La Audiencia Nacional muestra su "preocupación" porque la renuncia de numerosos abogados de oficio perjudique sus actividades

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha manifestado su "preocupación" por la incidencia que pueda tener sobre el funcionamiento de la Justicia la renuncia de numerosos abogados del turno de oficio "debido a las condiciones económicas y materiales en las que los profesionales prestan sus funciones", según especifica el acta de la última reunión, a la que ha tenido acceso esta redacción.

Los magistrados reaccionan de esta forma tras ser alertados por el Colegio de Abogados de Madrid de esta renuncia a la prestación del Turno de Oficio de la Audiencia Nacional, tal y como ha puesto de manifiesto la Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (Altodo), que considera que la situación "es ya insostenible” y que este servicio a los ciudadanos "se presta sobre la base de una abogacía precarizada y, en muchos casos, directamente no pagada".

La presidenta de la asociación, África Calleja, advirtió de la "gravedad" del momento, y resaltó que los letrados habían llegado "al límite. No se puede sostener un servicio público esencial sobre el sacrificio económico y personal de quienes lo prestan. Defender a quien no tiene recursos no puede significar trabajar gratis o por debajo de nuestros propios costes”.

Por eso, el pasado 11 de diciembre este colectivo se dirigió en un escrito "a todos los abogados y abogadas adscritos al turno especial de la Audiencia Nacional" para promover como medida de presión que causaran baja en dicho servicio "hasta que se garantice una retribución digna y acorde con la responsabilidad que asumen", según especificaba un comunicado. En el documento se pedía a los letrados que dijeran "basta ya” y que presentaran su baja en dicho turno "hasta que los poderes públicos garanticen un sistema de asistencia jurídica gratuita dignamente remunerado, con reconocimiento expreso y pago efectivo de todas las actuaciones realizadas".

"Ni un solo céntimo"

Y como ejemplo de este maltrato, el comunicado advertía de que con la situación actual "múltiples actuaciones —como ejecuciones de sentencia, extradiciones u órdenes europeas de detención y entrega— siguen sin retribuirse en absoluto, porque muchos expedientes de justicia gratuita terminan archivados, pese a que el letrado está obligado a continuar con la defensa. Esto supone que en numerosos asuntos la abogacía de oficio no percibe un solo céntimo, a pesar de tratarse de procedimientos complejos y de alta especialización".

En este sentido, este colectivo de letrados relataba que los baremos fijados por el Ministerio de Justicia "siguen siendo claramente insuficientes". Así, la última orden ministerial, de 21 de marzo de 2025, sitúa la guardia de 24 horas de asistencia a los detenidos en la Audiencia Nacional "en 170,25 euros, una cantidad que debe cubrir la disponibilidad completa del profesional y el inicio de actuaciones que se prolongan después durante meses o años. En macrocausas penales, los letrados deben estudiar cientos de tomos, miles de folios, visionar archivos de audio y vídeo y acudir a vistas orales maratonianas, muchas veces sin que ese trabajo adicional tenga una compensación real, ni siquiera suficiente para cubrir gastos", lamentaban.

"Pilar del Estado de Derecho"

El propio Decano del Colegio de Abogados (ICAM), Eugenio Ribón, respaldó las reivindicaciones del turno de oficio, que califica como "pilar del Estado de Derecho. Si queremos que la ciudadanía crea en la justicia gratuita, debemos garantizar que los profesionales que la sostienen puedan vivir de su trabajo en condiciones dignas. Lo que está en juego no es solo la remuneración de la abogacía, sino la calidad de la Justicia y la confianza en las instituciones”, dijo.

En el mismo sentido, el diputado responsable del Turno de Oficio en el ICAM, Juan Manuel Mayllo, puso de manifiesto que este problema debía ser resuelto con "urgencia": "Llevamos años advirtiendo de esta situación y reclamando soluciones. El Turno de Oficio en la Audiencia Nacional exige un nivel de especialización, dedicación y disponibilidad que no tiene reflejo en los baremos actuales. No podemos pedir más a los abogados y, a la vez, pagarles menos o, sencillamente, no pagarles. Es el momento de que el Ministerio de Justicia asuma su responsabilidad y aborde una reforma profunda, con soluciones eficaces, justas y urgentes”, zanjaba.

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