La sentencia de Púnica en León allana el camino a acusados en Madrid al no ver delito en gasto en reputación 'on line'

La sentencia sobre la trama del

en León, que libra de penas de cárcel al expresidente de la diputación provincial Marcos Martínez Barazón y al resto de implicados, allana el camino a los imputados en las piezas pendientes en las que se buscan condenas por los trabajos reputacionales realizados por el empresario Alejandro de Pedro a determinados ex altos cargos del PP madrileño.

En la trama leonesa, y en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la Sala ha absuelto a los procesados de los delitos continuados de fraude a la administración, falsificación en documento mercantil en concurso con malversación de caudales públicos y cohecho de los que venían siendo acusados por la tramitación de los contratos para los citados trabajos de posicionamiento online. Únicamente se dictan condenas por prevaricación, que no suponen cárcel.

En la sentencia sobre León, la Sala integrada por los magistrados Francisco Vieira, Jesús Eduardo Gutiérrez y María Fernanda García concluye que "no existen datos claros y evidentes de que esas publicaciones tuvieran un carácter privado o personal, sino predominantemente institucional, siendo realmente difícil disociar la persona en sí misma considerada, máxime cuando todas esas noticias estaban relacionadas directa o indirectamente con la actividad pública de tales personas". Añaden que entre lo publicado por De Pedro no encuentran noticias que refirieran a la vida particular o actividades estrictamente personales de los altos cargos.

Se trata de un criterio ya adoptado en su día por la Fiscalía del propio Tribunal Supremo, que no vio delito en la naturaleza de trabajos idénticos por los que fue investigada la que fuera senadora del PP y alcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro. Este procedimiento fue archivado por la magistrada del alto tribunal Ana Ferrer en octubre de 2018.

Para el Tribunal, tampoco ha quedado probado que las facturas giradas a la administración leonesa por la empresa de De Pedro Madiva no se correspondieran con trabajos efectivamente realizados. 

Así, y una vez examinadas las pruebas -muy similares a las recogidas en la causa pendiente en Madrid, ya que se utilizó el mismo modus operandi en diferentes territorios en los que gobernaba el PP-, la Sala destaca el carácter indisociable entre el nombre de la persona y el cargo que representa a la hora de analizar la naturaleza pública o privada de estos trabajos reputacionales. La decisión es de especial trascendencia, pues sobre las características de las publicaciones pivota gran parte de la acusación en toda la macrocausa.

Piezas pendientes

El asunto de los contratos reputacionales sigue pendiente en dos piezas diferentes de la trama Púnica referidas en Madrid. La principal es la numero 9, más conocida como la de la presunta 'caja B' del PP de Madrid, pero también se investigaron contratos de reputación online en la número 10, en la que estuvo implicada la exonsejera de Educación Lucía Figar aunque causa contra ella ha sido inicialmente archivada.

Respecto de la presunta 'caja B', el pasado mes de octubre, el juez instructor Manuel García Castellón propuso juzgar por esta pieza a un total de ocho personas, entre ellas el que fuera gerente de la formación conservadora en Madrid Beltrán Gutiérrez y el ex secretario general del partido Francisco Granados, por la financiación irregular en las elecciones autonómicas de 2011 y los contratos de posicionamiento online.

En la misma resolución archivó el procedimiento contra los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González, que no se sentarán en el banquillo de los acusados, como tampoco lo hará el exconsejero Salvador Victoria, posteriormente exonerado.

Los otros implicados que sí serán procesados son los excargos de la Comunidad de Madrid Borja Sarasola, Francisco Lobo, Isabel Gallego, José Martínez Nicolás, y los empresarios Alejandro de Pedro y Diego Mora, así como las personas jurídicas EICO Reputación Management y Madiva Editorial.

Los hechos relatados en el auto de pase a procedimiento abreviado se tipifican como delitos de prevaricación administrativa, delito electoral y tráfico de influencias, pero también como malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsificación y cohecho, siendo estos últimos los que no han llevado a ninguna condena en el caso de la trama leonesa.

En su resolución titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 rechazaba la petición de las acusaciones populares del PSOE y de la Asociación de Abogados por Europa (Adade) para investigar al PP como persona jurídica en relación con los hechos. Las acusaciones recurrieron y el asunto está aún pendiente de ser resuelto por la Sala de lo Penal.