Anticorrupción pide cuatro años de cárcel para el hermano de Ximo Puig

La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro y tres años de prisión para los empresarios audiovisuales Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, y Juan Enrique Adell Bover, respectivamente, por los presuntos delitos de falsedad en concurso con otro de estafa agravada por el cobro indebido de 110.691,97 euros en el caso de Mas Mut Produccions y 74.710,75 euros por la facturación presuntamente fraudulenta de las empresas Kriol, Canal Maestrat y Nova CB, según el escrito de la fiscal anticorrupción de València, Adoración Cano.

La investigación se inició en 2019 tras una denuncia del Partido Popular por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y contra la hacienda pública. Tras seis años de instrucción la instrucción derivó en un presunto fraude de subvenciones, cuya cantidad mínima (120.000 euros) tampoco se ha alcanzado. Finalmente la Fiscalía Anticorrupción ha presentado escrito de acusación contra ambos empresarios por estafa y falsedad documental en las ayudas recibidas de la Generalitat Valenciana y de Cataluña para fomentar el valenciano, según el escrito de acusación notificado hoy a las partes.

La Fiscalía considera probado que ambos empresarios solicitaron durante los años 2015 a 2019 "a la Generalitat Valenciana ayudas dirigidas a subvencionar la producción y difusión en valenciano de programas de radio, televisión, la producción y difusión de prensa escrita y/o digital en valenciano y a la realización de actividades de fomento del valenciano". A lo largo del mismo período, "ambos acusados solicitaron también a la Generalitat de Catalunya las ayudas económicas denominadas subvenciones estructurales para la prestación de servicios en lengua catalana o aranesa, a través de televisión, radio, prensa o prensa digital".

El escrito de acusación considera que Francis Puig como administrador de Comunicacions dels Ports SA "con la intención de beneficiarse económicamente obteniendo una cantidad superior a la que le hubiera correspondido, simuló gastos empresariales, utilizando facturación ficticia de empresas vinculadas, emitiendo facturas duplicadas y cruzadas, que integró con conceptos genéricos y no constan pagadas a su proveedor".

La Fiscal Anticorrupción considera la mercantil Masmut Produccions "una empresa ficticia" utilizada para solicitar subvenciones, según la tesis de la acusación pública, por lo que su facturación era una "simulación de gastos, con la única finalidad de obtener subvenciones, que, posteriormente, tampoco han sido aplicadas a la finalidad para las que fueron convotadas por las administraciones", según el escrito de acusación.