Inmigración ilegal, "prioridad nacional" o rebajas fiscales: PP y Vox firman en Extremadura un pacto que puede avanzar el de Aragón

PP y Vox rubricaron por fin ayer su acuerdo para investir a María Guardiola como presidenta de Extremadura y repartirse un Gobierno en el que la ultraderecha tendrá dos asientos y un buen número de políticas propia en el plan de trabajo. Aragón y Extremadura no son lo mismo, como se afanan en explicar políticos de ambas comunidades, pero seguro el acuerdo alcanzado para mantener en la presidencia a Guardiola sirve para intuir por dónde puede ir el acuerdo que tiene el mismo fin, pero con el aragonés Jorge Azcón. Inmigración ilegal, "la prioridad nacional" en muchas políticas y la rebaja de impuestos son algunos de los puntales de un pacto en el que Vox ha conseguido impregnar su sello.

Vox se queda con una consejería de Desregularización, Familia y Servicios Sociales, que tendrá rango de vicepresidencia, y otra cartera de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. El reparto de responsabilidades, según fuentes de Génova, no tiene que ser el mismo en Aragón. Jorge Azcón tiene autonomía para decidir quién y qué partido asume cada una de las tareas, siempre que llegue a acuerdo con Vox.

"No más menores extranjeros no acompañados", afirma el documento, que reclama "el rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central" de forma "expresa" y "se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad". Extremadura no participará en "reformas normativas ni acuerdos presupuestarios" para que los menores extranjeros lleguen o se queden en la comunidad.

La autonomía adaptará el nuevo Reglamento Europeo de Retornos, al "instar" al Gobierno de España a que aplique esta normativa. La Junta de Extremadura "trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen", en virtud de que "los menores deben estar con sus padres". No se crearán plazas y se reducirá al mínimo legal el gasto en estas políticas, a aplicar "desde el primer día de Gobierno".

En materia de inmigración, la Junta verificará las edades de los inmigrantes ilegales, una petición que Vox ha repetido por activa y por pasiva en el último año y medio de legislatura. Extremadura impulsará una auditoría anual de "todos los gastos vinculados a la inmigración masiva" y suprimirá las ayudas a "ONGs que favorezcan la inmigración ilegal". La ultraderecha solicitó ambas cosas al PP desde la oposición en Aragón. Otros dos acuerdos firmados son "la prohibición del uso del burka y el nikab en espacios públicos" y "la supresión de la aplicación del programa para la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí".

Prioridad nacional y rebaja de impuestos

Bonificar el impuesto de Sucesiones y Donaciones, reducir el IRPF autonómico, reducción "general" de los tributos de la comunidad y el de Actos Jurídicos Documentados también forman parte del acuerdo. El PP exigió a Vox aprobar el Presupuesto de 2025 y 2026 para llevar a cabo estas acciones, pero no se concretó.

La "joya" del acuerdo es "la prioridad nacional" en reparto de subvenciones y en el acceso a la vivienda. "Se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional", afirma el pacto entre las dos derechas, que exigirá "arraigo real y prolongado" y valoración "positiva" para "los perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda". También habrá "impulso del alquiler estable y asequible mediante incentivos fiscales". En Aragón, el PP en su plan Aragón Más Vivienda ha apostado por la construcción de vivienda pública y también ha centrado sus líneas de intervención en la gente joven.

En ayudas públicas, Extremadura reducirá al 50% las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales, una medida solicitada por Vox en Aragón que el PP de Azcón no quiso ni plantearse y que no pasó en ninguno de los presupuestos por la cabeza de los populares. El acuerdo también pide acreditar "la utilidad efectiva" de las ayudas públicas y reducir al mínimo legal las subvenciones a la cooperación internacional al desarollo. El único Presupuesto firmado por las dos derechas en Aragón, el de 2024, ya ejerció un importante recorte en esta materia.