La juez deja en libertad con cargos al exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía y embarga sus cuentas: se investigan cinco delitos

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza número 10, ha acordado este miércoles la puesta en libertad provisional de las cinco personas que fueron detenidas este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con las presuntas irregularidades detectadas en una operación urbanística, la venta de la parcela del Higuerón por parte de Emvisesa a la mujer del exjefe de gabinete del delegado del Gobierno. Entre los detenidos se encontraban Rafael Pineda, ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía y exconcejal socialista; su esposa, Olga Pérez; y un empleado de la empresa municipal de la vivienda de Sevilla.

Según ha informado la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como medidas cautelares civiles, de cara a asegurar las posibles responsabilidades civiles a las que tuvieran que hacer frente en un futuro, la jueza ha acordado la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la prohibición de disponer de los bienes inmuebles y bienes muebles tanto de los cinco investigados como de las sociedades de las que son administradores, así como el bloqueo y embargo de los saldos de las cuentas bancarias tanto de las personas físicas investigadas como de las personas jurídicas.

Además, se ha explicado que inicialmente los detenidos están siendo investigados por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares. Durante sus respectivas comparecencias en sede judicial, los cinco detenidos se han acogido a su derecho constitucional a no declarar.

Los cinco detenidos por la trama urbanística de Emvisesa, relacionada con la venta de una parcela en Higuerón Norte, en Pino Montano, habían pasado este miércoles a disposición judicial. El último informe conocido de la UCO sobre este caso exponía que Olga Pérez compró los terrenos que tenía arrendados en Pino Montano por 1,7 millones de euros y los vendió cinco meses después por 3,9 millones de euros. Es decir, ganó 2,2 millones de euros en tan solo unos meses con una parcela que había salido a venta en anteriores ocasiones y siempre había quedado desierta.

Pérez arrendó la parcela en 2017 por un periodo de 40 años y una renta anual de 108.000 euros (sin IVA). En un primer momento la parcela se subarrendó a dos empresas, Petronieve y Megafood, que montaron en este espacio una estación de servicio y los locales de comida rápida, respectivamente. Esto hizo que saliera varias veces a la venta y la compra quedara desierta. El terreno perdió valor y por eso se tasó en menos de dos millones en última instancia siendo su valor mayor. La compradora vendió los terrenos por 2,2 millones de euros más a los pocos meses.

La UCO apuntó en su anterior informe que la empresa de Pérez repartió los beneficios de la operación entre ella y su marido, sus dos anteriores socios y otras personas. Los agentes del Instituto Armado señalan que entre estas últimas se le envió un pago de 78.000 euros desde la empresa matriz a una empresa del jefe de Sección de Terciarios de Emvisesa. El trabajador fue despedido por el Ayuntamiento de Sevilla.

El juzgado del caso Rafa Pineda amplía su investigación

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha comparecido esta mañana para actualizar cómo se encuentra el caso. Según ha explicado, se están analizando actas de consejos de administración durante los gobiernos de PSOE y PP, aunque el gobierno de José Luis Sanz defiende su gestión en la operación de venta de la parcela y responsabiliza exclusivamente a la etapa socialista cuando se acordó el arrendamiento.

De la Rosa ha defendido en una atención a los medios de comunicación que se le ha transmitido a la jueza del caso que "Emvisesa es la principal perjudicada" y desde la empresa municipal de vivienda se quiere "esclarecer" lo sucedido porque "es bochornoso" que haya cinco detenidos. De momento, según ha actualizado el concejal popular, "cuando la UCO entra en Emvisesa lo primero que se llevan son las actas de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021", y más recientemente la providencia ha pedido las actas del 2023 y 2024. "Se las hemos dado, somos los primeros interesados en aclarar esto", ha continuado De la Rosa. Es decir, actas de los gobiernos del PSOE y del PP.

La empresa municipal de vivienda, además, ha entrado en un pulso con la defensa de Rafael Pineda, que ha pedido su expulsión de la causa como parte perjudicada. Inicialmente el Juzgado ha admitido la petición del ex gerente de Lipasam aunque se han presentado alegaciones que aún tienen que ser dirimidas.

Además, el concejal popular ha lamentado que la recuperación de la parcela está bloqueada porque Burger King no colabora con el Ayuntamiento. Ha asegurado que no se pudo dar con los responsables de la empresa por diferentes vías hasta que esta ha transmitido que se declara "ajena" el caso Rafael Pineda.

Fuente: El Correo de Andalucía