Caso Koldo
Un tribunal equilibrado entre conservadores y progresistas del Supremo juzgará a Ábalos, Koldo y Aldama por el pelotazo de las mascarillas
Koldo acude al CGPJ contra el alto tribunal y le acusa de "lawfare"

Koldo García, acompañado de su abogada antes de declarar en el Tribunal Supremo / EP

El Tribunal Supremo ha comunicado este miércoles la composición de la Sala de siete magistrados que juzgará próximamente al exministro José Luis Ábalos, al que fuera su sucesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama por el "pelotazo" en la compra de mascarillas para varias administraciones públicas durante lo peor de la pandemia.
Se trata de un tribunal equilibrado en la sensibilidad de sus integrantes, compuesto por el propio presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal, el moderado Andrés Martínez Arrieta, al que se suman los conservadores Manuel Marchena, Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar (que fue fiscal general durante el Gobierno de Mariano Rajoy) más los progresistas Andrés Palomo, Javier Hernández y Ana Ferrer. Todos menos Sánchez Melgar y Hernández formaron parte de la Sala de admisión de este procedimiento.
Por otra parte, la defensa de Koldo García ha acudido al presidente de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, el vocal José María Fernández Seijo, para denunciar lo que considera "un paradigma de instrumentalización política de la justicia o lawfare sin precedentes" por parte del Tribunal Supremo. Se refiere a una información periodística que señala que la Sala que va a juzgarle ya ha decidido rechazar las pruebas que proponen las defensas de cara a este juicio, que constituye la pieza principal del caso Koldo.
En su escrito de defensa, en el que pide su libre absolución, la abogada Leticia de la Hoz solicita la comparecencia de 75 testigos entre los que se encuentran Fernando Grande-Marlaska, la presidenta del Congreso, Francina Armengol y al actual president de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa. Por su parte, la anterior defensa de José Luis Ábalos propone a los dos primeros y también al ministro Ángel Víctor Torres.
A juicio de Koldo, de confirmarse la información periodística señalada, publicada por Ok Diario, se podría concluir que el procedimiento "carece de la mínima apariencia de imparcialidad, vaciando de contenido el derecho a la defensa y convirtiendo el plenario en un mero simulacro procesal con fines ajenos a la legalidad ordinaria". Por ello pide que se incoe "expediente gubernativo a efectos de depurar las responsabilidades disciplinarias a que hubiera lugar" y se aclare si, "efectivamente, ya se ha tomado la decisión de rechazar toda la prueba propuesta por esta parte que no coincida con la del fiscal".
Queja al presidente de la Sala
El escrito dirigido al órgano de gobierno de los jueces, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, es idéntico a otro que la defensa de Koldo remitió este martes al presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.

Los vocales del CGPJ / Consejo General del Poder Judicial
A juicio de esta parte, si se ha hecho tras una deliberación entre los componentes de la futura Sala de enjuiciamiento, nos encontramos ante una vulneración del secreto de las deliberaciones y, si no fue así, "al menos uno de los miembros de la Sala está contaminado y debiera apartarse". Añade que, según lo publicado, "tal pareciera que el juicio oral, sobra, que sobramos los abogados y que cualquier esfuerzo que hagamos en defensa de nuestros clientes ya se puede dar por amortizado".
Pruebas pendientes de admisión
En su escrito de defensa, esta parte también solicita que se aporte el acuerdo que Aldama realizó con Fiscalía Anticorrupción. La abogada argumenta que el "cambio de postura procesal" de Aldama --para quien la petición de cárcel ser reduce a 7 años, tras colaborar con el Ministerio Público-- sugiere un acuerdo que afecta directamente a la situación Koldo, "por lo que conocer los términos de dicha conformidad (o las negociaciones para la misma) es esencial para valorar la credibilidad y el móvil espurio del coacusado", subraya el escrito. Su defensa necesita conocer "qué beneficios ha obtenido el señor Aldama a cambio de su declaración para poder proponer contraprueba dirigida a desvirtuar tales afirmaciones interesadas", según incide en su escrito
También se piden varias periciales, entre ellas un informe sobre adecuación y contingencias del sistema de pagos en metálico del PSOE (2017-2024), a cargo de Félix Alberto Vega Borrego y César Martínez Sánchez, profesores de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. También se realizan peticiones de información a otros juzgados como el de Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, a quien se requieren las conversaciones en formato digital que constan en un sumario que instruye sobre una trama de fraude en hidrocarburos entre el empresario osé Luis Caramés y el capitán de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla, actual jefe de seguridad de la Comunidad de Madrid.
Igualmente, se reclama una copia de la totalidad de las grabaciones "pretendidamente obtenidas en el domicilio" de Koldo en Polop de la Marina (Alicante) en febrero de 2024, exigiendo además "que se oficie a la Policía Judicial para que la copia de las grabaciones que se le entregue a esta defensa para su estudio sea una copia clonada directamente de la original, realizada a presencia de esta parte con las garantías pertinentes de un volcado que garantice la cadena de custodia de una evidencia digital". La acusación presentada contra el que fuera asesor ministerial se basa en gran medida en el análisis que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hizo sobre estas grabaciones.

El empresario Víctor de Aldama, a su salida de declarar ante el juez instructor del 'caso Koldo', en la Audiencia Nacional, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press
También como prueba anticipada, y habida cuenta de que Aldama manifiesta haber entregado diversas cantidades de dinero a Koldo a cambio de su influencia sobre el entonces ministro, casi todas ellas en efectivo, su defensa interesa que "a fin de acreditar la capacidad económica de que presume, se realice por la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) un informe patrimonial sobre el acusado Víctor de Aldama, que, por otra parte, es el único de los tres acusados sobre el que no consta dicho informe". Se reclama asimismo diverso material sobre las actividades de todos los investigados que han sido publicadas en prensa.
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