Igualdad afirma que de los 30 millones de geolocalizaciones al día que hacen las pulseras solo hay 120 incidencias, un 0,0004%

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, ha sido la persona designada por el Ejecutivo para dar las primeras explicaciones detalladas sobre los fallos detectados en las pulseras de control telemático de maltratadores, destapados por la fiscalía y que han puesto en cuestión el sistema pionero de protección a las víctimas y la gestión realizada por el Ministerio de Igualdad. En una larga comparecencia, ha reconocido que el servicio tiene fallos, pero a su juicio de poca "envergadura" y que se "solucionan".

Por ejemplo, ha asegurado que solo se detectan un 0,0004% de incidencias (120 al día) en los 30 millones de geolocalizaciones que los dispositivos realizan al día, al seguir los movimientos de 4.730 víctimas y sus agresores (datos a 31 de agosto). "Ningún servicio que depende de la tecnología es infalible. Lo importante es que se activa una respuesta inmediata para cada dificultad y que no ha habido ningún asesinato de una mujer portadora", ha repetido una y otra vez.

Martínez Perza ha indicado que con el antiguo sistema, gestionado por Telefónica, se actualizaba la geolocalización de víctima y agresor cada dos minutos y ahora, con la plataforma gestionada por desde febrero de 2024 por Vodafone, se realiza cada 15 segundos. "Esto se traduce en muchas alarmas, pero lo hemos solucionado porque hemos ajustado mejor el momento en el que tenemos que comunicarnos con la víctima [...] porque nos importa su intranquilidad y su bienestar", ha argumentado. Precisamente, las falsas alarmas y que las pulseras pitan "muy alto" y de forma recurrente es una de las principales quejas de las usuarias, así como los fallos en la localización del agresor o la falta de cobertura.

Ante ello, la Delegada ha comenzado su exposición pidiendo disculpas "a todas aquellas mujeres supervivientes de la violencia machista que se están sintiendo inquietas por la situación que estamos viviendo". Asimismo, ha reconocido que durante la transición del servicio de Telefónica a Vodafone, de noviembre a diciembre de 2024, se produjo "una dificultad temporal" para obtener la información en "ciertos procedimientos puntuales" en los juicios por quebrantamiento de condena u orden de alejamiento, "no por delitos de violencia de género", ha remachado.

La denuncia fiscal

Son los fallos que destapó la fiscalía en su memoria anual, al señalar que como durante unos meses los juzgados no pudieron corroborar los movimientos de los agresores se produjeron "una gran cantidad" de absoluciones y sobreseimientos provisionales. Tras el revuelo que provocó esta alerta, el ministerio fiscal aclaró que la "mayoría" de los casos se reabrieron y juzgaron una vez se recuperaron los datos. Martínez Perza ha indicado que han pedido a la fiscalía saber en cuántos casos se basa su advertencia, pero no ha tenido respuesta.

En cuanto a los avisos sobre las incidencias en las pulseras que recientemente también ha destapado el CGPJ, la Delegada ha asegurado que el Poder Judicial solo le ha trasladado ocho quejas y Andalucía, que gestiona el 30% de los dispositivos, tres quejas en el último año y medio. Es decir, según su versión, los dispositivos dan fallos puntuales y relacionados con la tecnología pero se "solucionan" y las incidencias que se producen no se corresponden, ni de lejos, "con las afirmaciones inexactas o falsas" que se han difundido después del aviso de la fiscalía y que han generado "alarma" y han puesto "en entredicho un "instrumento esencial" para proteger a las víctimas.

Al mismo tiempo, la delegada del Gobierno ha indicado que la nueva licitación del servicio, prevista para la primavera de 2026, incluirá "mejoras técnicas", como que la Delegación del Gobierno podrá consultar en "tiempo real" la situación, los dispositivos no serán "manipulables", se atenderá a las víctimas en más idiomas y se reforzará el personal. La ministra, Ana Redondo, ya había informado de que la nueva plataforma que gestionará las pulseras pondrá "en todo momento a disposición" del Gobierno y los juzgados los datos sobre los movimientos de los agresores.

Para el PP estas explicaciones no son creíbles, por lo que los populares han vuelto a pedir la dimisión de la ministra "por negligencia, cobardía, mentir" y "ocultar" los fallos.