Caso Montoro
El juez plantea qué hacer con los mails que acreditan el uso político de Hacienda por parte de Montoro: de Rato y Aguirre a los Pujol
El magistrado da traslado a las partes para que se pronuncien sobre qué hacer con los "correos electrónicos de interés para la causa"

Un juez investiga al exministro Montoro (PP) por favorecer a gasistas a cambio de pagos
El juez de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, aprovecha la resolución en la que imputa al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro junto a una treintena de personas, por el presunto trato de favor dispensado desde su ministerio al despacho que fundó antes de entrar en política, Equipo Económico, para plantear cómo se deben abordar los correos electrónicos con los que se toparon los investigadores y que revelan que el político del PP también pudo utilizar la Agencia Tributaria con fines políticos, tanto para beneficiar a próximos, como para perjudicar a contrarios. Entre los afectados, muchos de los cuales han solicitado su personación en la causa, figuran sus excompañeros de partido Rodrigo Rato y Esperanza Aguirre, así como el expresidente catalán Jordi Pujol y su familia.
A lo largo de las pesquisas abiertas en 2018 en relación con la trama investigada en torno de Equipo Económico (antes Montoro y Asociados y actualmente, Global Afteli), los investigadores se toparon con una serie de mails que excedían el objeto de las diligencias, al no guardar relación con las gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) que contrataron a Equipo Económico para que a través de "su red de influencias" lograra "reformas legislativas en consonancia con sus pretenciones", que pasaban por ver rebajadas sus obligaciones fiscales, lo que lograron en "hasta en dos ocasiones".
Se trataba de mensajes que podrían ser constitutivos de delitos de revelación de secretos al afectar a otros contribuyentes, la mayoría de ellos relacionados con la política o relativos, por ejemplo, a la ayuda judicial que Hacienda debía prestar a la Audiencia Nacional a la hora de investigar el caso Gürtel, en lo que se presumía podía suponer una utilización política por parte de Cristóbal Montoro de información fiscal, de carácter reservado. En esa causa, en concreto, el contenido de los mensajes da la impresión de que se maniobra para intentar impedir que el PP fuera acusado de la comisión de un delito fiscal. Al final Hacienda optó por considerar que el PP, como organización política, no había cometido ningún delito fiscal.
Durante la instrucción de la causa, la fiscal adscrita al caso, Carmen García Cerdá, se mostró partidaria de ahondar en estos correos a través de la apertura de una nueva línea de investigación, pero su jefe, el fiscal al frente de Anticorrupción, Alejandro Luzón, discrepó. Ella planteó un artículo 27 del Estatuto Fiscal, previsto para cuando un superior impone a un representante del ministerio público una orden que no comparte, y él lo llevó a la junta de fiscales de Anticorrupción, donde su criterio fue respaldado por 19 votos frente a cuatro.
Expurgo
Ahora el magistrado Rubén Rus, en su resolución, da traslado al fiscal para que proceda al "expurgo de los correos de interés para la causa", lo que puede suponer su expulsión definitiva del procedimiento que se sigue en Tarragona y su archivo o la remisión de las distintas piezas a otros juzgados para que procedan a determinar si son constitutivos de delito. La ampliación de la investigación con estas piezas, tal y como está redactada la resolución del juez Rus, no parece la opción más probable, aunque gran parte de los afectados han pedido su personación en las actuaciones.
Entre ellos, figura el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, que lo solicitó tras conocer la información publicada por este diario sobre la existencia en el sumario de al menos un correo electrónico en el que el jefe de gabinete de Montoro en Hacienda, Felipe Martínez Rico, informaba el 10 de febrero de 2015 al "ministro" de las contingencias fiscales personales del político, quien días antes había abonado 200.000 euros a la Agencia Tributaria para evitar ser acusado de un delito fiscal. El pago al fisco lo llevó a cabo tras destaparse que había facturado a través de su productora 425.150 euros a los Gobiernos de Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Ecuador.
Por su parte, el ex director del Fondo Monetario Internacional y ministro durante el Gobierno de José María Aznar, Rodrigo Rato, esgrimió los correos que recibió Montoro sobre sus datos fiscales ante el Tribunal Supremo, porque en su opinión acreditan que la causa judicial que se abrió sobre su patrimonio "no tenía un fundamento jurídico, sino político". En los correos adelantados por esta redacción, se aludía a Rato cuatro meses antes de que fuera detenido en 2015. Martínez Rico relataba a Montoro que el que en ese momento era jefe de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, quería hablar con él sobre "la situación fiscal de Rato": "Tienen ahora indicios de que está procediendo a alzamiento de bienes. Traerá información preparada, pero es posible que la situación derive en la necesidad de una entrada y registro”.
Además, el ministro de Hacienda recibía puntualmente "información reservada" de los asuntos de relevancia de la Agencia Tributaria, entre los que, como no podía ser de otra forma, se encontraban los que afectaban a la familia del expresidente catalán Jordi Pujol, de los que su jefe de gabinete le daba cuenta puntual de cualquier novedad, según los correos obrantes en la causa. En el primero, fechado el 11 de septiembre de 2014, Felipe Martínez Rico le hacía una relación de las causas de los Pujol y le advertía de que en "el caso de las ITVs, en el que está vigilancia aduanera como policía judicial", les "acababa de entrar una solicitud de auxilio judicial" que estaban tramitando en ese momento.
Conforme ha adelantado este diario, el ministro de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy también recibía información puntual de la situación fiscal de otras personas, como el futbolista Ronaldo, la baronesa Thyssen o el tenista Rafa Nadal, según los correos electrónicos, respecto a los que el magistrado pregunta ahora a las partes cómo proceder.
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