Tras el auto del Supremo
La asociación a la que perteneció el fiscal general sostiene que su negativa a renunciar "blinda" a la carrera ante acusaciones infundadas
La UPF considera que la causa contra García Ortiz partió "de una presunción de culpabilidad incompatible con el Estado de Derecho"

Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, durante su comparecencia en el Senado. / José Luis Roca
La Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación a la que perteneció el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya se ha pronunciado sobre el auto del Tribunal Supremo que avala su procesamiento por revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En un comunicado declara una vez más su "absoluta convicción en la inocencia" del máximo representante de la carrera fiscal y señala que "su resistencia no solo representa la manifestación de la dignidad de un hombre inocente, sino también, en este caso, la construcción de un blindaje para todos y cada uno de los fiscales de España, cuando sean atacados por el mero hecho de actuar en el ejercicio de su profesión".
Tras felicitarse por el hecho de que la resolución deje fuera del procedimiento a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, al considerar que actuó en el marco de sus responsabilidades como miembro de la carrera fiscal, el secretariado del colectivo hace suyo el voto particular del magistrado Andrés Palomo, partidario de archivar las actuaciones frente a la posición mayoritaria, representada por sus compañeros Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres.
"El voto particular llega a decir que no se puede exigir al fiscal general del Estado, por ser investigado, que pruebe su inocencia. La UPF cree que en esta frase está resumido el que, entendemos, ha sido el desafortunado devenir de este procedimiento desde su comienzo: partir de una presunción de culpabilidad incompatible con el Estado de Derecho", señala la asociación en su nota.
El artículo 145 del Estatuto Fiscal hace obligatoria la suspensión de funciones de los fiscales contra los que se abre juicio oral o se decreta su ingreso en prisión. En el caso del fiscal general se considera que está fuera de la carrera, por lo que no se le puede aplicar el precepto. Por ello, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido al juez Ángel Hurtado que suspenda a García Ortiz cuando abra juicio oral en su contra.
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