El PP ahonda en su estrategia de judicializar los choques con el Congreso y el Gobierno pese a los escasos resultados

Alberto Núñez Feijóo no quiere dejar ninguna vía sin explorar en sus intentos por poner al Gobierno contra las cuerdas y el PP ha anunciado este viernes que impulsará desde el Senado un nuevo choque institucional contra el Ejecutivo si no presentan los Presupuestos Generales del Estado. Será la novena ocasión en la que los populares usan la Cámara Alta para elevar sus conflictos con el Ejecutivo y el Congreso al Tribunal Constitucional. No obstante, los populares no han logrado aún ningún rédito político con esta estrategia. Al menos, por el momento.

Un mes es el plazo que los conservadores dan al Ejecutivo para presentar los Presupuestos. Según el texto que registraron hace más de una semana, el Gobierno está incumpliendo la Constitución al no llevar a las Cortes Generales el proyecto de cuentas públicas para 2026 en tiempo y forma. Además, sostienen que esto impide al Senado "ejercer su función presupuestaria". Aquí está la justificación de este conflicto de atribuciones, una figura que el PP ha decidido exprimir en esta legislatura.

Los ocho antecedentes

El 20 de marzo de 2024 fue la primera vez que la portavoz del PP en la Cámara Baja, Alicia García, anunció la presentación de un conflicto institucional con el Congreso por la tramitación de la Ley de Amnistía. Los populares terminaron echándose atrás, pero aquella fue la primera vez en la legislatura y en 45 años de democracia que se activaba esta herramienta para elevar un choque entre las dos Cámaras al Tribunal Constitucional. Desde entonces, el PP no ha dejado de plantear conflictos de atribuciones.

A los pocos meses llegó el segundo. El presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), anunció el veto de una ley que beneficiaba a presos de ETA, pese a que no registraron en plazo el veto a la norma. El Congreso señaló que no se cumplían los requisitos y dio por aprobada la ley. Acto seguido, el PP impulsó en el Senado el conflicto de intereses. Ya en 2025, los populares impulsaron sendos conflictos contra el Congreso y el Gobierno por haber modificado una ley tras ser aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado bajo el argumento de que se cometió un error durante la tramitación parlamentaria. En este caso, ambos recursos fueron admitidos por el Tribunal Constitucional en mayo.

Los cuatro últimos conflictos aprobados -uno contra el Congreso y otro contra el Gobierno en cada ocasión- se han producido después de que la Mesa del Congreso suprimiera enmiendas aprobadas por el Senado sin debatirlas en el pleno bajo el argumento de que estas modificaciones habían sido vetadas previamente por el Ejecutivo al implicar un incremento presupuestario. En el primero de los casos, las enmiendas se eliminaron de la Ley de Desperdicios y el TC ya ha admitido a trámite los recursos. En el segundo, donde se retiró una modificación a la Ley de Navegación Aérea, el Senado arrancó los trámites la pasada semana.

Sin resultados

Por el momento, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre los cuatro recursos que ya han sido admitidos a trámite y el PP ha sacado poco rédito político a esta estrategia de acudir constantemente a la Justicia. A esto se suma que la complejidad técnica de las discrepancias hará dificil explicar cualquier victoria si el TC termina dándoles la razón.

No obstante, los conservadores no dejan de insistir en esta vía. Más allá del anuncio de este viernes, el propio Feijóo avisó a comienzos de mes que activaría otro conflicto, el que ya sería el décimo, para denunciar que la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, mantenga bloqueadas una treintena de leyes impulsadas por el PP desde el Senado.

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