orden del Ministerio de Hacienda de 2009 para limitar la exención fiscal de la Iglesia en las licencias de obras y que se abonara en los edificios no exentos del pago de la contribución urbana. Pero el Supremo resolvió que no hay obligación de pago de la Iglesia en virtud de los pactos entre el Gobierno y la Santa Sede. Por eso la necesidad de modificar ahora también el Concordato y las leyes españolas de exención y igualar a la Iglesia con el resto de entidades sin ánimo de lucro.
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