Sánchez mantiene el respaldo al fiscal general tras su procesamiento y defiende "su inocencia" tras reunirse con el Rey

Pedro Sánchez ha vuelto a respaldar al Fiscal General del Estado tras la confirmación por parte de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo del auto del juez Ángel Hurtado para sentarlo definitivamente en el banquillo. "Nosotros respaldamos la acción del Fiscal General del Estado", replicó tras preguntársele por la idoneidad de forzar la dimisión de Álvaro García Ortiz para preservar el prestigio de la institución. Tras ello, el jefe del Ejecutivo añadió que "creemos en su inocencia" para concluir zanjando que "cuenta con el aval y el respaldo del Gobierno de España".

Durante su comparecencia posterior al tradicional despacho con el Rey en Marivent (Palma de Mallorca), Sánchez también negó que esté pensando en una crisis de Gobierno para realizar una remodelación en el Consejo de Ministros que le permita un reimpulso para encarar la segunda mitad de la legislatura tras el caso Cerdán. "Hay mucho trabajo por delante y mucha legislatura por delante y todos los ministros del Gobierno de coalición progresista cuentan con mi respeto y mi respaldo", aseguró para añadir que "la respuesta es que no va a haber crisis de Gobierno". Una respuesta de manual sobre una prerrogativa que corresponde únicamente al jefe del Ejecutivo y que, en esta ocasión, será obligada en los próximos meses por la salida de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para ser candidata del PSOE en las elecciones andaluzas.

El Gobierno ha reaccionado siempre con una defensa férrea de la presunción de inocencia del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a cada paso que ha ido dando la causa. La noticia sobre el aval a su procesamiento coincidió con la rueda de prensa del Gobierno tras el Consejo de Ministros y, sin tener todavía acceso al auto, fuentes de Moncloa avanzaron que su posición se mantenía invariable. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, exigió su dimisión "inmediata" tras ser procesado.

El tribunal considera que a través de "una actuación coordinada e impulsada personalmente", el fiscal general reveló datos de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la causa abierta en contra del empresario por delitos fiscales y que ha derivado en otra por delitos de corrupción.

Desde la máxima del “respeto” a las decisiones judiciales, las mismas fuentes del Gobierno evitaron hacer otras valoraciones sobre el auto, sin entrar al choque con el Supremo. La misma línea que siguió el presidente del Gobierno. Algo que sí ocurrió cuando se deslizó prevaricación después de que el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado diese por concluida la instrucción y propusiese juzgar al fiscal general por un delito de revelación de secretos. Entonces, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no rehuyó el choque de trenes al asegurar que “algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender”. Además de defender su presunción de inocencia, fue un paso más allá para poner en duda el auto del juez Hurtado porque “no hay ninguna prueba directa que determine que filtrara nada”.

En el Ejecutivo pusieron también en duda que no se tuviesen en cuenta los testimonios de los periodistas que negaron haber recibido una filtración por parte del Fiscal General del Estado para insistir en su “presunción de inocencia”. Asimismo, se llamó la atención sobre la supuesta falta de pruebas para sustentar el auto de procesamiento. “Con las pruebas que hay sobre la mesa, hasta el final", concluían para defender que no pueden forzar su dimisión por "algo no demostrado y sobre lo que no hay ninguna prueba".

Los magistrados Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Torres, con el voto discrepante de Andrés Palomo, han ratificado la decisión del instructor, el juez Ángel Hurtado, aunque afirman que "ciertamente" la afirmación de que actuó "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno" para revelar los mensajes del pacto de conformidad "no ha sido acreditada con suficiencia por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible", aunque no dé la razón a la fiscalía en su recurso, al entender que "el reproche formulado carece de relevancia alguna en la medida en que la continuación del proceso acordada no afecta a ninguna persona vinculada con esa institución".

Sobre este extremo, en el Gobierno negaron ya en su momento “rotunda y categóricamente que hubiese habido instrucciones” por parte de la Presidencia del Gobierno al fiscal general, como se apuntaba en el auto. “Eso no sucedió nunca”, zanjaron en aquel momento para “lamentar que haya hecho ese tipo de afirmaciones sin ninguna prueba”.

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