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Juicio a los Pujol

El asesor fiscal de los Pujol admite que las regularizaciones de la fortuna en Andorra se hicieron "deprisa y corriendo"

El hermano del 'exconseller' Puig admite que no hay contratos que acrediten servicios 'millonarios' con empresas de Pujol Ferrusola

El juicio a los Pujol se reanuda con el testimonio clave del asesor fiscal de la familia y de varios empresarios

El asesor fiscal de los Pujol, Joan Antón Sánchez Carreté.

El asesor fiscal de los Pujol, Joan Antón Sánchez Carreté. / EPC

Madrid

Uno de los testimonios que se esperaban con más expectación en el juicio a la familia Pujol se ha producido este lunes en la Audiencia Nacional. El que fue asesor fiscal de la familia Pujol, Joan Antón Sánchez Carreté, ha señalado que sus servicios fueron requeridos para completar las regulaciones fiscales que el expresidente catalán Jordi Pujol Soley y sus hijos presentaron "deprisa y corriendo" en 2014, año en que se conoció la existencia de la fortuna que ocultaban en Andorra y que el que había sido líder de Convergència confesó y justificó en una carta con la herencia de su padre, el abuelo Florenci.

Las primeras palabras de Sánchez Carreté ante el tribunal que juzga a la familia Pujol fueron para, en cierto modo, desvincularse de los hechos que se juzgan, porque aseguró que eran clientes del despacho, pero no suyos. No obstante, explicó que acudieron a él para preguntarle cómo debían hacer la regularización fiscal del dinero en Andorra; para que coordinara la presentación de las declaraciones complementarias, le dieron sus cuentas en Andorra desde 2010, aunque él entendió que se necesitaban desde 2008.

El 7 de julio de 2014, el mismo día que 'El Mundo' publicó la existencia de esas cuentas, a través de un pantallazo con movimientos bancarios de cuentas de su esposa, la fallecida Marta Ferrusola, y cuatro de sus hijos en la Banca Privada d'Andorra (BPA), el asesor fiscal mantuvo una reunión con los abogados de la familia Pujol, a la que asistieron casi todos sus miembros menos el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, y el expresidente. En ella se diseñó la estrategia para regularizar ante Hacienda los fondos en Andorra. El 'expresident' confesó su existencia el 25 de julio.

Casi un año después, en 2015, según la versión de Sánchez Carreté, le enviaron documentación para que revisara si las complementarias presentadas eran o no correctas, porque se habían hecho "deprisa y corriendo", ya que en agosto de 2014, después de la confesión, la Agencia Tributaria había abierto una inspección. Sánchez Carreté precisó que fue entonces cuando le dieron dos pendrives con datos sobre las cuentas de algunos miembros de la familia Pujol en Andorra.

También le reclamaron una trazabilidad del movimiento que habían seguido los fondos, pero se vio "incapaz de hacerlo", por lo que les aconsejó que acudieran a "un auditor" para que se ocupara de ello. En su despacho, Consultores de Economía y Tributos, en el centro de Barcelona, fueron incautados documentos considerados clave para sustentar la acusación contra los Pujol, entre ellos, los lápices de memoria, que ha dicho que entregó al creer que solo se utilizaría lo referido al matrimonio Pujol-Ferrusola, que era lo señalado por el juez instructor en su resolución.

Desde 1983

El testigo ha recordado que en 1983 empezó a ser asesor fiscal del expresidente Jordi Pujol Soley y de su mujer, Marta Ferrusola, y que, posteriormente, efectuó determinadas gestiones vinculadas a tres empresas del primogénito del mandatario, Jordi Pujol Ferrusola. "Lo hacía el despacho, yo no", ha repetido durante su declaración para desvincularse de determinadas operaciones. Sánchez Carreté ha explicado que ellos recibían documentación contable de las empresas y que únicamente revisaban los ingresos (no su procedencia) y los gastos que eran deducibles.

"En el trabajo de asesor fiscal no se entra en si los ingresos son adecuados o no", sino si "se debían declarar a Hacienda", independientemente de los medios materiales y personales de las empresas. "Nunca hicimos la contabilidad, solo en la fiscalidad", ha insistido. El fiscal Fernando Bermejo le ha recordado que, como testigo, está obligado a decir la verdad.

Jordi Puig Godés declara como testigo en el juicio del caso Pujol.

Jordi Puig Godés declara como testigo en el juicio del caso Pujol. / EPC

Sin mediar contrato

El juicio a la familia Pujol se ha reanudado este lunes con el testimonio del empresario Jordi Puig Godés, hermano del 'exconseller' Felip Puig. El testigo ha reconocido ante el tribunal presidido por José Ricardo de Prada que pagó algo más de 112 millones de euros (673.000 euros) entre 1996 y 1998 a una sociedad de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, sin que mediara contrato alguno por unos servicios de intermediación de inversiones en proyectos en países en vía de desarrollo.

El representante del ministerio público, Fernando Bermejo, que sostiene que estos pagos encubren en realidad comisiones ilícitas, ha ido preguntando a Puig sobre su conexión empresarial con Pujol Ferrusola, con el que llegó a compartir despacho y secretaria en la calle Ganduxer, en Barcelona.

Incluso fue socio del primogénito en varias mercantiles como Iberoamericana Business and Marketing. Según el fiscal, esta empresa fue presuntamente utilizada por Pujol Ferrusola para introducir fondos ocultos procedentes de otros países (como Funchal-Madeira) en España, bajo la apariencia de "préstamos de no residentes" que carecían de reflejo documental real. La acusación sostiene que, a través de otras compañías administradas por Puig Godés (especialmente Ascot Inversions y Ibadesa Cat), Pujol Ferrusola obtuvo cantidades de dinero cuya razón no se ha acreditado.

Costa Rica

También ha declarado como testigo Luis Agramunt, que figura entre los acusados del caso Gürtel. Ante el tribunal ha admitido haber constituido en septiembre de 2010 en Costa Rica la sociedad anónima Blueshield Capital Group, aunque aseguró que ignoraba su actividad, como la de las demás empresas que creó allí. Los investigadores consideran que se hizo "al objeto de ocultar, convertir o transferir los bienes o ganancias de las presuntas actividades delictivas de Jordi Pujol Ferrusola y su entramado familiar".

En la constitución intervinieron los ciudadanos costarricenses Juan Bautista Alfaro y Silvia María Vega Arce, a quienes se nombró presidentes, mientras que Agramunt aparecía como secretario, mediante apoderamiento otorgado en Miami, Florida. El mismo día Agramunt otorgó amplios poderes sobre la empresa a Enrique José Vargas Tabernero, Juan Antonio Piedras y al propio Pujol Ferrusola.

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