Polémica por el regadío

La ley de Doñana se reactiva con tiempo para ver la luz tres días después de las generales del 23-J

PP y Vox citan el 13 de junio a agentes sociales y económicos y dejan fuera a la comunidad científica del Parque

La ley de Doñana se reactiva con tiempo para ver la luz tres días después de las generales del 23-J.

La ley de Doñana se reactiva con tiempo para ver la luz tres días después de las generales del 23-J.

Isabel Morillo

El Parlamento andaluz ha retomado los trámites para la aprobación de la proposición de ley del regadío en el entorno del Parque Nacional de Doñana que enfrenta al Gobierno de Juan Manuel Moreno y de Pedro Sánchez y que la Comisión Europea vigila de cerca con la amenaza de duras sanciones económicas.

Tras aletargarse durante la campaña de las municipales la tramitación, que entró con carácter de urgencia y comenzó su andadura de la mano de PP y Vox el pasado 12 de abril, se reactiva con un calendario de comparecientes que acudirán a la Cámara el próximo 13 de junio. La Comisión de Fomento del Parlamento andaluz, donde se debate esta proposición de ley que recalificará como suelo de regadío unas 800 hectáreas de suelo de secano y forestal en los pueblos de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), ha fijado hoy el listado de comparecientes con los votos de PP y Vox de nuevo.

Desfilarán como comparecientes las principales organizaciones agrarias y sindicales (COAG, UPA, Asaja, CCOO y UGT), la patronal fresera onubense Interfresa, las cooperativas agrarias, agricultores afectados, los regantes, los alcaldes de los municipios afectados por la regulación y WWF como organización ecologista. Está citado un funcionario jubilado de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pero nadie del actual órgano de aguas y también está convocada la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Hay jurisprudencia que avala que los ministros y miembros del gobierno de España no puedan estar citados por los parlamentos autonómicos. La vicepresidenta no acudirá a esta cita en el Parlamento andaluz.

Entre los grandes ausentes destaca Miguel Delibes, que preside el Consejo de Participación de Doñana, o el director de la Estación Biológica del Parque, Eloy Revilla. Ambos científicos fueron muy duros con la proposición de ley en la antesala de que PP y Vox unieran sus votos para acelerar su tramitación, alertando de las consecuencias de regularizar más suelo de regadío en mitad de una situación “dramática” para el Parque Nacional. También han dejado fuera a un representante de la Unesco, que se opone a la ley y advierte de que Doñana podría perder su catalogación como Patrimonio de la Humanidad.

26 y 27 de julio

Los trámites están ya en marcha con margen para que la proposición de ley se apruebe de forma definitiva en el pleno del Parlamento andaluz de los días 26 y 27 de julio. Una vez que se culmine el trámite de comparecencias de los agentes económicos y sociales, la comisión de Fomento debe elaborar un dictamen definitivo que se eleva a pleno para su aprobación. El portavoz del grupo popular, Toni Martín, aseguró que nada ha cambiado y que el objetivo siempre ha sido “aprobarlo en el actual periodo de sesiones o al comienzo del siguiente, septiembre, si los plazos se dilataran”. No es el caso. El calendario señala que, salvo que la voluntad política del PP sea otra y de momento no lo es, verá la luz antes de que sus señorías se vayan de vacaciones en agosto. Justo tres días después de las elecciones.

En estas municipales, el PP se ha impuesto con holgura en la provincia de Huelva, tanto que por primera vez desde 1979 ostentará la Diputación de Huelva con mayoría absoluta. El PP ha ganado en dos de los cinco pueblos, Lucena y Rociana, pero sin duda el gran rédito político en la provincia trasciende esa corona norte de Doñana.

La reactivación de la proposición de ley llega en plena campaña de las elecciones generales del próximo 23 de junio y Doñana estará, sin duda, como plato fuerte del enfrentamiento entre PSOE y PP. Horas antes de que el Parlamento retomara los trabajos de la ley, los presidentes Pedro Sánchez y Juan Manuel Moreno se enfrentaron en redes sociales por una campaña de boicot en los supermercados alemanes a la fresa de Huelva por la polémica de los regadíos. La asociación alemana Campact ha emprendido una campaña que exige a los supermercados alemanes que dejen de vender frutos rojos procedentes de España para no contribuir a la sequía y la desecación en Doñana. El presidente del Gobierno se hizo eco de esa noticia para asegurar que “el negacionismo arruina el medio ambiente y corre el riesgo de arruinar las economías locales”, añadiendo un “salvemos Doñana”. Su homólogo andaluz, Juan Manuel Moreno, replicó que “la manipulación se ha ido de las manos” y lamentó que el presidente hable mal de “Andalucía y sus agricultores en Europa”. “Están jugando con el plan de moiles de familias”, alertó el dirigente andaluz. El portavoz del PP-A consideró que "la maldad de Pedro Sánchez contra Andalucía no conoce límites".

Preocupación en la patronal

La patronal Interfresa reclamó ante la campaña de boicot lanzada en Alemania “responsabilidad y conocimiento”. La campaña es “insidiosa y dañiña”, sostienen los empresarios, que señalan que es “falso” que se esté regando con “fuentes ilegales”. Freshuelva (Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva) señala que hay 11.740 hectáreas plantadas de berries, un 0,53% más que en la temporada anterior en la provincia. La reina sigue siendo la fresa (6.295 hectáreas). Los frutos rojos de Huelva constituyen el 98% de la producción de este cultivo en España y el 30% de la UE. Representa el 9,65% del PIB de la provincia de Huelva y da trabajo de manera directa a 100.000 personas y a 160.000 indirectas. Alemania y Reino Unido siguen siendo los principales países de destino de los frutos rojos onubenses.

La Comisión Europea ha alertado en varias ocasiones de que la proposición de ley que tramita el Parlamento andaluz va “en sentido contrario” a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo, que condenó a España en junio de 2021 por no preservar el Parque Nacional y permitir la extracción ilegal de agua del principal acuífero del Parque. Si se aprueba, Bruselas ha advertido de que esa condena permitirá la aplicación de sanciones económicas automáticas a España. El Gobierno de España y los grupos de la oposición piden al unísono al Gobierno andaluz de Moreno que ordene suspender la iniciativa y el PP retire la proposición de ley. Esa vía, insisten fuentes del Gobierno andaluz, está “descartada”.