El Gobierno refuta la versión de ‘Julito’ Martínez contra Zapatero: “No tenía sentido intermediar en el rescate”

‘Julito’ Martínez, el conocido como supuesto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, se presentó este martes ante el juez del caso Plus Ultra como un simple ‘correveidile’, ratificando que el expresidente habría intermediado en el rescate de la aerolínea. En Moncloa mantienen su confianza en la inocencia de Zapatero y refutan lo que consideran una “estrategia de defensa”. “Hay dos versiones sobre la mesa y si tenemos que elegir a quien creer, pues a Zapatero”, apuntan para argumentar que “no tiene sentido intermediar para lo que no hace falta”.

Si el empresario y amigo del expresidente confesó ante el juez José Luis Calama implicando a Zapatero, al asegurar que pactó cobrar un 1 por ciento del rescate de 53 millones de euros que obtuvo la compañía a cambio de la mediación o "acompañamiento" del expresidente, en el Gobierno enmarcan el préstamo a Plus Ultra en un procedimiento “técnico” y para el que “cumplía los requisitos”. Por eso restan validez a esta versión, que apuntala el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). En el entorno de Zapatero coinciden en que ‘Julito’ lo estaría utilizando para su estrategia de defensa.

“Al Gobierno no se le presionó ni intervino políticamente en el préstamo”, insisten las mismas fuentes. Aunque los propios directivos de Plus Ultra han coincidido en sus escritos al juez de la Audiencia Nacional con la versión de ‘Julito’ Martínez, desde el Gobierno echan mano de la normativa y procedimiento que dio lugar al expediente, así como de su convalidación posterior por diferentes instancias, incluidas las judiciales.

“La adjudicación de los préstamos se basa en un marco reglado, donde no cabe la discrecionalidad, ni la arbitrariedad y ni la discriminación”, defienden al tiempo que se refieren a media docena de informes técnicos favorables. Según trataba de subrayar este martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, el expediente fue tramitado y avalado por los servicios técnicos de SEPI, contó con el asesoramiento de sendos asesores financiero y jurídico externos y fue revisado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, por la Fiscalía, acusaciones populares, y también por un perito judicial.

La Comisión Europea también lo analizó y el Tribunal de Cuentas lo fiscalizó, además del seguimiento realizado por la Comisión Europea. Por otra parte, se alega que el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) avaló el régimen de ayudas. “No hay ningún resquicio ni ninguna grieta”, señalan en el Ejecutivo.

Pese a las complicaciones en la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, en el Gobierno se atan al expresidente y asumen el coste de que pueda acabar condenado. En lo que sí tienen cuidado es en apartar esta causa de cualquier duda de ‘lawfare’ o acoso judicial con finalidad política, como sí consideran en los casos de Begoña Gómez y David Sánchez. Se mueven así en una posición intermedia entre estos procedimientos y los que afectan al exministro José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización Santos Cerdán, o la conocida como ‘fontanera’ Leire Díez, de quienes se desligan y contra quienes ya actuaron orgánicamente en su momento.

“Hasta que se demuestre lo contrario”

Desde el argumento de que la causa todavía está en un estadio “incipiente”, consideran que no existen elementos probatorios contra Zapatero ni que les hagan dudar de su palabra. “Es Zapatero y creemos en su inocencia hasta que se demuestre lo contrario”, señalan en el Ejecutivo en línea con el total apoyo que desde el principio le brindó Pedro Sánchez, tanto en público como en privado manteniendo el contacto. Una interlocución que se extienden a otros ministros socialistas y a la cúpula de Ferraz.

Los socios de coalición, Sumar, han subido la presión para remarcar la gravedad de este caso y la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, urgía explicaciones al expresidente este martes desde la sala de prensa de Moncloa. En la parte socialista no esconden cierta ansiedad por la incomunicación del expresidente, pero lo justifican por la necesidad de marcar los tiempos en su estrategia de defensa.

Lo que les ha trasladado el expresidente socialista a miembros del Ejecutivo y del PSOE es que “está recopilando información y pretende acudir al juez cuando recabe los papeles para dar explicaciones”. Tanto en lo referente al rescate como a las joyas tasadas en 1,3 millones de euros encontradas en su despacho, sobre las que se evita entrar en si personalmente les habría trasladado explicaciones convincentes.

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