Feijóo abre las setenta declaraciones de testigos en la causa de la dana pendientes en 2026

La actualidad judicial de 2026 también estará marcada por las declaraciones de la causa de la dana que abrirá el próximo viernes Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. Núñez Feijóo declarará como testigo el 9 de enero (por tanto obligado a decir verdad). Su comparecencia se debe a que aseguró haber estado informado "en tiempo real" por Carlos Mazón el 29 de octubre (y desde el día antes, aunque se desdijo en uno de los tres escritos que aportó al juzgado el 24 de diciembre, por correo electrónico). La magistrada de la dana Nuria Ruiz Tobarra quiere averiguar la información que el entonces presidente de la Generalitat Carlos Mazón pudo recibir de Salomé Pradas durante la gestión de la emergencia por las inundaciones que provocaron la muerte a las 230 víctimas mortales de la dana.

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia de Catarroja número 3 accedió el pasado 29 de diciembre (al cumplirse la catorce meses de la tragedia) a la petición de la declaración testifical del líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por medios telemáticos y también le exigió los mensajes que intercambió con Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024. Mensajes que el líder de la oposición remitió al juzgado el 2 de enero.

La magistrada accedió a que Feijóo declare por videoconferencia desde el Congreso de los Diputados (facilitó un correo y un teléfono para realizar la conexión el próximo 9 de enero) porque así se lo permite el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que Feijóo mencionó en su solicitud y que contempla en su apartado 5 la posibilidad de que diputados y senadores declaren desde su despacho oficial. La magistrada respondía al líder del PP que "esta Juez no puede sino acceder a la petición formulada, de que se efectúe la declaración testifical desde su despacho oficial en el Congreso, a través de medios telemáticos, de conformidad con el referido precepto invocado por el testigo, en el que se ampara, vía webex". Otras autoridades como Juanfran Pérez Llorca o Pilar Bernabé, que también podían haberse acogido a este privilegio, no hicieron uso de él y acudieron a declarar en persona al juzgado.

La jueza también resolverá previsiblemente hoy el recurso presentado por el abogado de una víctima de Algemesí, Ximo Esteve, para que acuerde la declaración testifical del líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de forma presencial en Catarroja en lugar de por medios telemáticos. El abogado alegaba en su recurso que permitir a Núñez Feijóo declarar desde su despacho en el Congreso de los Diputados "quiebra el principio de igualdad de armas, que exige igualdad no solo formal, sino real y perceptible". Recordaba que en la causa de la dana "otros testigos han comparecido presencialmente, incluso cargos públicos con habilitación legal similar [como la delegada del Gobierno Pilar Bernabé o el actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca], sin que sin que conste imposibilidad material alguna para el desplazamiento del señor Núñez Feijóo".

"Asimetría simbólica y procesal"

Además, en base a jurisprudencia del Supremo, el letrado recuerda que "permitir una declaración desde un despacho institucional introduce una asimetría simbólica y procesal, especialmente grave en una causa con más de 230 víctimas mortales, generando una percepción objetiva de privilegio incompatible con la exigencia de justicia y respeto debido a las víctimas", asegura sobre la concesión para que declare por videoconferencia, como solicitó el líder del Partido Popular. Una concesión que, según el abogado Ximo Esteve, "al declarar desde un despacho político impide al órgano judicial controlar adecuadamente el entorno físico del testigo, la ausencia de apoyos o interferencias y las condiciones de espontaneidad del acto testifical". Un control que "sólo puede garantizarse plenamente en sede judicial, incluso cuando se excepciona la presencia ante el órgano instructor". En caso de no acceder a que Feijóo viaje hasta Catarroja, el abogado solicitaba de forma subsidiaria, que se acuerde su declaración "en dependencias judiciales del lugar de residencia del testigo y no en sede política o institucional". Una medida que garantizaría "el control íntegro del entorno, la inmediación judicial indirecta reforzada, la igualdad de armas y la pureza del acto testifical".

Instrucción prorrogada hasta abril

A la causa de la dana aún le queda mucho camino judicial por recorrer. La magistrada titular del Tribunal de Instancia de Catarroja número 3 de Catarroja acordó el 17 de septiembre prorrogar seis meses la instrucción de la causa, que comenzaron a contar a desde el 30 de octubre y finalizarán el próximo mes de abril. Aunque eso no significa que la instrucción deba acabar en cuatro meses ya que las prórrogas judiciales se pueden ampliadas de seis en seis meses y no están limitadas. Una instrucción puede extenderse el tiempo que se considere necesario por la autoridad judicial instructora.

