"España es el país con más condenas de la ONU por vulnerar derechos de menores migrantes no acompañados"

PREGUNTA: ¿Por qué publicar ahora este libro?

RESPUESTA: En los últimos años hemos visto un aumento significativo del número de menores que migran solos. En España creo especialmente relevante analizar los pronunciamientos del Comité de los Derechos del Niño porque, hasta hace dos años, era el único país condenado por la ONU, hasta en 15 ocasiones, por el trato a los menores en la frontera. Faltaba un análisis completo sobre estas resoluciones y su impacto en España, así como de los problemas persistentes y del seguimiento que se ha hecho a esas condenas.

¿Cómo ha llegado España a este triste récord, qué se hace mal?

El problema central es el procedimiento de determinación de la edad. En la mayoría de los casos, España lo aplica de forma incorrecta y contraria a la legalidad internacional. Cuando un menor llega y existen dudas sobre su edad, especialmente si tiene entre 15 y 17 años, lo primero que se hace es una prueba ósea sin más cuando según los estándares internacionales eso debería ser el último recurso, tras una entrevista y una valoración psicosocial completa. Además, las pruebas que se usan son poco fiables y esto lo han denunciado muchísimos organismos internacionales: son métodos antiguos, diseñados hace 40 años con referencias caucásicas europeas y sin tener en cuenta la diversidad física de niños africanos, que son la mayoría en estos casos. Esto provoca errore, se les considera mayores de edad cuando son menores.

Pero España sigue haciendo esas pruebas.

Es una mala práctica que persiste. La buena noticia es que, gracias a la presión de la ONU, que con esto demuestra que sirve para cambiar cosas, y también del Defensor del Pueblo y otras organizaciones, el Gobierno ha presentado un proyecto de ley que introduce avances importantes: establece que la determinación de edad debe ser un procedimiento psicosocial, teniendo en cuenta primero la documentación del menor y haciendo entrevistas para valorar su madurez. Es uno de los puntos que el Comité de los Derechos del Niño indica claramente en sus condenas: que España ha descartado muchas veces el valor de documentación sin impugnarla y sin verificar efectivamente la identidad y la edad de la persona en cuestión con las autoridades consulares.

¿La ley descarta las pruebas radiológicas?

La ley es un avance, pero tampoco las descarta, ni las limita claramente al último recurso, como exigen los estándares europeos.

Aquí PP y Vox pactaron la realización de pruebas dentales, ¿también deberían ser el último recurso?

Sí, son radiaciones. Con este tema también hay un problema de consentimiento: otro elemento que ha vulnerado España muchas veces al someter al menor a estas pruebas sin informarle y sin pedir su consentimiento. También ha pasado que ha habido menores a los que directamente se les ha catalogado como adultos, vulnerando la obligación del Estado de presunción de minoría de edad, y directamente les han enviado a un centro de internamiento de extranjeros, rodeados de adultos. Hay varios casos de menores que luego se ha demostrado que lo eran porque han conseguido que se les enviara el acta de nacimiento desde su casa, pero ya habían pasado 50 días en un CIE. A algunos de estos, al demostrarse que eran menores, los han sacado del CIE y los han dejado en la calle desamparados, una vulneración gravísima.

¿Cuántos menores habrán sido devueltos a su país sin que nadie se enterara?

Muchos, solo conocemos los casos que han llegado al Comité por algún abogado luchador o una entidad social. Hay una condena por el caso de un chico de 15 años de Guinea, que huyó después de que asesinaran a sus padres delante de él durante una revuelta. Estuvo dos años atravesando África hasta poder cruzar a España en patera, llegó a Almería y la policía lo encerró en un calabozo con adultos durante dos días, mientras el solo decía ‘soy menor, soy menor’ y nadie le creía.

¿Qué más se ha hecho mal?

La falta de tutor: enseguida que haya una presunción de minoría de edad, se tiene que nombrar uno. También se vulnerado el derecho de asilo a menores que querían solicitarlo y no se les ha permitido formalizar la solicitud por ejemplo por no ir acompañados de un representante legal: es un requisito, pero si tú no les nombras a uno, y está claro que ellos no pueden ir a buscarlo, entonces les niegas de facto ejercer un derecho fundamental como es solicitar asilo.

¿Por qué el nuevo Pacto Migratorio de la UE supondrá "graves retrocesos" en el derecho al asilo?

Preocupa que se introduce una primera fase de triaje en la que se decidirá a qué procedimiento te derivan. Y así como en el procedimiento de asilo ordinario el Pacto prevé mejoras e introduce garantías para los menores no acompañados, en el triaje no se mencionan y de ahí los menores pueden ser derivados directamente a una expulsión, al procedimiento fronterizo o al acelerado. El acelerado era algo excepcional para cuando se veía muy claro que la petición era infundada pero ahora el Pacto amplía los supuestos en los que se puede aplicar pese a que todas las organizaciones denuncian que este procedimiento no tiene las garantías mínimas ni para los adultos, imagina para los menores no acompañados.

¿También se generalizan los procedimientos fronterizos?

Sí, es muy preocupante, cuando antes era excepcional, aplicado en casos muy limitados, como en los campos de las islas griegas: se bloquea a los solicitantes de asilo en la frontera, obligándoles a permanecer en campamentos mientras se tramita su petición, lo que puede alargarse años, en condiciones inhumanas. Antes quienes pedían asilo podían ingresar al país y permanecer en centros de acogida mientras se resolvía su caso. En principio los menores no acompañados quedan fuera de esto, pero se añade una excepción: se les puede aplicar si se les considera un peligro para el orden público o la seguridad.

¿Quién y cómo decide eso?

No se especifica qué criterios se van a utilizar, con lo que podría dar lugar a que menores no acompañados queden retenidos de forma discrecional en campos como los de Grecia, o los ‘hotspots’ de Italia, algo intolerable.

El verano que viene entra en vigor este pacto, ¿acabaremos viendo estos campos en España?

Espero que no, me parecería muy grave tener campos de detención de personas que simplemente están ejerciendo un derecho, el de solicitar protección.

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