Los fiscales progresistas advierten del "giro constitucionalmente letal" en la sentencia de García Ortiz y exigen reformas

La Unión Progresista de Fiscales, de la que fue portavoz Álvaro García Ortiz y a la que pertenece también la nueva fiscal general cuyo nombramiento ha sido publicado en el BOE este miércoles, Teresa Peramato, ha distribuido un comunicado sin precedentes en el que critica duramente la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. Advierte que los términos de la resolución adoptada por el Alto Tribunal contra García Ortiz constituye un "giro constitucionalmente letal" al desplazar el estándar de garantías que debe regir en un Estado de Derecho y exigen reformas estructurales en materia de justicia.

"En un Estado de Derecho solo puede condenarse cuando existe certeza más allá de toda duda razonable", señala la nota, que se extiende a lo largo de nueve páginas, para añadir que "la sentencia no afirma que esté probado con certeza" que el que fuera fiscal general del Estado --destituido oficialmente este miércoles-- sea el autor del delito de revelación de datos reservados por el que se le condena. "Afirma algo muy distinto, que no existe una explicación alternativa razonable", añade. La asociación se alinea con lo señalado en su voto particular por las magistradas discrepantes con la mayoría del tribunal.

Para los fiscales progresistas, la sentencia "supone un desplazamiento radical del estándar penal", puesto que "ya no se condena porque algo esté probado, se condena porque lo contrario no resulta suficientemente convincente", un giro que consideran "constitucionalmente letal" porque entre “estar probado” y “no existir alternativa convincente media exactamente la presunción de inocencia". Se trata del espacio que protege a cualquier ciudadano de una condena injusta.

Igualmente, critican "la inversión encubierta de la carga de la prueba" cuando se afirma que, al no existir una explicación alternativa razonable, la hipótesis condenatoria es válida. "En realidad está diciendo que si el acusado no logra construir una alternativa plenamente sólida, será condenado", y ello constituye "una inversión encubierta —pero real— de la carga de la prueba".

Reformas

Los fiscales de la Unión Progresista consideran en su comunicado no nace desde el cuestionamiento del Estado de Derecho, sino desde una confianza profunda en su solidez. "España dispone de una Constitución garantista y fuerte, de una judicatura y de una carrera fiscal comprometidas con la legalidad, la lucha contra el crimen y la defensa de los derechos fundamentales", afirman, para añadir que precisamente por eso, "la presunción de inocencia debe preservarse siempre como un pilar innegociable, incluso —y especialmente— en los casos difíciles, mediáticos o institucionalmente sensibles"

Así, este caso demuestra "que ha llegado el momento de abordar sin más dilaciones reformas estructurales imprescindibles, entre ellas garantizar una doble instancia penal real y efectiva conforme a los estándares europeos". Mientras esta doble instancia no exista --como ocurre en el caso del último fiscal general-- apuntan a un deber de refuerzo de los estándares de motivación en procedimientos sin recurso.

También ven necesario clarificar con mayor precisión los límites entre confidencialidad, transparencia y actuación institucional y que se alcance de una vez la reforma de la ley procesal "para que el Ministerio Fiscal asuma la investigación penal mediante la adopción de un sistema procesal penal acusatorio puro".

Unidad de acción artificial

A juicio de los fiscales progresistas, la mayoría del tribunal --cinco magistrados de siete votaron favor de condenar-- "construye la condena mediante la unificación artificial en una sola acción delictiva de dos conductas de naturaleza, autoría y contexto radicalmente distintos", en clara alusión a la filtración del correo de la defensa del empresario Alberto González Amador y la emisión de la nota de prensa dirigida a combatir un bulo que cuestionaba el papel de la Fiscalía en este asunto.

UPF sostiene que la causa contra García Ortiz "no es un caso penal ordinario", sino que se ha juzgado una nota institucional "destinada a frenar una desinformación reconocida como falsa, que ya circulaba amplia y públicamente y afectaba al prestigio de una institución constitucional".

Por ello, defiende actuación de García Ortiz fue un acto realizado "en el marco de la defensa institucional", lo que exigía al Supremo "un plus de cautela, de deliberación reforzada, de motivación extrema y de ejemplaridad garantista" no solo por el acusado, "sino por el mensaje que se proyecta al conjunto de la carrera fiscal, a las instituciones del Estado y a la ciudadanía". Igualmente, critica la decisión de adelantar del Tribunal Supremo de adelantar unas semanas, el pasado 20 de noviembre, el fallo condenatorio "sin motivación escrita", lo que "constituye un error institucional de enorme gravedad".

Señala que adelantar un fallo condenatorio así proyecta "una imagen de decisión ya cerrada antes de culminar plenamente el proceso deliberativo". "Y eso daña, no a la autoridad formal del tribunal --que es indiscutible--, pero sí a la percepción de imparcialidad, serenidad, escucha institucional y respeto pleno a las garantías que debe acompañar", agrega.

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