El abogado de Ábalos propuso a Armengol, Torres y Marlaska como testigos en el primer juicio del caso Koldo antes de renunciar a su defensa

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, junto con los ministros Ángel Víctor Torres y Fernando Grande-Marlaska, aparece en la lista de testigos que el abogado Carlos Bautista incluye en el escrito de defensa que ha presentado en favor de José Luis Ábalos antes de renunciar a seguir representándole, según el documento al que ha tenido acceso El PERIÓDICO. Está por ver si el nuevo letrado que asuma la representación del exministro en la primera pieza que llegará a juicio del caso Koldo hace suyas estas peticiones o bien renuncia a ellas, por elegir una estrategia de defensa diferente.

A la extensa lista de personajes propuestos por el hasta este miércoles representante legal del exministro socialista en prisión --que ha renunciado a seguir con la defensa por motivos económicos-- se suman la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, el ex secretario de Estado Pedro Saura García (sobre la elaboración de una nota sobre el rescate de Air Europa) y los exjefes de Gabinete en Hacienda e Industria Carlos Moreno ("sobre aplazamiento deuda tributaria Aldama" reza el escrito) y Juan Ignacio Díaz Bidart, respectivamente. Se añaden Carmen Pano, la empresaria de Hidrocarburos que dijo haber llevado en 90.000 euros en efectivo a la sede de Ferraz y otros investigados en el procedimiento sobre el fraude de IVA que instruye el juez Santiago Pedraz.

El letrado, integrante del bufete Chabaneix, empezó a defender al exministro a mediados del pasado mes de octubre, después de que éste rompiera con su anterior abogado José Aníbal Álvarez. Antes de oficializar su renuncia a seguir representando a Ábalos, este mismo miércoles ha presentado en el Supremo tanto su escrito de defensa de cara al juicio que se fijará en los próximos meses por los contratos supuestamente fraudulentos para comprar las mascarillas del Ministerio de Transportes como una pericial que cuestiona la auditoría que realizó el actual ministro, Óscar Puente, sobre dichos contratos.

Influencia de Ábalos

Según el escrito, Grande-Marlaska y también su exsecretario de Estado Rafael Pérez Ruiz, deberían testificar "sobre el proceso de adquisición de mascarillas en el Ministerio del Interior", al haber sido citado como ejemplo de influencia de Ábalos en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que pide para el exministro 24 años de prisión. Sobre Armengol se dice que debería comparecer para aclarar cuál fue el proceso de adquisición de mascarillas en la Comunidad autónoma de las Islas Baleares, mientras que la citación de Torres obedecería a la misma finalidad en el caso de Canarias.

En la lista se incluyen las citaciones del hermano de Koldo García, el hijo de Ábalos y la práctica totalidad de personas implicadas en la parte del procedimiento que se sigue instruyendo en la Audiencia Nacional, como son el empresario Juan Carlos Cueto --la persona detrás de la empresa Soluciones de Gestión, que obtuvo los contratos millonarios para la compra de mascarillas--; el expresidente de Puertos del Estado Francisco Toledo, el exsecretario de este organismo Álvaro Sánchez Manzanares o los exresponsables de ADIF (Isabel Pardo de Vera) y carreteras (Javier Herrero). Otros de los testigos propuestos son los ocupantes el piso de Paseo de la Castellana cuyo alquiler fue ofrecido a Ábalos, o los autores de la auditoría de Puente.

Auditoría de Puente

Con respecto a esta auditoría, ha sido realizada por una abogada experta en Compliance, Lourdes del Amo, y concluye que el trabajo realizado por el equipo de Puente no cumple con los principios fundamentales de auditoría debido a la presencia de "sesgos evidentes". Agrega que las argumentaciones presentadas no están debidamente justificadas y el contenido del informe contiene subjetividades, lo que compromete su objetividad y fiabilidad.

Para esta parte, la auditoría fue encargada en una fecha "coincidente con un escenario político comprometido judicialmente y cuatro años después de las órdenes de compra auditadas", a lo que se suma que ya existía una fiscalización del Tribunal de Cuentas del 27 de noviembre de 2022 que reflejaba un análisis exhaustivo de los expedientes que fueron cuestionados.

El informe añade que no se incluyó en el análisis la documentación necesaria para respaldar los hallazgos y conclusiones del informe ni se documentaron los protocolos específicos con los que se realizó la evaluación, a lo que se suma la ausencia de justificación de las personas interrogadas, cuyos testimonios no fueron contrastados.

En cuanto al escrito de defensa, comienza citando las cuestiones que a juicio de esta defensa deberían exponerse en las cuestiones previas del juicio, relativos a la vulneración de derechos que invalidan la investigación realizada contra Ábalos, como es el cierre de la instrucción sin practicar toda la prueba considerada necesaria por la defensa.

Para esta parte, la adjudicación del contrato de compraventa de mascarillas tanto a Puertos del Estado como a ADIF se realizó conforme a la normativa vigente. Así, se insiste en la capacidad de obrar y la solvencia técnica y financiera suficiente de la empresa Soluciones de Gestión, que adelantó del pago del importe de la mitad del precio total de la compraventa.

Argumenta igualmente que el precio de mercado de las unidades de mascarillas adquiridas conforme a las dos órdenes firmadas por Ábalos lo fue fue por debajo de la media de mercado y que número de unidades de mascarillas adquiridas fue ajustado a las expectativas y dentro del marco de excepcionalidad, existiendo un remanente que representa el 5.56 % de las 8.000.000 de unidades adquiridas o incluso un 3.42 % de la totalidad de las mascarillas adquiridas, es decir, 8.000.000 más 5.000.000.

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