García Ortiz se incorporará a la Fiscalía de lo Social del Supremo y cuestionará su condena ante el Constitucional

Álvaro García Ortiz ha solicitado su reingreso en la carrera fiscal mientras se sustancia la ejecución de la condena que le inhabilitó por dos años por vulneración de secretos a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador. La pena está por ejecutar, y el exfiscal general valorar pedir su suspensión mientras pelea en el Tribunal Constitucional para intentar demostrar que sus derechos fundamentales fueron vulnerados proceso penal que se dirigió contra él en el Tribunal Supremo.

Fuentes de su entorno confirman a EL PERIÓDICO que, de momento, ha solicitado su ingreso en la sección de Fiscalía de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, si bien su plan es incorporarse a dicho puesto poco a poco y manteniendo un perfil bajo y discreto, para salir del foco mediático después de todo lo ocurrido. Su incorporación se realiza de conformidad con las previsiones estatutarias, quedando sin efecto su anterior situación de servicios especiales de la que disfrutaba como fiscal general del Estado.

Mientras tanto su defensa, que sigue ejerciendo la Abogacía del Estado, se ha unido a la propia Fiscalía para pedir la nulidad de la condena, un paso necesario para poder acudir formalmente al Constitucional. Esta parte también valora si solicitará la suspensión de la ejecución de la pena mientras el órgano de garantías decide sobre el fondo de su petición.

Decisión pendiente de la Inspección

En todo caso, la Inspección Fiscal aún tiene pendiente tramitar un decreto de carácter disciplinario a raíz de la condena en firme a Álvaro García Ortiz, un trámite que puede determinar, en el peor de los casos, su expulsión de la carrera fiscal, al haber sido condenado en firme por un delito doloso. Se trata de una decisión de calado que corresponderá adoptar a la nueva fiscal general, Teresa Peramato.

Fuentes fiscales ya señalaron a este diario que, pese a la dureza de la condena, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo incluye algunas disposiciones que pueden ayudar a García Ortiz de cara a la decisión que se adopte con respecto a su futuro. Al argumentar la inhabilitación de dos años aplicada únicamente a la condición de fiscal general de García Ortiz, el Alto Tribunal y dijo que esta pena se consideraba "proporcionada, revelándose como excesiva su proyección a otros" cargos que pudiera ocupar.

Es cierto que los magistrados del Supremo añaden que no les corresponde "dilucidar las consecuencias extraprocesales de la condena, que se mueven en otro plano" si bien en el entorno más próximo del condenado consideran que esta limitación de términos de la inhabilitación permite interpretaciones favorables que ahora habrá que valorar.

Por otro lado, en la propia sentencia el Supremo se apunta a una particularidad, consistente es que la condición de fiscal general del Estado con la que García Ortiz compareció en el juicio "le sitúa fuera del marco disciplinario al que estaría sometido como cualquier otro funcionario del Ministerio Público". Es decir, se suspendió temporalmente su dependencia de las normas ordinarias que sí valen para el resto de miembros de la Carrera. La cuestión ahora es resolver como esta circunstancia incide en su regreso administrativo a la carrera y a la aplicación de la normativa disciplinaria interna.

Así, deberá tenerse en cuenta que el artículo 35 del Reglamento de la Fiscalía señala que "la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público determinará la pérdida de la condición de fiscal una vez que la sentencia condenatoria sea firme con el alcance que en la misma se establezca". En cuanto a cómo se aplica esta pérdida de condición, debe firmarla "la persona titular del Ministerio de Justicia a propuesta de la persona titular de la Fiscalía General del Estado", previo informe favorable del Consejo Fiscal, "mediante la instrucción del correspondiente expediente disciplinario".

Suscríbete para seguir leyendo