La jueza del caso Cuarteles retrasa un mes la declaración del teniente coronel imputado

La jueza que instruye el caso Cuarteles ha dado el visto bueno a la petición de la Fiscalía y, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, ha accedido a retrasar un mes la citación del teniente coronel Carlos Alonso, uno de los nombres propios de la trama. Alonso, que figura como imputado en el procedimiento y que tenía previsto declarar el próximo lunes 17 de abril, fue el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila en el momento en el que se fraguaron 120.000 euros en contratos menores, concedidos muchos de ellos 'a dedo', a favor de Ángel Ramón Tejera de León, el empresario canario que también aparece citado, aunque no investigado, en el sumario del caso Mediador.

Hace poco menos de un mes, el teniente coronel, que fue trasladado a Madrid poco después de lo sucedido, pidió declarar de manera voluntaria ante la jueza Isabel Durántez para intentar demostrar que no fue el responsable de las presuntas irregularidades cometidas en Ávila en la segunda mitad de 2016 en el marco del caso Cuarteles.

Alonso fue, además, el que 'levantó la liebre' del caso, pues, cuando fue interrogado por la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil, no dudó en señalar que la orden de contratar con las empresas de Tejera de León le vino "determinada" desde el teniente general Pedro Vázquez Jarava, una de las cuatro figuras más importantes de la Benemérita a nivel nacional en ese momento.

La declaración quedó fijada entonces para el próximo 17 de abril, es decir, el próximo lunes, pero, según ha podido saber este periódico, el teniente coronel no podrá prestar testimonio porque la nueva fiscal asignada al caso tiene otro juicio ese mismo día.

Relevo de la fiscal

La petición para retrasar la testificación se registró el pasado 3 de abril, menos de una semana después de que la Fiscalía de Madrid decidiera relevar a la anterior fiscal, que pertenecía al Juzgado de Instrucción número 3, para sustituirla por una más especializada en los presuntos delitos que se investigan en el caso.

La nueva fiscal del caso Cuarteles es Virna María Alonso Fernández, decana de la sección especializada en Asuntos Económicos, en la que se investigan delitos de corrupción como la falsedad documental o la malversación. Por ese juicio el mismo día, y por la cercanía entre el nombramiento y la declaración de uno de los imputados en el caso, la jueza ha accedido a retrasar un mes el testimonio.

Hasta ahora, su antecesora en el cargo había estado presente en el resto de diligencias, como por ejemplo en la comparecencia del segundo mando imputado, el teniente general Pedro Vázquez Jarava, que declaró en el juzgado madrileño a finales de abril.

Caso Cuarteles

El caso, que investiga adjudicaciones sospechosas por valor de más de 3,3 millones de euros en más de una decena de comandancias en otras tantas provincias españolas, se articula alrededor del binomio formado por el entonces teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava, una de las cuatro personas más poderosas de la Benemérita en ese momento, y el empresario Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon.

Entre las conductas que los magistrados consideran, con el apoyo de la Fiscalía, que pueden suponer delito por parte de este alto mando que ahora ya está en la reserva estarían "la inmediatez entre la presentación de algunas de las facturas, su visado y su presentación al cobro", así como la "discordancia entre los trabajos realizados y el contenido" de estos documentos.

Sin embargo, para que fructificase esa supuesta relación entre el empresario y el teniente general era necesario que los diferentes jefes de las comandancias diesen su visto bueno a unas obras que en muchos casos o bien se hacían a medias o directamente ni siquiera se realizaban. Uno de esos jefes fue Carlos Alonso, el único imputado hasta la fecha porque la suya es la única comandancia en la que por el momento se ha realizado una investigación pericial.

Chapuzas en la Guardia Civil

Esa auditoría llevada a cabo en Ávila para determinar lo que de verdad se hizo con los 120.000 euros troceados en 26 adjudicaciones menores a las empresas de Mon se saldó con la constatación de varias chapuzas y con reparaciones que o bien no se necesitaban o nunca se llegaron a hacer.

La perito que recorrió los 26 cuarteles de la provincia constató irregularidades como la realización de trabajos de pintura sin retirar antes los cuadros de las paredes, la aparición de manchas de salitre tras la intervención o la falta de enchufes en las habitaciones reformadas.

En Navarradendonda de Gredos, por ejemplo, el jefe de puesto del cuartel declaró que "los operarios que hicieron las obras se personaron sin ningún tipo de material de pintura", por lo que hubo que ayudarles para la adquisición de este producto en "comercios de la zona". También tuvieron que acompañarles los agentes para el "alquiler de la maquinaria e incluso para los hoteles de alojamiento, ya que no disponían de ningún material al uso".

El hecho de que el teniente coronel Carlos Alonso firmase como completadas obras que no existieron o que no se correspondían con lo contratado podría llegar a resultar, si así lo estima la jueza, en un delito de falsedad en documentos.