En Les Naus
La exconcejala de Urbanismo de Alicante intercambió con su suegro el piso protegido para ganar altura
Barcala apartó de Patrimonio a la concejala con una vivienda en el residencial dos meses antes de que tuviera que intervenir en trámites

Rocío Gómez, exconcejala de Urbanismo de Alicante. / Alex Domínguez
Al menos en el mercado libre, la altura tiene un precio. Y, salvo excepciones, un quinto siempre es mejor que un primero. Eso debió pensar la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y su marido cuando en noviembre de 2024, a falta de menos de un año para conseguir las llaves de su propiedad en la urbanización Les Naus, la primera de vivienda protegida en dos décadas en la ciudad y ahora en el centro de la polémica por unas adjudicaciones envueltas en presuntas irregularidades, decidieron permutar su piso por otro del residencial de La Condomina, que en esa fecha encaraba el final de su construcción. No era cualquiera. Se trataba de la propiedad de el suegro de la concejala y también vecino de una escalera contigua de la urbanización ubicada entre Historiador Vicente Ramos y las calles Redes y Asunción Valdés.
La permuta se formalizó, según documentación de la que ha sido conocedora este diario, el 27 de noviembre de 2024. Unos nueve meses después, Rocío Gómez, aún siendo concejala, y su marido recibieron las llaves de su vivienda en el residencial, en una quinta planta. En ese piso, la edil todavía no está empadronada, a fecha de este martes, por lo que sigue siendo oficialmente vecina de otra casa ubicada en la zona. Sí que figura como empadronado en su nueva vivienda, un primero, su suegro, tras un trámite formalizado a mediados de enero, según han confirmado fuentes municipales a Información.
Cuando ejecutó la permuta de la vivienda con la de su suegro, la concejala seguía al frente de la Concejalía de Urbanismo, pero ya no era la titular de Patrimonio, una competencia que el alcalde, Luis Barcala, decidió poner en manos de Toni Gallego, ahora también "ex" del gobierno local, en julio de 2024. Entonces, cuando se acometió el primer ajuste en el organigrama de competencias del ejecutivo municipal surgido de las elecciones de 2023, se dijo que se debía a que Patrimonio era un área "afectada directa e indirectamente por multitud de aspectos relacionados con Hacienda", por lo que se alegaron "razones de eficacia administrativa".
La ya ex de Urbanismo participó en una junta de gobierno en la que se cambió al responsable técnico del contrato
Ese cambio de competencias llegó apenas dos meses antes de que el nuevo concejal de Patrimonio, Toni Gallego, tuviera que llevar a la Junta de Gobierno una propuesta para cambiar al responsable del contrato por la jubilación del anterior técnico, tal y como recoge el informe resultante de la averiguación de hechos encargada por Barcala. Esa propuesta, de Patrimonio, fue validada por el ejecutivo en una reunión a la que asistió, según el acta, la edil Rocío Gómez, pese a su vinculación con la urbanización.
Según la denuncia del gobierno de Barcala en Fiscalía, ese cambio técnico no estuvo exento de polémica. Y es que el arquitecto de Urbanismo ahora señalado por tener un piso en la misma urbanización, y del que se dice que "prestó apoyo técnico durante la ejecución del contrato, manteniendo reuniones de trabajo con el personal de Patrimonio e incluso con la cooperativa", llegó a ser propuesto como responsable municipal del contrato en 2024. Sin embargo, su designación no fraguó, sin que se conozcan motivos oficiales.
El cambio de competencias de Rocío Gómez en julio de 2024 también le salvó de tener que proponer la modificación del contrato para incrementar el plazo de ejecución de las obras, que en un primer momento iban a prolongarse durante 18 meses, aunque el tiempo se redujo sobre el papel a los 13, al tratarse de una de las mejoras planteadas por la cooperativa en el concurso para la enajenación de la parcela. Finalmente, el plazo, con el plácet del gobierno de Barcala y a petición de la adjudicataria, se extendió hasta los 22 meses. Ya fuera de Patrimonio, Rocío Gómez tampoco tuvo que firmar la escritura pública de modificación del contrato, en febrero de 2025.
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