El Gobierno recupera el choque con Ayuso tras la debacle electoral para confrontar modelos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha interpretado como un ataque directo a su gobierno el anteproyecto de ley de gestión pública sanitaria aprobado este martes en el Consejo de Ministros. Una norma que ha asociado a la “absoluta obsesión” del Ejecutivo de “acabar” con la sanidad madrileña. “No, señora, queremos cargarnos su chiringuito, su negociete", le replicaba desde la sala de prensa de Moncloa la ministra de Sanidad, Mónica García. El choque entre el Gobierno y las comunidades gobernadas por el PP por la privatización de servicios públicos no es nuevo, pero se ha redoblado en los últimos días. Además de esta reforma que el Gobierno ha presentado haciendo suyo el eslogan de “la sanidad no se vende, se defiende” de la marea blanca, Pedro Sánchez anunció la pasada semana un decreto contra los “chiringuitos” académicos en la FP privada.

La confrontación de modelos y programadas, con actores como Ayuso en la diana política del Gobierno, busca revertir una desmovilización de los votantes socialistas que en Ferraz señalan como una de las principales causas de su negativa tendencia electoral. El Gobierno ha evitado la autocrítica por la debacle electoral en Aragón, que se suma a la de Extremadura el pasado el 21 de diciembre. Lejos de asumir responsabilidades por el desgaste o la gestión del Gobierno, su respuesta pasa por redoblar la apuesta y confrontar modelos.

Frente “al avance de la antipolítica, el Gobierno responde con más política, más protección y más derechos”, apuntaba la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, durante la misma rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en sintonía con la titular de Sanidad. Cuando quedan por delante otras dos elecciones autonómicas hasta el verano, las de Castilla y León el próximo 15 de marzo y las andaluzas, que se prevén en el mes de junio, en Moncloa optan por una contraofensiva para blindar los servicios públicos y a base de anuncios por parte del Ejecutivo. Por el momento, no parecen estar funcionando electoralmente.

Sanidad, educación y vivienda son los principales focos de Moncloa. Este mismo martes, la Estrategia de Desarrollo Sostenible que llevó al Consejo de Ministros el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, incluye entre sus pilares para mejorar el acceso a la vivienda el triple de inversión pública en este área. Con un aporte de 7.000 millones de euros de aquí a 2030, un compromiso ya recogido en el Plan Estatal de la Vivienda. De esta forma, se busca alcanzar el 5% de vivienda en alquiler social en cuatro años.

La confrontación con las comunidades del PP en el que es uno de los principales problemas señalados por los españoles en el CIS se centre en su negativa a aplicar la ley estatal de vivienda para topar los precios. “La intervención funciona”, defendía este martes el ministro de Sumar en referencia a la regulación de los pisos turísticos.

El recurso a la concatenación de anuncios, que Sánchez ha redoblado desde las últimas semanas con medidas de calado como la cruzada legal contra los “tecnoligarcas”, tampoco parece estar dando réditos en las urnas. Con todo, la receta vuelve a ser redoblarlos y este martes se volvía a recuperar también el impulso a la prestación universal por crianza. Una medida cuya financiación, según fuentes del Gobierno, dependerá de que se saquen adelante los Presupuestos.

Tasa a los “ultrarricos”

En caso de no salir adelante las cuentas públicas, en Sumar abogan por subidas fiscales a los “ultrarricos” que permitan financiar estas medidas sociales. La fiscalidad es uno de los asuntos que más dividen a la mayoría de investidura y que se ha traducido en varios varapalos del Congreso a iniciativas del Gobierno, pero desde el socio minoritario de la coalición defienden el apoyo transversal del electorado de todas las formaciones a nuevos impuestos a los ricos como la denominada tasa Zucman.

Este impuesto propone gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros y permitiría a España recaudar hasta 5.200 millones, señalan desde el departamento de Derechos Sociales. Bustinduy se reunió el pasado viernes en París con el economista que da nombre a esta tasa, Gabriel Zucman.

“Con un impuesto del 2% a los patrimonios mayores de 100 millones de euros en España podríamos financiar una prestación universal para erradicar la pobreza infantil. Zucman y su equipo cuentan con nuestro país como aliado y desde luego haremos todo cuanto esté en nuestra mano para hacer avanzar este debate”, señalaba tras su entrevista con el artífice de este impuesto y su equipo. Se calcula que en España hay medio millar de fortunas con patrimonios por encima de los 100 millones.

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