El Tribunal Supremo esperará a que pasen las elecciones para volver a citar a Clara Ponsatí

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no tiene intención de volver a citar a la eurodiputada de Junts per Catalunya Clara Ponsatí antes de que se celebren las elecciones del próximo 28 de mayo para descartar cualquier posibilidad de interferir de cualquier forma en el resultado electoral, según señalan fuentes del alto tribunal a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica.

Es tradición que los tribunales pospongan cualquier decisión que pueda interferir en los procedimientos electorales, pero no existe norma alguna que lo haga obligatorio, por no hablar de que con independencia de la apertura de la campaña electoral propiamente dicha, los últimos meses se han vivido en una clave semejante aunque los comicios ni siquiera estuvieran próximos.

Tras la incomparecencia de Ponsatí en el Tribunal Supremo, el pasado 24 de abril, cuando la había citado Llarena después de ser arrestada en Barcelona, el magistrado dio cinco días a la Fiscalía y la Abogacía del Estado para determinar el siguiente paso a seguir. Ambas acusaciones informaron a favor de que, tras consultar la agenda del Parlamento Europeo, se la vuelva a citar de nuevo con la advertencia de que en caso de que plante al alto tribunal de nuevo sea arrestada para su conducción ante el juez.

En ningún caso se la podrá enviar a prisión, puesto que solo está procesada por un delito de desobediencia, que no acarrea este castigo, sino multa e inhabilitación. No obstante, la fiscalía incluía en su informe la posibilidad de que se la pueda detener para realizar una diligencia imprescindible para que el procedimiento pueda avanzar: tomarle declaración indagatoria tras su procesamiento por desobediencia. Y, como ocurrió el pasado 28 de marzo, tras ser arrestada para su conducción a los juzgados de Barcelona, quedar a continuación en libertad.

Diferenciarse

En el alto tribunal se es muy consciente de que Ponsatí busca diferenciarse de otros procesados por el 1-O, especialmente de los de ERC, como Meritxell Serret, que eligió comparecer directamente en el Supremo para regularizar su situación. Lo mismo hizo la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que también tenía solo pendiente un delito de desobediencia. La eurodiputada de Junts decidió pasearse por Barcelona para forzar su arresto y conducción ante los juzgados de guardia de la capital catalana, donde se regularizó su situación, se anuló la orden de detención nacional que había contra ella y se la citó para el 24 de abril en el Supremo.

Ponsatí, que justo vino a España la víspera de un pleno europeo, al que pudo asistir sin problemas, pese a su detención de la tarde anterior, alega que su inmunidad como europarlamentaria impide adoptar cualquier medida en su contra sin cursar un suplicatorio a la Cámara europea, argumento que Llarena ha rechazado en varias resoluciones. El juez sostiene que ese privilegio está pensado para evitar que el funcionamiento del Parlamento Europeo se vea alterado, no para librar a sus eurodiputados de procedimientos penales abiertos mucho antes de adquirir el escaño.

Ese es el caso de Ponsatí, que lo obtuvo tras el Brexit, en enero de 2020, cuando los diputados de Gran Bretaña abandonaron el Parlamento. Su procesamiento, como el del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el del 'exconseller' Toni Comín, se produjo el 21 de marzo de 2018, aunque ahora, con la reforma penal pactada entre el Gobierno y ERC, se haya visto modificado y en el caso de Ponsatí limitado a un delito de desobediencia.

Puigdemont y Comín comparten con ella este delito, pero además están procesados por malversación, lo que en su caso sí puede suponer su ingreso en prisión provisional hasta que se celebre el juicio, dado el riesgo de fuga que ambos han demostrado desde su primera citación ante la justicia en 2017.