La policía sospecha que la víctima grabó la agresión del DAO tras otras agresiones previas que no pudo probar

Según la querella por violación que instruye el juzgado 8 de violencia sobre la mujer de Madrid, una agente de policía veterana, en pleno proceso de ascenso a inspectora, conocedora de numerosos casos de agresiones, sabedora de la forma de proceder de los agresores... acabó "accediendo finalmente a subir al inmueble" con un hombre que, presuntamente, venía acosándola antes. Es uno de los aspectos menos explicables del relato que contiene la denuncia criminal que conmociona a todo el ministerio del Interior, la interpuesta por esa misma agente de policía contra el ya dimitido director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, José Ángel González.

Pero en el seno de la Policía Nacional, aun sin investigación en marcha, cunde una explicación según se van conociendo los detalles del caso: la supuesta víctima del DAO, en pleno proceso de agresión, quiso recabar elementos de prueba. De ahí la existencia de una grabación de audio a la que se alude en la querella.

Coinciden en sostenerlo distintas fuentes policiales de acreditada solvencia, una de ellas veterana en los trabajos de las UFAM (Unidades de Atención a la Familia y Mujer, que investigan de casos de violencia de género). Los compañeros de la supuesta víctima sospechan que ella lo hizo así porque ya había sufrido situaciones parecidas en otras ocasiones y, de hecho, denunció al menos dos en el pasado. Fue en vano.

Sin investigación policial

A lo largo de la instrucción de este caso, podrían aflorar esos detalles de comisión contra la denunciante de otros delitos de agresión sexual y acoso, sopesan las fuentes mencionadas, sin que haya sido posible obtener la versión de la agente.

En declaraciones a Antena 3, el DAO González ha asegurado que renunció a su puesto en cuanto supo de la denuncia contra él, para "no perjudicar el buen nombre" del Cuerpo y defenderse "en condiciones".

No hay una investigación policial en marcha -que podría recaer en la misma comisaría de Coslada en la que trabajaba la denunciante en abril de 2025, fecha de los hechos- por la simple razón de que la Policía Nacional no ha sido notificada oficialmente aún de lo supuestamente sucedido en la vivienda del DAO en Madrid.

Tampoco nadie en la Policía Nacional ha escuchado grabación alguna que recoja el sonido de la agresión, o las llamadas de presión que relata la querella.

Estando el asunto en el juzgado y habiendo diligencias judiciales ya abiertas, no procede tampoco poner en marcha una investigación del departamento de Asuntos Internos, confirman fuentes policiales, que, además, no tendría recorrido pues el denunciado pasa a la situación de jubilado en las próximas horas.

Pero, aun a falta de esas investigaciones, los policías no dejan de reconstruir hechos. Manejan que es parte del detonante del caso que la agente agredida acudió a la Justicia en al menos otras dos ocasiones a lo largo de relaciones distintas. Una de ellas no fue admitida a trámite, y la otra, formulada en 2017 contra un dirigente de un sindicato policial que fue su pareja, fue archivada por falta de “indicios de criminalidad” que fueran “suficientes para continuar con la causa”, resolvió un juez de la Comunidad de Madrid.

La agresión que ha trascendido tampoco fue la primera situación violenta en la relación que mantenía con el DAO, según estas mismas fuentes, y en ese sentido se apuntan detalles en la querella. El relato llevado al juez incluye una “situación de subordinación institucional" que "fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, quien en múltiples ocasiones manifestó su voluntad inequívoca de finalizar la relación”.

Los tiempos de Valladolid

En la periferia madrileña trabajaba la mujer policía, concretamente en la comisaría de Coslada, cuando sufrió la agresión que, ahora sí, integra una pesquisa judicial. El comisario principal José Ángel González no era ni mucho menos un desconocido para ella. Ya habían mantenido una relación anterior al coincidir en años antes en sendos destinos en Valladolid.

Era el año 2014. Aún faltaban cuatro años para que el comisario González -”Jota” para sus amigos en la Policía- llegara al máximo rango operativo del cuerpo. Valladolid fue el escenario en el que el futuro DAO se ganó el favor del entonces portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León y hoy ministro, Óscar López, como uno de sus valedores cuando el PSOE llegó al Gobierno y el nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, buscaba nombres para renovar la cúpula de la Policía, conmocionada tras los casos de los comisarios Villarejo y Eugenio Pino, y la “policía patriótica”.

El comisario González y la mujer policía abandonaron una primera relación un año después. Posteriormente, ella fue pareja del mencionado dirigente sindical, en una turbulenta relación que acabó con un recorrido frustrado en otro juzgado madrileño.

Círculo infernal

En las UFAM de la Policía tienen acreditado que un importante porcentaje de casos de agresión sexual se perpetran en entornos cerrados, con la única presencia del agresor y la víctima. Igualmente, un importante porcentaje de denuncias por esos casos no prosperan judicialmente porque el asunto queda en la palabra de una persona contra la otra, sin más elementos de prueba. Es el principal problema, el más frecuente, en la investigación de estos casos.

Por esa misma razón, el actual protocolo de actuación de los especialistas de UFAM, sin abandonar la presunción de inocencia, concede un plus de credibilidad a la denuncia de las mujeres.

Pero cuando la agredida es una mujer policía, se pone a rodar un círculo vicioso, que puede llegar a ser infernal. Y esa experiencia explica otra de las claves del caso: por qué la agente de policía presuntamente agredida no acudió a la Policía, sino al juez. En estos casos, si hay una relación anterior entre agresor y víctima, se tramita en el marco de violencia de género. Suele corresponder la investigación a la comisaría en la que trabaja la denunciante. El protocolo le concede el derecho a protección de su identidad… pero a la vez son sus propios compañeros de trabajo los que se enteran del caso.

Incógnitas sin aclarar

El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, ha sostenido este jueves en apariciones públicas que tanto él como la supuesta víctima decidieron callar lo sucedido hasta que la denuncia fuera admitida a trámite, y el ministro del Interior ha puesto su continuidad en el Gobierno en manos de la denunciante y de su letrado, al lanzar un órdago este miércoles en el Congreso: dimitirá si la víctima asegura que él la ha desprotegido.

Según avance el caso, estiman otras fuentes policiales, quizá se lleguen a aclarar dos incógnitas que se desprenden del relato de los hechos presentado al juez.

Por un lado, el miércoles 23 de abril de 2025, un día laborable en Madrid, la agente acude, llamada por el DAO, a un restaurante de la ciudad, en el que se encontraba el comisario González con Óscar San Juan, su segundo, apartado del servicio cautelarmente este miércoles. El trayecto lo hace en un Renault Kadjar camuflado de la Policía, pero no ha trascendido que se inscribiera permiso para el uso de ese vehículo -no abundan precisamente en la Policía-, ni que se registrara el trayecto o geolocalización del coche ese día.

La denunciante estaba en prácticas en abril de 2025, esperando su confirmación para ascenso a inspectora. "En la Policía el DAO es un dios", dice una compañera suya tratando de comprender que accediera a verle. Ella abandonó su puesto de trabajo -”se encontraba en servicio activo”, dice la querella- sin que conste, de momento, que pidiera permiso a su superior inmediato para ausentarse, ni informara a este de dónde iba.

El jefe que mandaba la comisaría de Coslada hace un año es otro candidato a pasar por el juzgado a declarar si finalmente avanza la causa, a partir del 17 de marzo, cuando la agente confirme la denuncia y el denunciado, José Ángel González, presente su versión de los hechos.

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