Negociaciones

Los decanos se suman a las reivindicaciones de jueces y fiscales de cara a la reunión clave en Justicia

La reunión acaba sin acuerdo y los negociadores vuelven a convocarse el miércoles para tratar de evitar la huelga

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Cristina Gallardo / Ángeles Vázquez

La reunión de este lunes entre representantes de los ministerios de Justicia y Haciendadel Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y de las asociaciones de jueces y fiscales para abortar la huelga convocada para el próximo día 16 acabó sin acuerdo, pese a que desde el Gobierno se elevó la oferta de 44,6 millones que puso encima de la mesa en el primer encuentro, el pasado día 3. La próxima reunión para dejar atrás la amenaza de movilizaciones, con un acuerdo retributivo que compense la perdida salarial que ambas carreras dicen sufrir desde hace 20 años, se ha convocado para el miércoles por la tarde.

Que la oferta puesta sobre la mesa -que aún no supera los 50 millones según las fuentes consultadas por este diario- iba a ser considerada insuficiente se podía intuir cuando los jueces decanos, reunidos esta semana en Las Palmas de Gran Canaria, mostraron "su apoyo decidido y firme a las reivindicaciones que en el día de hoy se hacen valer en la mesa de retribuciones ante los ministerios de Justicia y Hacienda" a través de un escueto comunicado en el que consideraban "imprescindible la adecuación de las retribuciones de la carrera judicial de acuerdo a la responsabilidad" de su "función y la sobrecarga de trabajo que durante años" llevan soportando.

"Esperamos, en beneficio de la Administración de Justicia, y para evitar que los jueces nos veamos abocados a ejercer nuestro derecho de huelga, que se alcance un acuerdo que satisfaga las justas pretensiones que se vienen reivindicando de forma histórica por la carrera judicial", señalaban los jueces elegidos por sus compañeros en cada partido judicial para representarles.

Las negociaciones van algo más despacio de lo esperado, algo que evidenció al término de la reunión de la mañana Inés Herreros, portavoz la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Aseguró que hay asuntos en los que han "avanzado" y "otros que parece que están más parados", aunque "por respeto institucional" prefería mantener "una cierta discreción en cuanto al contenido de las negociaciones", en alusión a los términos económicos del acuerdo. Por la tarde, no obstante, señaló que la UPF consultará a sus afiliados la oferta y su progresividad, para determinar si se debe beneficiar a los fiscales en peores condiciones laborales y económicas.

Por su parte, Juan José Carbonero, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, restó importancia a que "no se alcance un acuerdo de manera inmediata", aunque por la mañana ya había avanzado que la oferta de 44 millones de euros no era "asumible". Tras abandonar el ministerio por la tarde reconoció que, después de 20 años en que no se ha consultado nada a los jueces, convocar la mesa de retribuciones "dice mucho respecto del Gobierno", pero señaló que tanto la carrera judicial como la fiscal han cambiado mucho desde entonces. En su opinión, aunque hay muchas propuestas encima de la mesa, "se avanza a buen ritmo y hay espíritu de colaboración por todas las partes", porque "nadie quiere la huelga".

Otros cuerpos

No obstante, desde fuera la oferta que se hizo el pasado día 3 a los jueces y fiscales se ve tan generosa que los letrados de la Administración de Justicia (LAJs), antes secretarios judiciales, han hecho público a su vez otro comunicado en el que advierten de que, pese a que ya mantuvieron una huelga indefinida de dos meses, para obtener una subida de más de 450 euros, no descartan volver a las movilizaciones si se sienten discriminados respecto a otros cuerpos.

El acuerdo con los letrados fue precisamente el que dio alas a los jueces y fiscales para reclamar una subida salarial, pero también a los 45.000 funcionarios que la semana pasada comenzaron a hacer una huelga que esta semana y la próxima está prevista para los martes, miércoles y jueves.

Todos los colectivos basan su reclamación en la ley de retribuciones firmada para jueces y fiscales en 2003, cuando se puso en marcha la oficina judicial. En dos de sus disposiciones finales se incluían complementos equivalentes para los distintos colectivos. De ahí que entiendan que la subida de uno debe ser equivalente a todos los demás.