Querella contra el ministro Torres por cometer "falso testimonio" en el Senado

Mientras el secretario de Organización del PP, Miguel Tellado, amagó el miércoles pero no golpeó, el partido de ultraderecha que lidera Santiago Abascal movió su maquinaria para presentar este jueves una querella por "falso testimonio" en el Tribunal Supremo (TS) contra el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, al considerar que "mintió en sede parlamentaria" en sus distintas comparecencias en las diversas comisiones de investigación abiertas en las Cortes y en el Parlamento canario.

Vox considera que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, publicado por este periódico, demuestra que Torres no fue veraz tanto "sobre su relación" con Víctor de Aldama, el exministro José Luis Ábalos y su entonces asesor Koldo García como en todo lo relativo a "la contratación de material sanitario en Canarias" en su etapa como presidente de la Comunidad Autónoma.

Lo mismo piensa la dirección nacional del PP, aunque antes de llevar a Torres ante el Alto Tribunal quieren escuchar al ministro, por cuarta vez, en el Senado: "Ha mentido y deberá repetir", afirmó la portavoz de los conservadores en la Cámara Alta, Alicia García.

Destrabar 2,1 millones

Pese a que el propio Torres explicó tras conocerse el informe de la UCO que no hay nada delictivo en el mismo, lo cierto es que el documento de la Guardia Civil -que ya ha sido trasladado a la Audiencia Nacional-, se detecta que quien fue asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes implicó al expresidente para que destrabase el pago de una factura por 2,1 millones de euros por un lote de mascarillas rechazado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y que el Servicio Canario de Salud (SCS) había comprado a Soluciones de Gestión, una de las empresas de la trama.

Fruto de esa intermediación de Torres, el SCS rehizo la factura para que se abonase a Soluciones de Gestión el importe pactado pese a que el lote de tapabocas no cumplía con lo que se había contratado.

El ministro reconoció su participación en lo que calificó como un "embrollo" y justificó su actuación en que se estaba incumpliendo un contrato firmado y debía resolver la situación y que lo hizo con la persona que se presentaba como el representante del Ministerio de Ábalos. El informe de la UCO reproduce los mensajes entre Koldo y Torres una vez resuelto el problema, evidenciando, según los agentes que lo elaboraron, la influencia que tenía el exasesor con el entonces presidente de Canarias.

"No hay mordidas"

Tras conocerse tanto la querella de Vox como la nueva comparecencia solicitada por el PP en el Senado, el PSOE canario, del que Torres es secretario general, vuelven a defender que el informe de la UCO pone en evidencia que "no hay mordidas, no hay petición de comisiones, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay encuentros en pisos ni en chalets", como en su momento aseguró el empresario Víctor de Aldama.

Sin embargo, los dirigentes socialistas canarios obvian el hecho de la familiaridad del lenguaje usado entre Torres y Koldo, más propio de una charla informal que de una conversación para cerrar un contrato pagado con dinero público, e insisten en que los dirigentes conservadores deben asumir sus errores y pedir disculpas públicas "por la campaña de mentiras y difamaciones que han sostenido durante meses".

Artículo 502.3 del Código Penal

Los socialistas canarios insisten en que Torres no tiene nada que esconder y que acudirá por cuarta vez a la Cámara Alta "con la serenidad y el aval que le otorgan los hechos ya constatados", ya que no existe ni "un solo indicio delictivo en su actuación al frente del Gobierno de Canarias durante la pandemia". Al contrario, para el PSOE, los datos conocidos "confirman que la gestión de la emergencia sanitaria se desarrolló con rigor, transparencia y dentro de la legalidad" pese a que los agentes de la UCO insisten en que existen sospechas de que hubo un amaño para justificar los pagos a la empresa de Koldo y Aldama.

Lo cierto es que Torres tiene una espada de Damocles sobre su cabeza y que es el artículo 502.3 del Código Penal: "El que convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses".

Suscríbete para seguir leyendo