Todo lo que quedó en el cajón de la mesa entre el PSOE y Junts en Suiza tras 19 citas

"Entramos en una etapa inédita". Esta frase la pronunció el líder de Junts, Carles Puigdemont, después de que su partido firmara el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. También definió la apertura de una negociación como una "oportunidad histórica", porque se habilitaba un espacio fuera del Estado -en Suiza- con un mediador internacional, en el que se le volvía a reconocer como actor político. Fue el 9 de noviembre de 2023. Dos años y 19 reuniones después, poco queda de todo aquello. JxCat no solo ha roto la entente conocida como el 'Pacto de Bruselas', sino que los posconvergentes han dado un paso más y han registrado enmiendas a la totalidad a todas las leyes que el Gobierno tiene en cola, un movimiento que busca marcar un antes y un después en la relación.

Pero, más que un acuerdo, el 'Pacto de Bruselas' era una lista de divergencias que costó tres meses redactar. El documento reconocía "desconfianzas mutuas", por lo que se acordaba dotarse de un mediador internacional para "acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación" y establecía los temas que podían ser tratados en aquella negociación. Se incluía el modelo de financiación, el referéndum sobre la independencia, la presencia catalana en organismos internacionales y la ley de amnistía. Varias de estas cuestiones quedan ahora en un cajón, ya que Junts ha decidido no volver a reunirse con el PSOE. Ni en Suiza, ni en Madrid.

El referéndum

El texto firmado hace dos años en un hotel de la capital europea fijaba las diferencias entre posconvergentes y socialistas en la cuestión de la autodeterminación. "Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. El PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral", rezaba el documento. Sin embargo, las dos formaciones se instaban a "alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones".

Así, se explicitaba que en la primera reunión, la que debió de celebrarse en noviembre de 2023, Junts plantearía la celebración de un referéndum de autodeterminación amparado en el artículo 92 de la Constitución, mientras que el PSOE apostaría por "el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut del 2006" y por "el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña". Las posiciones eran claramente contradictorias en este punto y no se conoce ningún avance en este sentido.

Durante el último debate de política general en el Parlament, los posconvergentes intentaron que el PSC aceptara que en ese espacio podía abordarse el referéndum, pero no lograron convencerle.

La financiación

Asimismo, Junts y el PSOE se propusieron abordar un nuevo modelo de financiación para Cataluña, y también en este punto se pactó una divergencia. El partido liderado por Puigdemont defendía un concierto económico similar al que tienen el País Vasco y Navarra. Concretamente, los posconvergentes apostaban por una modificación de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que estableciera "una cláusula de excepción de Cataluña que reconociera la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat" y que facilitara "la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña". En cambio, el PSOE optaba por abrir "un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña".

En este punto sí ha habido avances, pero no en el sentido que esperaba Junts. En realidad, la negociación de este asunto la lidera actualmente ERC, socio del PSOE y también del Govern de Salvador Illa en el Parlament. Los posconvergentes no han conseguido hacerse un hueco en este debate y ahora, una vez rotos los puentes con el PSOE, previsiblemente aprovecharán para ningunear cualquier acuerdo al que puedan alcanzar socialistas y republicanos, como ya hicieron en verano con el pacto de la última reunión bilateral.

La ley de amnistía, para Puigdemont

La aprobación de la ley de amnistía sí se ha cumplido. De hecho, se trata del principal logro de la legislatura que puede exhibir Junts, y también ERC. Sin embargo, para los posconvergentes es una victoria amarga porque no ha permitido que su líder pudiera regresar a Cataluña sin riesgo a ser detenido, y tampoco ha levantado la inhabilitación de su secretario general, Jordi Turull. Ambos dirigentes, igual que otros líderes independentistas como Toni Comín o Oriol Junqueras, siguen a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva sus recursos de amparo y diga si se les debe aplicar la ley. El tribunal de garantías ya avaló la constitucionalidad de la norma en junio, pero queda pendiente que se pronuncie sobre el delito de malversación, ya que el Supremo consideró que entraba dentro de las exclusiones.

Poco ha trascendido de las negociaciones que han mantenido los dos partidos en el país helvético, pero Junts ha exigido en más de una ocasión a los socialistas que aseguren el regreso de Puigdemont. También han reclamado al PSOE que aplique una especie de "amnistía política" a su líder, algo que podría traducirse en una reunión con Sánchez. Hasta el momento tampoco se ha producido dicho encuentro, aunque Illa sí viajó a Bruselas para verse con el expresident.

La presencia catalana en organismos internacionales

También se pactó ampliar la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, y no ha habido avances.

Además, a raíz de la negociación abierta, Junts alcanzó otros acuerdos con el PSOE, muchos de los cuales tampoco han acabado siendo una realidad. Los más conocidos son la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat o la oficialidad del catalán en la Unión Europea, pero también en este apartado está la publicación de las balanzas fiscales y de la ejecución presupuestaria, o las leyes impulsadas por Junts en el Congreso contra la multirreincidencia y las ocupaciones de pisos.

A pesar de la ruptura, Junts dice que espera que el PSOE cumpla algunos de los compromisos atrasados. Sin embargo, no se esperan avances en ninguna de las cuestiones -ni referéndum ni concierto económico- que llevaron a Puigdemont a calificar el acuerdo como histórico dos años atrás.

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