'Declaración de Zaragoza'
¿Qué plantean Feijóo y los barones del PP para el modelo de financiación autonómica?
El líder de los populares, junto a 11 presidentes autonómicos, reclama una "evaluación rigurosa, transparente e independiente" antes de diseñar un nuevo sistema

El presidente de PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón durante el acto de presentación de la 'Declaración de Zaragoza'. / Javier Cebollada / EFE

Cuatro días después de que mostrasen su rechazo al nuevo sistema de financiación que presentó la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), todos los barones del PP, 11 de ellos presidentes autonómicos, y el propio Alberto Núñez Feijóo han firmado la 'Declaración de Zaragoza'. Un documento de seis páginas en el que cargan contra el acuerdo que alcanzó Pedro Sánchez con el líder de ERC, Oriol Junqueras, y que sirvió de base para el nuevo modelo de financiación. Y, aunque sin concretar ni aportar cifras, plantean cuál sería su propuesta:

El presidente de PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón. / Javier Cebollada / EFE
"Los recursos de todos los españoles se reparten entre todos los españoles", se asevera en el primer párrafo de la declaración. A partir de esa afirmación, los populares dedican gran parte del texto a criticar el origen de la propuesta del Gobierno, una negociación bilateral con ERC. "Es una cesión bilateral al separatismo a cambio de favores políticos", señalan antes de recalcar que el Gobierno "no puede preferir sentarse primero con un independentista condenado por malversación que en el lugar donde le corresponde", el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Además, consideran que la propuesta "reintroduce en el sistema la arbitrariedad" y altera de manera "sustantiva" la práctica totalidad de los componentes, como los tributos cedidos, la capacidad tributaria, el cálculo de población ajustada, la estructura de fondos y las reglas de nivelación". Así, el texto recoge que el nuevo modelo "dinamita el sistema de derechos y deberes que consagra la Constitución", priorizando a los territorios por encima de los ciudadanos.
Los conservadores admiten la "urgencia" de renovar el modelo, caducado hace ya más de 11 años, pero reclaman una "evaluación rigurosa, transparente, independiente y con simulaciones comparables sobre el coste real". Así, como ha reclamado el propio Feijóo, exigen que se "reinicie el proceso desde el principio. Ahora bien, en la declaración ponen condiciones como paso previo a un "debate serio". La primera, crear un "Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación que padecen todas las comunidades" hasta que se renueve el sistema.
En segundo lugar, tener una "idea claramente justificada de los recursos disponibles del Estado". Y, por último, revisarse en paralelo el sistema de financiación de las corporaciones locales. Después, proponen realizar una "fijación clara y transparente de las competencias asumidas por el Estado, las Comunidades y los ayuntamientos", con el objetivo de saber qué se ha de financiar y si existen duplicidades que se puedan eliminar. Además, avisan que habría que poner "atención especial" a la financiación de la sanidad.
Una de las grandes disputas a la hora de diseñar un nuevo modelo es qué criterios tener en cuenta y qué peso darles a la hora de calcular la población ajustada. En esta declaración, los populares no entran a concretar estos aspectos, pero sí recogen que para elaborar un "sistema justo" es necesario tener en cuenta "la demografía, el incremento poblacional, la dispersión, el envejecimiento, la orografía, la despoblación, la baja densidad, los desempleados, el coste de la vida, la insularidad, la superficie o los costes fijos de prestación de servicios derivados de obligaciones impuestas por el Gobierno".
"Todas las particularidades deben ser tenidas en cuenta porque no hacerlo ahonda un modelo de privilegios que no vamos a aceptar", subrayan. No obstante, rechazan los "cambios a la carta", como las peticiones de ERC, porque "ningún ciudadano es más singular que otro".
Los populares denuncian que la propuesta del Ejecutivo "maniata" a las comunidades y las "empuja a una subida masiva de impuestos". En este sentido, defienden que "la autonomía fiscal de las comunidades no se toca" y que se opondrán a reponer el impuesto de Sucesiones, a la subida del IRPF o al incremento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. "Los españoles no somos el cajero de Sánchez", señalan en el texto.
Por último, plantean la necesidad de "garantizar la suficiencia financiera" de las comunidades mediante el refuerzo del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales y la reactivación del Fondo de Compensación Interterritorial. Y, en la misma línea, piden avanzar hacia "una verdadera cogobernanza" de los fondos Next Generation y que se realice un seguimiento de los compromisos en materia de inversión.
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