El PP acompasa su discurso migratorio a Vox pero intenta mantener un perfil institucional en la acogida de menores

En septiembre se cumplirá un año de un giro ideológico copernicano en la formación tradicional de la derecha española, el Partido Popular (PP). El curso político que terminó este pasado julio se inició con una nueva propuesta migratoria de Alberto Núñez Feijóo, que se plasmó definitivamente en un documento presentado por el líder de la oposición en Barcelona, y que situó al PP, en pocas palabras, como un partido duro en materia migratoria. La formación cuyos dos presidentes del Gobierno, José María Aznar, entre los años noventa y el inicio del siglo, y Mariano Rajoy, la pasada década, habían impulsado sendos procesos de regularización de inmigrantes con bastantes similitudes, al menos en su filosofía, con el llevado a cabo este mismo año por el Gobierno de Pedro Sánchez, no solo se opone ahora radicalmente a esa política, sino que defiende cuestiones que hasta la fecha parecían reservadas exclusivamente a Vox.

En el documento de marras presentado en Catalunya (un gesto político nada baladí, teniendo en cuenta por ejemplo el camino que se le augura fulgurante a una formación como Aliança Catalana) se pusieron negro sobre blanco varios cruces de Rubicón que desde entonces comprometen la posición de Feijóo, y que sin duda han acompasado su discurso al de Vox, con el que ahora el PP ha reeditado coaliciones de gobierno en hasta cuatro comunidades autónomas. Por ejemplo, la defensa de un visado por puntos para los inmigrantes, a imagen y semejanza del que ya existe en países como Australia, Canadá o el Reino Unido; también el endurecimiento de los requisitos para obtener la nacionalidad española, incluida la elevación del nivel de castellano exigido; o la severa limitación de la figura del arraigo, por considerarlo un "coladero" a la llegada de inmigración irregular. Pero también el recorte en prestaciones sociales básicas, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) -sugiriendo que existe un alto grado de fraude entre la población migrante que lo percibe- e incluso la expulsión de inmigrantes que delincan o que reincidan en delitos leves.

Junto a todo ello, otro de los apartados de ese texto que ahora recobra plena actualidad: reforzar las pruebas de edad para menores inmigrantes, llegando Feijóo a proponer una futura reforma del Código Penal que tipifique como delito el que un menor que entre de manera ilegal en España no diga la verdad sobre su verdadera edad.

Con estos mimbres se ha articulado la política del PP en varios ejes, el primero de ellos la consabida "prioridad nacional" que la extrema derecha ha logrado introducir en todos los pactos de coalición, suscritos de momento en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Aunque los populares aducen que, más allá del sintagma, y tal y como están redactados esos acuerdos, lo único que se establece es que exista prioridad en la prestación de servicios públicos para quien acredite un empadronamiento más antiguo en determinada localidad, con independencia de su nacionalidad u origen.

Y con esa base doctrinal, claro, se afronta este verano la crisis de Ceuta, una de las de mayor envergadura que ha vivido España recientemente, al menos desde la anterior llegada masiva de inmigrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma, ahora hace cinco veranos.

Feijóo, que desde que estalló la crisis ha concedido una única entrevista, a OK Diario, ha dejado claro en la misma que los menores tienen que volver a Marruecos, justo cuando se empieza a discutir su reparto entre las comunidades autónomas, exactamente igual que sucedió hace dos años con los menores llegados (en un número mucho menor) a Canarias, lo que llevó entonces a Santiago Abascal a romper unilateralmente todos los gobiernos de coalición que por primera vez se habían puesto en marcha con el PP.

Sentarse o no con la ministra Rego

Pese a todo ello, el PP se esfuerza por mantener su perfil institucional y, por eso, alejado de las actitudes de Vox, que esta misma semana se ha negado a sentarse con la ministra de Infancia, Sira Rego, de Izquierda Unida. Una actitud, la de los tres responsables de menores en los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, que no respaldan el resto de gobiernos del PP (tampoco el de la Junta de Andalucía, que aunque de coalición con Vox preserva en manos populares la competencia en Infancia) y que incluso los populares han afeado en público. El vicesecretario de Política Municipal y Autonómica popular, Elías Bendodo, una persona muy próxima a Feijóo, señaló que conviene "sentarse" para discutir de la crisis en Ceuta, justo lo que evitó hacer su socio.

El PP se seguirá sentando con el Gobierno central, la próxima vez el día 27 en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, de nuevo presidida por la ministra Rego. Y sin perder la formalidad institucional ni dar plante alguno, los consejeros de sus gobiernos autonómicos volverán a poner sobre la mesa sus objeciones de fondo al reparto de menores que se encuentran en Ceuta.

Entre los estrategas que han pilotado este giro destacan dos nombres del PP madrileño aunque no necesariamente próximos a Isabel Díaz Ayuso (la presidenta madrileña, incluso, ha mantenido en muchas ocasiones posiciones discrepantes con Vox en esta materia) como la vicesecretaria de Coordinación Sectorial de la dirección nacional, Alma Ezcurra, también eurodiputada, y el portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, Rafael Núñez Huesca. Dirigentes de una generación posterior a la de Feijóo que consideran que el partido sencillamente ha actualizado su discurso ante una realidad nueva que afecta a España tanto como al resto de países de la Unión Europea (UE).

Desde ese punto de vista, suelen argumentar que es Sánchez y por extensión la izquierda española quienes no harían una adecuada lectura política del momento presente, y ponen como ejemplo a la primera ministra socialdemócrata de Dinamarca Mette Frederiksen y sus posturas igualmente duras en materia migratoria, mucho antes de la sonada carta conjunta que este verano ha firmado con la jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni.

Feijóo, que el año que viene tendrá su última oportunidad de llegar a la Moncloa, tiene claro que su tiempo es distinto al de Aznar y al de Rajoy, pues distinta es, entre otras cosas, una derecha europea entre cuyos referentes ya no figuran Angela Merkel o Nicolás Sarkozy, por ejemplo, sino perfiles como los de Marine le Pen o la citada Meloni. Y ese es el tiempo en el que aspira a presidir el Gobierno.

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