El gobierno de Barcala oculta que los técnicos que alertaron del escándalo de Les Naus de Alicante se ofrecieron a colaborar con la comisión de investigación

Los dos técnicos que alertaron de las dudosas adjudicaciones de las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante se brindaron hace casi medio mes al gobierno local que dirige Luis Barcala a aclarar las dudas que pudiera haber sobre este escándalo. En este tiempo, los dos empleados públicos no solo no han obtenido respuesta alguna a su ofrecimiento sino que, además, se le ha ocultado a la oposición, que este lunes, en la primera sesión de la comisión municipal creada para aportar luz sobre esta lamentable gestión, únicamente informó de que cinco de los seis funcionarios públicos convocados habían declinado asistir a este órgano sin hacer mención alguna al escrito presentado el pasado día 2 por la jefa de Patrimonio, Paloma Romero, y por el técnico de su departamento Pablo Torregrosa donde manifestaban los extremos antes citados.

Al comienzo de la sesión, la secretaria del organismo se limitó a manifestar que "Paloma Romero y Pablo Torregrosa presentaron un escrito firmado y lo trajeron, de que no asistirán". Sin más. Un documento que, según se informó en la reunión de este martes, "se registra el día 7 de abril", cuando los firmantes aseguran que se redactó el 1 de abril y se rubricó al día siguiente.

Ausencias

La ausencia de los funcionarios que alertaron al gobierno de Barcala del escándalo de Les Naus sorprendió a la oposición municipal, que consultó al vicealcalde y presidente del foro, Manuel Villar, desde cuándo era conocedor de la ausencia de cinco de las seis personas citadas. "Desde el principio", reconoció él para indignación de los grupos progresistas.

Lo que no señalaron Villar, su compañero Antonio Peral (edil de Urbanismo), ni la secretaria de la comisión fue que el escrito de Romero y Torregrosa no se limitaba a rechazar la invitación. Ambos funcionarios se ponían también a disposición de la Corporación municipal y se ofrecían a aclarar por escrito las dudas de los grupos políticos, una propuesta que no se mencionó en ningún momento de la reunión, en la que tampoco se dio traslado al resto de formaciones de una copia del escrito pese a su evidente malestar tanto por las ausencias como por no haber sido informados previamente de ellas.

La comunicación suscrita por la jefa de Patrimonio y uno de sus técnicos, dirigido "a la comisión", precisa que ambos tienen "el ánimo de colaborar con la Corporación municipal en este asunto", aunque entienden que "toda la información que pudiera resultar relevante para los miembros ya ha sido puesta a disposición de la Corporación mediante sucesivos escritos, en la forma exigida por la legislación". A su vez, se añade que "una de las firmantes no podrá asistir el día señalado como consecuencia de una intervención quirúrgica programada de un familiar conviviente".

Aun así, los funcionarios hacen constar que "si la comisión estimara necesario aclarar algún extremo", los dos técnicos municipales "quedan a su disposición para la elaboración del correspondiente informe", que tendría que ser solicitado por la Presidencia de la comisión, que ostenta Manuel Villar.

Preguntas por resolver

La ocultación por parte del ejecutivo de Barcala del ofrecimiento hecho por escrito y con suficiente antelación por los dos de los dos funcionarios ha dejado sin respuesta más de un centenar de preguntas del resto de grupos políticos. Entre ellas, las relativas a los cambios en el informe de Patrimonio sobre el escándalo de las viviendas protegidas, en el que suprimió la responsabilidad del Ayuntamiento y las acusaciones directas a la entonces concejala de Urbanismo del PP y a funcionarios, que sí se incluyó en un primer documento sobre los posibles conflictos de intereses.

Los grupos de izquierda habían anunciado su intención de preguntar a la jefa del departamento sobre los motivos por los que suprimió numerosos detalles del escrito con el que dio la voz de alarma en el Ayuntamiento, además de requerirle a Paloma Romero que desvelase quién dio la orden de modificar dicho documento. Interrogantes que el presidente de la comisión no ha trasladado a la citada funcionaria, pese a su ofrecimiento.

Por qué hubo cambios en el informe de Patrimonio y quién los pudo ordenar, entre las incógnitas por resolver

Además de los dos técnicos mencionados, tampoco compareció ante la comisión Francisco Nieto, arquitecto municipal que ha resultado adjudicatario de uno de los inmuebles protegidos sin que haya trascendido si, en su caso, presentó algún escrito. El funcionario, que prestó asesoramiento técnico durante la tramitación del contrato, llegó a ser propuesto como responsable del mismo. El trámite para su nombramiento fue frenado por la entonces concejala de Urbanismo, la también vecina de Les Naus Rocío Gómez, quien terminó dimitiendo después de que INFORMACIÓN publicase que era una de las agraciadas con un piso en la polémica urbanización.

Expediente, a medias

Al margen de la ausencia técnica, que impidió resolver múltiples interrogantes sobre el caso de Les Naus, los grupos también pusieron el foco en la falta de documentación, solicitada al ejecutivo local en la primera sesión de la comisión, que tuvo lugar el pasado 23 de marzo. Aunque Villar se comprometió a tener listos todos los archivos en solo dos días, el expediente continúa incompleto tres semanas después.

La oposición afeó al gobierno local la falta de documentación clave para investigar las polémicas adjudicaciones

Entre los escritos solicitados por la oposición y no facilitados por los de Barcala, se encuentra el correo electrónico en el que la jefa de Patrimonio envió su primer informe (luego modificado) al secretario para que se lo trasladase al alcalde; el expediente completo de Contratación (cuya ausencia ha sido reconocida por Villar y ha terminado incorporándose a la documentación disponible); la escritura de constitución de la cooperativa; las memorias técnicas que acompañaban a los pliegos de enajenación de la parcela; o las ofertas de todos los licitadores, junto a otros documentos.

Al respecto, Villar ha defendido que "lo que no está aportado es que no existe". Una explicación que no ha convencido a la oposición municipal, por lo que la portavoz socialista, Ana Barceló, le ha reclamado una respuesta por escrito en la que el ejecutivo local indique, archivo por archivo, qué expedientes considera que no pueden ser aportados a la comisión. Respecto a otros archivos, como el informe elaborado por la Policía Local tras inspeccionar la urbanización puerta por puerta, el vicealcalde se ha escudado en la protección de datos para no facilitar los detalles, a lo que se ha opuesto el edil de EU-Podemos, Manolo Copé, recordando que, de acuerdo con la ley autonómica, los concejales de la oposición poseen los mismos derechos que los de gobierno a la hora de acceder a documentos oficiales del Ayuntamiento.

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