Pedraz recurre a la Justicia chavista para saber si el dueño de la marca de gafas Hawkers se inventó que Venezuela concluyó que no cometió delitos

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, ha remitido una comisión rogatoria a Venezuela en la que solicita al Gobierno de Nicolás Maduro que certifique si la Justicia bolivariana ya archivó diferentes causas contra el empresario Leopoldo Alejandro Betancourt, que derivaban de los mismos hechos por los que ahora está imputado en la Audiencia Nacional, según la información recabada por este diario de fuentes jurídicas, que explican que el magistrado trata de saber si el dueño de la marca de gafas Hawkers se inventó que Venezuela determinó que no había cometido ningún delito.

Betancourt, uno de los empresarios denominados periodísticamente como "bolichicos", es cofundador de la firma Derwick Associates Corp. También ha participado en relevantes inversiones en el sector energético en su país de origen. Según un informe de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), fue vinculado con "múltiples casos de corrupción en Venezuela y Estados Unidos". Sin embargo, Betancourt sostiene ahora que las causas venezolanas ya fueron archivadas por la justicia bolivariana.

Pedraz investiga en España a Betancourt y a otros ciudadanos venezolanos por delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales procedentes de empresas públicas del Estado venezolano, entre otras Petróleos de Venezuela (PDVSA). Según las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción, los investigados habrían saqueado las cuentas públicas del país sudamericano y mediante empresas interpuestas habrían adquirido inmuebles de gran valor en España.

Detenido en Londres

Tal y como adelantó este diario, Betancourt, que fue detenido en Londres en septiembre pasado durante unas horas por orden del juez Pedraz, siguió la estela del magnate de la comunicación venezolano Raúl Antonio Gorrín y argumentó en su defensa ante la Audiencia Nacional que la Justicia del país gobernado por Nicolás Maduro ya le había exonerado por los mismos hechos. En el caso de Gorrín, su abogado convenció de esta forma a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que acabó archivando la acusación contra este empresario chavista, pues no existía un delito antecedente en Venezuela para poder imputarle por blanqueo en España.

En el procedimiento de Gorrín, Anticorrupción ya denunció "la falta de independencia del sistema judicial en Venezuela", una situación que "ha sido ampliamente documentada y denunciada por organismos internacionales", "tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano", según los escritos en esta causa, ya cerrada.

Tras pedir varios informes a la Policía, el pasado 17 de junio de 2025, el ministerio público interpuso una querella contra Betancourt, así como contra su primo Pedro José de Jesús Benito Trebbau, el empresario venezolano Francisco Convit Guruceaga y otras tres personas, dos de ellas también originarias del país venezolano, según informó el diario El País.

Declaraciones en la Audiencia Nacional

Las fuentes jurídicas consultadas explican a esta redacción que mientras en España ya se ha cerrado una causa, en Estados Unidos algunos de los involucrados ya habrían reconocido los hechos por los que está imputado ahora Betancourt por el juez Santiago Pedraz.

Sin embargo, en la Audiencia Nacional los investigados en la supuesta trama de blanqueo han defendido la legalidad de los fondos que han invertido en España. En este sentido, han sostenido que el dinero bajo sospecha procede de sus herencias familiares y de negocios legales.