PP y Vox descartan cerrar un acuerdo en Extremadura antes de Semana Santa tras una reunión en Mérida al más alto nivel

PP y Vox se reunieron este miércoles en Mérida para darle un impulso al acuerdo programático de más de 70 puntos que previsiblemente dará lugar a un nuevo Gobierno para Extremadura.

Génova confirmó el encuentro tras hacerlo Bambú, donde acreditan la existencia del mismo. En la cita estuvo presente el secretario general del PP, Miguel Tellado, que se ausentó esta mañana del Pleno del Congreso (algo que ya hizo levantar las sospechas) así como la presidenta en funciones de la Junta, María Guardiola, y su número dos, Abel Bautista. Este último fue quien a primera hora de la tarde rebajó las expectativas y descartó tajantemente que hubiese un principio de acuerdo. Y lo mismo dijo, en declaraciones a los medios a la salida del encuentro, el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, flanqueado por el secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo, y por el portavoz adjunto, Carlos Hernández Quero. "No hay acuerdo ni nunca lo ha habido", afirmó, si bien no evitó mostrar su satisfacción por la evolución de las negociaciones. "Percibimos una predisposición, por parte de la señora Guardiola", remarcó.

La entrevista buscaba desatascar un acuerdo programático que, según el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está "muy avanzado".

La reunión se produjo en medio de filtraciones sobre supuestas cesiones de consejerías a los de Abascal que niegan ambos partidos. Tanto Bautista, del PP, como Fernández, de Vox, dejaron claro que no se había hablado de eso en el encuentro con pesos pesados de las direcciones nacionales de ambos partidos.

Uno de los aspectos de choque, formal pero relevante, es sobre la solicitud o exigencia del PP de que el acuerdo incorpore un cierto compromiso de durabilidad durante toda la legislatura. Preguntado al respecto, Fernández señaló que "si hay un acuerdo tiene que haber un acuerdo presupuestario", pero matizó: "Hasta dónde lleguen esos acuerdos, de los diferentes presupuestos de la legislatura, pues ya lo veremos", concluyó.

El pacto programático está pendiente de que se acuerden los plazos de cumplimiento y las asignaciones presupuestarias para cada una de las medidas acordadas. En dicho acuerdo, podrían tener cabida los 23 puntos exigidos por Vox, que reclama cuestiones como la "protección frente a las políticas derivadas del Pacto Verde europeo" y la "oposición al acuerdo comercial con Mercosur".

Otras de las cuestiones que los de Abascal han puesto encima de la mesa es establecer una "prioridad nacional para españoles en ayudas sociales, vivienda o empleo", emprender una "auditoría del gasto vinculado a inmigración" y abordar la "derogación o reforma" de la Ley Lgtbi.

Vox también plantea la "eliminación de subvenciones a sindicatos, patronales y entidades privadas sin utilidad pública acreditada" o "que promuevan inmigración ilegal o agendas ideológicas", la "eliminación del registro de objetores de conciencia en sanidad para el aborto" o la "reducción del número de diputados en la Asamblea de Extremadura". Mención aparte merece todo lo relativo a la central nuclear de Almaraz, en la provincia de Cáceres, cuya prórroga de su actividad defiende Vox como condición sine qua non si bien el PP está en sintonía con la misma idea.

Una de las claves del acuerdo es ver cómo se aterrizan estas cuestiones, que podrían ser contrarias a la ley o, incluso, extralimitar las competencias que tiene asignadas la Junta de Extremadura.

Otra incógnita es ver cómo se va a articular el marco de pactos impuesto por Génova, que, entre otras cosas, reclama a Vox que garantice la "estabilidad" de la región comprometiéndose a aprobar los Presupuestos de toda una legislatura.

Aunque la cuestión que más interés mediático ha suscitado es cómo entrarán los de Abascal en el Ejecutivo. En Bambú ya tienen decidido que entrarán en el Gobierno de Extremadura –igual que en los gobiernos de Aragón y Castilla y León– y Génova no pone impedimentos, siempre y cuando el reparto de consejerías sea "proporcional". La presidenta en funciones, María Guardiola, tampoco pone reparos, al menos en público.

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