Tres ayuntamientos de diferente signo político, contra la proliferación de los pisos turísticos: Santiago, Cádiz y Barcelona

La problemática de las viviendas de uso turístico (VUT) en muchos ayuntamientos de España, incluido Santiago, ha generado un amplio debate por sus consecuencias sociales y económicas. El auge del turismo ha incrementado la demanda de este tipo de alojamientos en un país que es uno de los principales destinos turísticos del mundo. 

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La proliferación de plataformas digitales, como Airbnb pero no solo, ha facilitado que los propietarios alquilen sus viviendas a turistas de manera rápida y sencilla. A su vez, estos propietarios encuentran más rentable alquilarlas a turistas por días o semanas que a residentes a largo plazo, y la falta de regulación inicial ha permitido un crecimiento descontrolado de este tipo de alquileres. 

Las consecuencias de su proliferación son múltiples. La imagen de largas colas de estudiantes que tratan de encontrar un piso para el próximo curso es una de ellas. A la escasez de oferta se une el aumento del precio del alquiler. En Santiago, el Concello estima en un 33% el alza en el precio de los alquileres desde el año 2008. 

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Otro de los efectos de este tipo de alojamientos temporales es el desplazamiento de la población residente. A la subida de los precios en zonas con alta concentración de viviendas turísticas se suma la pérdida de servicios orientados a la comunidad. Es lo que se conoce como gentrificación, donde los comercios y servicios locales se transforman para atender a los visitantes desplazando a los negocios tradicionales. Además, el deterioro de la convivencia por la presencia constante de turistas en zonas residenciales causando molestias y los comportamientos incívicos acaban llevando a muchos residentes a huir. 

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¿Cómo regulan los ayuntamientos las viviendas de uso turístico?

En los últimos años, la problemática de las VUT se ha agudizado en numerosas ciudades españolas. Equilibrar la tensión existente entre el auge del turismo y la necesidad de mantener la habitabilidad y calidad de vida de los residentes locales ha llevado a consistorios gobernados por partidos nacionalistas, populares y socialistas a establecer límites más o menos radicales para tratar de contener los efectos perversos de los pisos turísticos. 

Compostela: la ordenanza que abrió un cisma en el PSOE

Raxoi ha optado por una ordenanza a propuesta del gobierno bipartito (BNG y CA) que solo permitirá operar a 170 viviendas de uso turístico que cumplen con la normativa actual. Las 646 restantes que esperaban ser ‘amnistiadas’ no podrán seguir operando como alojamientos turísticos, a menos que opten por funcionar durante 60 días al año y siempre que no estén situadas en el casco histórico y algunas áreas adyacentes. 

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La aprobación de dicha ordenanza ha levantado una polvareda entre el grupo socialista y la ejecutiva local del partido, partidaria de abstenerse y dejar caer la iniciativa. El voto a favor de los concelleiros del PSOE presentes en el pleno desencadenó una profunda crisis en el seno del partido en Compostela, con los concelleiros ‘díscolos’ pendientes del expediente disciplinario abierto por su secretario xeral, Aitor Bouza, en manos ahora de la ejecutiva provincial. 

Cádiz: el alcalde del PP prohíbe nuevas licencias en el casco histórico

El último ayuntamiento en tomar medidas ha sido el de Cádiz. Su alcalde, Bruno García, anunciaba este martes que el Ayuntamiento prohibirá nuevos pisos turísticos en el casco histórico. El regidor gaditano, del Partido Popular, se adelanta con esta medida a las restricciones que ya estaban previstas en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) puesta en marcha en 2022 por el anterior equipo de gobierno de Kichi. El actual alcalde ha avanzado también una campaña de control de VUT ilegales, en colaboración con la Junta de Andalucía, sin que de momento se conozcan las sanciones previstas. Por último, abrirá "un canal de denuncias de los ciudadanos" en relación a estas viviendas de uso turístico, recogiendo parte de las demandas de la recientemente creada plataforma Cádiz Resiste. 

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“No somos pocas las personas preocupadas por la expulsión de los vecinos y vecinas de sus casas a costa de una lógica especulativa que hace de la vivienda un bien de mercado antes que un derecho fundamental. Estamos asistiendo a la conversión de nuestra ciudad en un parque de atracciones, en un lugar de paso para turistas”, sostiene Cádiz Resiste en su manifiesto. 

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Barcelona y la propuesta de prohibición total del socialista Collboni

La ciudad de Barcelona enfrenta su propio desafío. En los últimos 10 años el alquiler ha subido alrededor de un 70% y los precios de la vivienda han aumentado una media del 40%. La noticia del suicidio de dos hermanas antes de la ejecución de la orden de desahucio que tenían por impago del alquiler, es la cara más terrible de esta situación.

En Barcelona, la apertura de nuevos pisos turísticos fue congelada en 2014 por el alcalde Xavier Trias de CiU y su sucesora, Ada Colau, mantuvo la suspensión. Además, en 2017 aprobó un plan municipal, el PEUAT, para controlar los alojamientos turísticos que sería anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2019. Durante la paralización del PEUAT, algunos propietarios presentaron solicitudes que el ayuntamiento denegó, pero los jueces han autorizado casi 900 nuevas licencias, de las cuales 625 ya están operativas. Esto ha elevado hasta un total de 10.101 los pisos turísticos operativos en la actualidad, lo que resulta en uno por cada 1.700 habitantes.

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El actual gobierno de Jaume Collboni, del Partido Socialista, ha dado un golpe en la mesa y ha propuesto eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad para noviembre de 2028, dándoles a partir de entonces uso residencial. La iniciativa ha resultado controvertida y ha desencadenado una intensa batalla legal, con el Partido Popular recurriendo el decreto ante el Tribunal Constitucional y la patronal Apartur planeando una apelación a la justicia europea.