INVESTIGACIÓN A LA MUJER DE SÁNCHEZ

El juez cita a Begoña Gómez como investigada el 5 de julio y lo justifica en que quiere evitar "estigmatizarla"

El magistrado se muestra muy crítico con el recurso de la Fiscalía y argumenta que no había llamado antes a la esposa de Sánchez para poder escuchar a los testigos de Red.es que comperecerán el 16 de junio

La citación de Begoña Gómez como investigada revoluciona la campaña electoral

Agencia ATLAS / Foto: EP

El juez que investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias ha formalizado su imputación al llamarla a declarar en calidad de investigada el viernes 5 de julio, a las 10:00 horas. En su resolución el magistrado, muy crítico tanto con la fiscalía como con la defensa, justifica la citación en la semana clave de las elecciones europeas en la "procedencia de la continuación de la investigación, realizando un profundo análisis, de los datos, con los que en este momento procesal se cuentan, y que, ya permiten concluir la existencia de elementos que justifican esa aparente inicial sospecha de indicios de la concurrencia de elementos de hechos delictivos por parte de la investigada, Begoña Gómez". El juez se permite incluso dar a entender que intentaba retrasar la citación para "no estigmatizarla".

En el auto al que ha tenido acceso El Periódico, del mismo grupo editorial, el magistrado se muestra muy crítico con el abogado de Begoña Gómez, el exministro del Interior y exfiscal Antonio Camacho y con la decisión de la fiscalía de recurrir la apertura "diligencias previas, contra la persona de Begoña Gómez Fernández, en calidad de investigada, por apreciar inicialmente, la existencia de conductas susceptibles de ser incardinadas en los delitos de corrupción en los negocios en el sector privado, y de tráfico de influencias, con base en las noticias, cuyos recortes se acompañaban en la denuncia inicial, o 'notitia criminis', que se puso en conocimiento del Decanato de estos Juzgados, y cuyo reparto recayó en este Juzgado".

El juez califica de "diligencia inusitada", hecha con "una celeridad, escasamente frecuente, por no decir nunca conocida" que la Fiscalía de Madrid recurriera en apelación directa su decisión de abrir la causa, circunstancia que la propia Audiencia Provincial de Madrid tachó de "inusual". Peinado señala que no la había citado antes, porque, "como se ha hecho en otras ocasiones, y para evitar una estigmatización infundada", quería "esperar, tanto al resultado de otras diligencias acordadas, como las declaraciones testificales, de determinadas personas, cuyo testimonio pudiera resultar esclarecedor respecto de algunos extremos relevantes".

Y a continuación se revuelve contra el abogado Antonio Camacho, al afirmar que, "por causas imputables exclusivamente, a las obligaciones profesionales del letrado de la Investigada, quien ha considerado, que no era adecuado, que ningún otro letrado le sustituyera en esas diligencias de instrucción, a pesar de ser una práctica habitual entre letrados, máxime, cuando no era la declaración de su propia defendida, ha dado lugar a la suspensión de dichas declaraciones y su nuevo señalamiento, para el próximo día 16 del presente mes".

Según él, "todo lo anterior conduce a que una instrucción lo más ágil posible" haga que "resulte aconsejable, ponderando, lo anteriormente expuesto, la citación de la investigada, Begoña Gómez Fernández, para su toma de declaración en tal condición, de investigada, con asistencia letrada".

Al domingo

La resolución se ha conocido el mismo día en que el juez aplazaba hasta el domingo 16 de junio, la declaración como testigos de los responsables de Red.es, la empresa pública que adjudicó contratos al empresario Juan Carlos Barrabés, que fue recomendado desde la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, cuya actividad está también bajo la lupa del juez. Estaban citados este jueves, si bien esta fecha inicial coincide con la celebración del juicio por fraude fiscal del despacho Nummaria, en el que el abogado de Gómez defiende a uno de los acusados.

El auto de la Audiencia de Madrid que rechazó el recurso del ministerio público admitía que la denuncia de Manos Limpias que dio origen al procedimiento contenía "un primer bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos" y que lo relativo a Globalia no pasaba de "simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales", que "quizá hubieran merecido activar controles administrativos previos garantes de los principios de transparencia y buen gobierno".

De esa forma el tribunal limitaba la causa a las ayudas a la UTE formada por Innove Next SLU, del Grupo Barrabés -que dirige Carlos Barrabés, quien "organizó el Máster de Transformación Social Competitiva que dirige la denunciada Begoña Gómez"-, y la Escuela de Negocios The Valley en lo que "sí aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación". En ese punto también ha abierto diligencias la Fiscalía Europea, como recuerda la resolución que ha pedido información al magistrado al respecto.

Sus pesquisas se centran en los contratos con la empresa pública Red.es en los que resultó adjudicataria la UTE de Innova Next -de Berrabés- y la sociedad The Valley para la ejecución de un Servicio de Formación para el empleo en la economía juvenil, por 3 y 2,8 millones respectivamente, IVA incluido, así como un segundo, por un servicio de formación para las personas desempleadas en la economía digital por 4,4 millones IVA incluido.

Además de los responsables de Red.es que tuvieron alguna participación en los contratos en cuestión, el magistrado también ha citado a declarar para el día 16 al economista y abogado Luis Martín Bernardos, que fue presidente del grupo Barrabés y administrador de Innova Next hasta 2022. Los demás testigos son el exCEO de Red.es David Mateo Cierco Jiménez, y su sucesor, Alberto Martínez Lacambra, que dirigió la empresa pública hasta 2023. También están convocados el director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra, y Luis Prieto Cuerdo, director de Economía Digital de la entidad. En el momento en el que recibió las cartas que investiga el juez la empresa pública dependía del Ministerio de Economía, mientras que ahora lo hace del de Transformación Digital y Función Pública. El propio Barrabés está citado para el día 7, pero ha pedido suspender la comparecencia por motivos de salud.

Primer informe de la UCO

Peinado tiene sobre la mesa un primer informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que, tras analizar las informaciones que obraban en la denuncia de Manos Limpias, se descarta la existencia de indicios que permitan sostener la comisión de ambos delitos, aunque los agentes añaden que para realizar su análisis no han contado con toda la documentación sobre los contratos realizados.

Así, la UCO admite no haber tenido acceso al expediente completo en relación con las recomendaciones remitidas desde la cátedra de Gómez para los contratos del empresario Juan Carlos Barrabés con la empresa pública Red.es, entonces dependiente del Ministerio de Economía; ni al contrato del IE África Center -- cuando estuvo presidida por Gómez-- con el hub de innovación turística Wakalua (en ese momento del grupo Globalia), que es otro de los aspectos que se investigan en la causa.

En dos de los expedientes analizados -que son los en los que aparecen referencias a dichas cartas- habrían participado los entonces director general de Red.es David Cierco y el director de Economía Digital Red.es Luis Prieto Cuerdo. La Guardia Civil dice que "no se ha encontrado, al menos de momento, otras vinculaciones entre estos y Begoña Gómez "más allá de su intervención en los expedientes en los que obrarían las cartas de declaración de interés y apoyo" a las empresas de Barrabés.

En cuanto a las relaciones de Gómez con Javier Hidalgo, CEO de Globalia, el único elemento que según la UCO les vincularía es el hecho de que Gómez coincidiera con Hidalgo en al menos dos eventos celebrados los días 20 y 22 de enero de 2020 en los que participaba la hub de innovación turística Wakalua, dada la firma de un contrato suscrito por ambas entidades. No obstante, los investigadores no disponían tampoco de dicho contrato en el momento de hace su informe.