López Madrid admite haber contactado con Villarejo ante la "zozobra personal" por la avalancha de "llamadas de la doctora Pinto"

El empresario Javier López Madrid ha negado haber "contratado" nunca los servicios del comisario jubilado José Manuel Villarejo, si bien ha admitido haberle contactado ante la "avalancha de llamadas" que estaba recibiendo tanto él --unas 1.500 en total durante 8 meses-- como su mujer, sus hijos y su círculo más cercano de amigos, que atribuye a la doctora doctora Elisa Pinto , y que le venían provocando una situación de "zozobra personal". Durante la primera sesión del juicio por estos hechos en la Audiencia Nacional, ha afirmado que le contó esta situación "dramática" a Villarejo al igual que hizo con otras personas, pero que no le realizó ningún encargo ni supo jamás si en ese momento era policía.

Se juzga Javier López Madrid, al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su socio Rafael Redondo por un delito de cohecho, por el presunto encargo que el primero realizó al policía para que acosara a la doctora María Elisa Pinto debido a un conflicto personal. La Fiscalía no les acusa y es partidaria de absolverlos porque considera que los hechos no son constitutivos de delito, mientras que la abogada de la doctora, Ana Blanco, --personada como acusación popular, y no particular-- solicita para los dos primeros seis años de cárcel y cuatro para el socio.

La acusación popular, en nombre de la presunta víctima, ha incidido durante el interrogatorio en las razones por las que contactó con el expolicía si no era para contratarle como detective privado, pero el empresario ha insistido en que le conoció a través de un amigo común que trabajaba en el mismo edificio en el que Villarejo tenía su despacho y se limitó a contarle su situación, y que él le pidió que le contara el contenido de cada una de estas comunicaciones. La mayoría de ellas eran con voz distorsionada de mujer, y una minoría de hombre, por lo que pensaba que alguien ayudaba a Pinto a realizarlas.

La abogada de Pinto le ha señalado que se produjeron hasta 130 llamadas al expolicía. "Las personas que te escuchan ayudaban a relajar el grado de tensión", ha asegurado, incidiendo en que no hubo encargo alguno en relación con la facultativa. Igualmente, el empresario ha negado haber entregado "ni 10.000 ni un euro" a Villarejo, con independencia de lo que dicen las agendas del excomisario, ya que nunca hablaron de dinero.

En cuanto a su relación con Pinto, el empresario ha señalado que nunca un facultativo médico le ha mandado a él "un tratado sobre la lujuria" como hizo Pinto, a la que ha acusado de "tratar de destruir su vida personal" hasta el punto de que pensó en quitarse la vida para que su mujer y sus hijos pudieran "vivir tranquilos".

Preguntado por lo que dijo durante una visita a la doctora acompañado del propio de Villarejo, sobre que las llamadas que recibía eran con tarjetas prepago porque se lo dijo el expolicía y también y otras personas. En dicha reunión señaló a la doctora porque había presentado denuncias y le iba a ver la policía porque en ese momento era un farol, ya que su único interés es que la mujer cesara en su acoso. Más tarde sí que denunció, en marzo de 2014, en principio citándose ante el comisario Enrique García Castaño, que es la persona que le indicó Villarejo para realizar este trámite, que finalmente se hizo ante la Policía Judicial de Madrid.

No se verá su rostro

Durante la defensa de cuestiones previas, la Fiscalía se ha adherido a la petición de la defensa para que no se pueda ver la cara de la doctora durante su declaración, pero ha rechazado que se evite que el juicio sea ofrecido en streaming. La Sala ha rechazado la segunda de estas peticiones al regir el principio de publicidad y no entender que existan riesgo de que la doctora pueda sufrir ahora un perjuicio por hechos que tuvieron lugar en 2013. Se le permitirá, eso sí, que se siente de espaldas para evitar que su imagen sea transmitida.

El caso llega a juicio tras doce años después de que se produjeran los hechos y tras varios incidentes procesales. De hecho, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió archivar la causa contra los acusados asegurando que la abogada de la doctora Pinto no estaba legitimada para acusar por un delito de cohecho, pero ella recurrió y el tribunal de apelación, que rectificó esa decisión, acordando que el juicio se celebrase.

Segundo juicio

Además, en el mes de febrero el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid celebrará otro juicio por lesiones, coacciones y amenazas a la doctora Pinto para que retirara una denuncia por acoso. En este segundo procedimiento, la Fiscalía pide 13 años y dos meses de prisión para López Madrid en el considerado como el caso principal en el conflicto con Pinto. La Fiscalía no ve delito en la actuación de López Madrid y Villarejo.

Otras cuestiones previas, relativas a aportación a la causa de determinada documentación requerida por la representación legal de la doctora Pinto que obra en este segundo procedimiento, al considerar que la fracturación de la causa perjudica a la víctima, sí fueron admitidas por la Sala. Algunos de estos documentos son las anotaciones este encargo que aparecían en las agendas del comisario jubilado.

La defensa de Pinto defiende que, desde septiembre de 2013, López Madrid contrató a Villarejo, "a sabiendas de que era comisario del Cuerpo Nacional de Policía en activo", para "fines privados". En concreto, "que le ayudase en un asunto personal" con la doctora.

Según expone en el escrito de acusación López Madrid estuvo "varias veces" en las oficinas de CENYT, el grupo empresarial de Villarejo. En diciembre de 2013, el empresario se presentó en la consulta de la doctora junto a Redondo, "que acudía en calidad de abogado", asegura. La letrada que representa a Pinto incide en que dicho encuentro se produjo "con intención de hostigarla".

Hostigamiento desde 2014

"La visita causó miedo en Elisa Pinto, que se sintió amenazada porque en ese momento no existía ninguna denuncia", precisa la abogada en su escrito, para añadir que, a partir de 2014, Villarejo "se dedicó a hostigar" a la doctora "para evitar que denunciase" a López Madrid. En abril de ese año, cuando la mujer decidió denunciar al empresario, el comisario jubilado "accedió a su información privada sin autorización e intentó interferir en la investigación policial", puntualiza.

En particular, la abogada refiere que Villarejo "solicitó la ayuda de funcionarios policiales para emitir certificados que le permitieran retrasar" una rueda de reconocimiento de la que tendría que formar parte. Asimismo, la abogada manifiesta que el empresario "mantuvo una estrecha relación" con el inspector de la Policía instructor de la denuncia de Pinto, Alberto Carba. "Este agente de policía envió varios correos electrónicos a López Madrid, comunicándole el estado de la investigación, y recibiendo instrucciones, llegando a advertirle cuando iba a finalizar el secreto de sumario", detalla el escrito de acusación.

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