La Generalitat Valenciana advierte a la jueza de irregularidades en la adjudicación de nueve viviendas protegidas de Les Naus de Alicante

La Conselleria de Vivienda ha remitido a la jueza que investiga el escándalo del residencial Les Naus de Alicante los expedientes de nueve de las 140 adjudicaciones del complejo por irregularidades, al detectar que en seis de ellas se incumplen los requisitos que la normativa marca para acceder a este tipo de vivienda protegida y que en las otras tres directamente sus propietarios no han respondido al requerimiento de documentación realizado por la conselleria tras destapar Información el escándalo del residencial de La Condomina.

Los incumplimientos estarían relacionados mayoritariamente con los ingresos y/o el patrimonio inmobiliario de los adjudicatarios, que superarían el tope que marcaba la Generalitat para poder acceder a estos pisos.

Las indagaciones sobre si los componentes de unidades familiares estarían o no realmente separados, treta de la que supuestamente se habrían valido en algunos casos para burlar el límite de ingresos e incluso de patrimonio inmobiliario, es algo que tendrá que indagar el juzgado, de así considerarlo necesario el Ministerio Público y la instructora.

Expedientes incompletos

Una de las tres adjudicaciones que adolecen de toda la documentación al no haberse atendido el requerimiento de Vivienda es la de Elsa Lloret, la arquitecta municipal del Ayuntamiento de Alicante cuyo marido, técnico de la conselleria, ha sido suspendido de empleo y sueldo por validar irregularmente su visado para el residencial de vivienda protegida. Otra corresponde a la tesorera del Consistorio de Sant Joan, Sira Pérez, que volvió a su puesto municipal el pasado año tras unos seis años desempeñando funciones en la Administración autonómica.

Ambas habían trasladado su voluntad de "devolver" sus viviendas junto a otros tres adjudicatarios, entre los que está la pareja que compró dos pisos contiguos (un piso cada uno) y que ha comunicado también su intención de renunciar a ellos por "amor" ya que han vuelto a tener un proyecto de vida en común, según alegaron ante la Administración.

Alquileres imposibles

Entre la información que el departamento que dirige la consellera y vicepresidenta Susana Camarero ha enviado a la magistrada Amparo Rubio se encuentra también la relativa a las viviendas donde la inspección realizada por la Policía Local detectó personas residiendo en régimen de alquiler.

Estas casas solo se pueden arrendar si, acogiéndose a alguno de los supuestos que marca la ley, se ha solicitado y concedido la autorización para ello. Ninguna de las 140 viviendas del residencial cuentan con ese permiso, que ni ha llegado a pedirse, cuando la inspección señala la existencia de al menos tres casas alquiladas, aunque podrían ser más.

En dos de las detectadas están empadronadas personas distintas a sus propietarios. En ambos casos, los residentes son de procedencia eslava. Además, el peinado policial apunta también a una vivienda en la que vive otra persona diferente a la dueña del inmueble que dijo ser "amiga" de la familia de titular.

Cruce de datos

En el informe que la jueza ya ha remitido a los fiscales anticorrupción Pablo Romero y Fran Marco y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial se incluyen todos los datos (apellidos coincidentes, edades de los adjudicatarios, viviendas en las que repite el patrón de mujer sola con hijos...) que la conselleria ha considerado que son relevantes para determinar cuántas de las adjudicaciones no cumplirían los requisitos.

Suscríbete para seguir leyendo