Casi 70 testigos pendientes

Y aún queda un largo camino por recorrer. Están pendientes de citación 70 testigos y peritos, cuya comparecencia se ha acordado, aunque muchos aún no tienen fecha de comparecencia agendada. Tambíén suponen un goteo incesante ante el juzgado los familiares de las 230 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre. Hay otros nueve fallecimientos posteriores al 29 de octubre que están en estudio, a petición de las familias, para confirmar que el fallecimiento se debió a las barrancadas o riadas que afectaron a seis comarcas valencianas el 29 de octubre de 2024.

El careo Pradas-Cuenca y el núcleo duro de Carlos Mazón

La agenda judicial de la dana seguirá el 12 de enero con el careo acordado por la jueza de la dana entre la exconsellera Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón. Un careo al que ha accedido Pradas, ya que al estar investigada su participación es voluntaria. No así para Cuenca, que participará como testigo y por tanto está obligado a participar en esta diligencia judicial. La magistrada acordó esta práctica tras "la aportación por la representación de la investigada Salomé Pradas de un acta notarial en la que constan una serie de mensajes de whatsapp que se cruzó con el señor Cuenca" y con Carlos Mazón. Unos mensajes que provocaron una segunda declaración de este último en el juzgado (también deberá volver al Congreso) en la que Cuenca dio "un sentido claramente distinto al contenido de estos, de los que se dice descontextualizados”. Una tercera razón para el careo esgrimida por la jueza de la dana fueron "las manifestaciones públicas de la señora Pradas sobre si debía molestar o no al President [de la Generalitat]" por lo que sumada a las otras dos "exigen la celebración de un careo entre la investigada y el testigo".

También comparecerá el 22 de enero el exasesor de Carlos Mazón, Cayetano García, exsecretario autonómico de Presidencia, ahora en la Conselleria de Hacienda como secretario autonómico de Economía. La jueza de la dana lo ha citado porque la entonces consellera Salomé Pradas recurrió a él en las dos ocasiones en que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón le colgó el teléfono cuando la consellera intentó localizarlo (a las 19.10 y 19.36 horas del 29-O), según aseguró la magistrada de la dana en el auto en el que citó a declarar al núcleo duro del exjefe del Consell.

También están citados, pero siguen sin fecha, el chófer y los escoltas de Carlos Mazón que trabajaron con él el 29 de octubre de 2024. Y el director general de Comunicación de la Generalitat con Carlos Mazón, Francisco González. La jueza de la dana sigue así recabando indicios que afectan al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que al mantener su condición de diputado en las Corts Valencianes no puede ser investigado por el juzgado de Catarroja. Sólo en el caso de recabar indicios lo suficientemente contundentes contra el expresident, la jueza Nuria Ruiz Tobarra podría elevar al TSJCV una exposición razonada para solicitar la imputación de Mazón, en relación con los 230 fallecidos del 29 de octubre de 2024.

Dos días de declaración para Basset

Otro testigo relevante que tiene reservadas dos días de declaración en enero es José Miguel Basset, el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, a quien Salomé Pradas identifica como la voz crítica que consideraba inadecuado el envío del Es Alert que se envió a las 20.11 horas por si provocaba un efecto estampida. Y que también debe aclarar la polémica retirada de los bomberos forestales de la vigilancia del barranco del Poyo, una polémica decisión que nadie asume.

Vicepresidenta y cargos de Emergencias

También están pendientes de fecha para declarar la vicepresidenta y exconsellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, en relación con los 37 fallecidos usuarios de la teleasistencia que murieron el 29 de octubre; el director general de Emergencias, Alberto Martín Moratillas; el director de la Sgise (Sociedad de gestión integral de los servicios de Emergencias), Raúl Quiles; la exdirectora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa Tourís. El jefe de prensa de Salomé Pradas, aún sigue sin fecha adjudicada.

Alcaldesas y alcaldes además de trabajadores de Ilunion y la CHJ

En esta situación se encuentran un total de 25 alcaldes y alcaldesas, y dos ex regidoras, de los principales municipios afectados por la dana del 29 de octubre. Por los juzgados de Catarroja deberán desfilar los y las representantes municipales de municipios como València, Catarroja, Picanya, Paiporta, Cheste, Chiva, Utiel, Requena, Algemesí, l'Alcúdia, Riba-roja. Además de trabajadores de Ilunion, la empresa gestora del teléfono de Emergencias 112, o cargos intermedios de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), entre otros.

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