La defensa de los Pujol esgrime notas contradictorias de Villarejo sobre la fortuna en Andorra del expresidente catalán

La 'Operación Cataluña' volverá a ser protagonista en el juicio de la familia del expresidente catalán Jordi Pujol Soley por su fortuna en Andorra el próximo día 24. Será cuando comparezcan ante el tribunal el excomisario José Manuel Villarejo y los otros cuatro policías vinculados con las prácticas, cuando menos cuestionables, de la llamada Policía política que habría actuado durante el Gobierno de Mariano Rajoy, admitidos como testigos por el tribunal.

Para reforzar su estrategia de defensa, la representación de la familia Pujol, además de instar sus testimonios, entregó en la Audiencia Nacional notas internas redactadas por el más conocido de ellos y principal imputado de la causa en la que se investigan las presuntas cloacas policiales, pese a que los documentos se contradicen entre sí.

La documentación procede de la instrucción que se desarrolla en Andorra en relación con las supuestas coacciones denunciadas por los hermanos Cierco, propietarios de la Banca Privada d'Andorra (BPA), para que informaran sobre líderes independentistas, como los Pujol o el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que nunca tuvo cuenta alguna en el país vecino. Es el procedimiento en el que están imputados varios de los policías que declararán como testigos ante el tribunal que juzga a los Pujol en relación con la 'Operación Cataluña'; también lo están el propio expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus ministros de Hacienda e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz.

Entre la documentación aportada por la defensa figuran cuatro notas informativas suscritas por el comisario Villarejo. Ninguna tiene membrete oficial y él mismo en la segunda desmiente la primera, al asegurar que la había hecho "por instrucciones recibidas de la Superioridad" (sic) como "maniobra de distracción para evitar que se detectara a los que en realidad consiguieron datos de Banca Privada d'Andorra (BPA) que vinculaban al clan Pujol" y eran "responsables indirectos de su filtración ilegal al periódico 'El Mundo'".

Se refiere así al pantallazo de las cuentas en Andorra de la esposa del expresidente catalán, la fallecida Marta Ferrusola, y de cuatro de sus hijos, que publicó dicho diario en julio de 2014 y que obligó a la familia a regularizar "deprisa y corriendo" dichas cantidades y a que Jordi Pujol Soley asumiera esa fortuna y la atribuyera al supuesto legado que había dejado su padre, Florenci Pujol, a sus nietos dados los peligros que la actividad política que desarrollaba le podía reportar.

"Continuar con los contactos"

En la primera nota, fijada el 4 de julio de 2014, unos días antes de la publicación del pantallazo de las cuentas, Villarejo afirma que "dadas las graves dificultades que el proceso de identificación de cuentas de los Pujol está propiciando, sería aconsejable continuar con los contactos de los responsables del BPA, a fin de mejorar, la hasta ahora, remisa actitud a la colaboración para aportar concreción del volumen del que son titulares". Sobre ese volumen más adelante añade: "Uno de los responsables [...] mencionó de manera velada que ni siquiera ellos, podrían determinar con total exactitud, cuánto dinero es de titularidad propia, aunque conste a nombre de fiduciarios, así como cuanto lo manejan uno o varios de los hijos de Pujol" o "finalmente proceda de fondos externos que tienen asignada su representatividad".

A continuación señala que "en ningún caso" será "inferior a 500 millones y en caso de referirse a fondos indirectos, de unos 1.500-1.800 millones de euros de los que se desconocería el nivel porcentual que tendrían ellos", afirma Villarejo. Él mismo pone en entredicho estas afirmaciones en sus siguientes notas, en las que dirige sus ataques contra el comisario entonces al frente de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas (MMB), del que dice que pagó 500.000 euros "de los fondos reservados" para tener información de los Pujol de la BPA.

Atribuye al comisario con el que rompió relaciones cuando mencionó a su hijo en un informe del caso Emperador, en el que se investigaba a la presunta mafia china, haberse concertado con los propios Pujol. "No es descartable que MMB y por ende el CNI hubieran colaborado de manera consciente en la maniobra de distracción que el propio Pujol hubiera diseñado, de acuerdo con Reich en otro tiempo su socio, dueño del Andbank, para que la presión judicial-fiscal se dirigiera equivocadamente en dirección a los movimientos de menor peso, razón por lo cual, el propio Pujol se prestara raudo a confirmar lo publicado por 'El Mundo', aunque después tratara de desdecirse, acusando a los responsables de la BPA de un delito de descubrimiento y revelación de secretos bancarios".

Cuartilla

Martín Blas, que también declarará en el juicio, defendió ante la comisión de investigación de la 'Operación Cataluña' del Congreso su actuación en el caso y negó que la anotación que recibió del ex ceo de Banca Privada d'Andorra Joan Pau Miquel se utilizara en procedimiento judicial alguno, razón por la que estas prácticas policiales nunca han tenido consecuencias judiciales. El policía jubilado aseguró que Miquel, que sitúa el encuentro que mantuvieron en 2014, pero no fue denunciado por hermanos Cierco hasta 2016, le entregó una cuartilla amarillenta en la que decía que la familia del expresidente de la Generalitat tenía un millón de pesetas en Andorra.

"¿Ha visto esa información en algún medio?", sostuvo Martín Blas para argumentar ante los diputados que le interrogaban que él no había cometido delito alguno, porque nunca se judicializó la supuesta prueba, que no contaba con membrete, fecha o firma, a diferencia de lo que ocurrió con informes de la UDEF que llegaron a publicarse y que, al tener conocimiento de ellas, dijo haber intentado investigar.

"Investíguenme"

En un juicio donde originalmente se admitió el testimonio de 250 personas y después se sumó el de los presuntos miembros de la policía política, no es extraño que se produzcan errores y más cuando la declaración obedece a hechos ocurridos hace 20 o 25 años. Todo eso contribuye a que algunos no puedan ser localizados, hayan fallecido o, cuando se les encuentra, se comprueba que su estado de salud no permite tomarles declaración. Esta semana, tanto fiscalía y Abogacía del Estado como defensas renunciaron a un testigo solo con ver el aspecto que presentaba sentado en una silla de ruedas, tapado con una manta y un gorro de lana hasta los ojos.

Además, desde que comenzó la vista ha habido dos personas citadas sin relación ninguna con los hechos y que, aunque trataban de decírselo a los funcionarios encargados de prepararles para la videoconferencia, a través de la que iban a declarar, no conseguían hacerse escuchar. La última ha sido "una maestra, de la escuela pública", que llegó a dirigirse al tribunal para pedirle que lo comprobara. "Investíguenme", les espetó, lo que provocó una sonrisa del presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, que le aseguró que no era necesario.

En su caso el motivo del error había sido la similitud entre su nombre y el de la testigo propuesta por el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo, lo que llevó a que fuera citada por error. Aunque ella aseguraba que no guardaba ninguna relación con el caso, sus palabras no fueron atendidas hasta que quedó constancia de la equivocación delante del tribunal.

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