Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué ocurre si te duele la cabeza o te falta oxígeno en el aeropuerto de Santiago?

Detrás de una simple tirita o una pastilla hay contratos públicos, listas de productos y condiciones que revelan cómo se gestiona la salud en un aeropuerto

Dos licitaciones de apenas 2.500 euros muestran el 'botiquín invisible' que garantiza la atención sanitaria a pasajeros y trabajadores

Servicios de emergencias en el aeropuerto de Santiago

Servicios de emergencias en el aeropuerto de Santiago / Antonio Hernández

Arturo Reboyras

Arturo Reboyras

Santiago

Hay cosas que damos por hechas cuando viajamos: que el avión despega, que la maleta llega… o que, si algo va mal, alguien podrá atendernos. Pero esa última parte, la de la asistencia sanitaria básica en un aeropuerto, también tiene su propia trastienda administrativa. En el aeropuerto de Santiago–Rosalía de Castro, Aena acaba de sacar a licitación dos contratos muy discretos —uno para material sanitario y otro para medicamentos— que, pese a su bajo importe, permiten asomarse a cómo se organiza ese ‘botiquín invisible’ que rara vez vemos pero que siempre está ahí, preparado para cualquier imprevisto.

En total, ambos contratos apenas suman 2.500 euros, una cifra que podría parecer insignificante dentro del engranaje aeroportuario. Sin embargo, el contenido de estas licitaciones es mucho más revelador de lo que su importe sugiere. No se trata de grandes infraestructuras ni de servicios espectaculares, sino de algo mucho más cotidiano: garantizar que haya desde mascarillas de oxígeno hasta paracetamol, desde gasas y vendas hasta adrenalina, disponibles en caso de que un pasajero sufra un mareo, una caída o una urgencia médica inesperada. Es, en definitiva, la red de seguridad más básica, la que entra en juego antes de que llegue cualquier otro recurso.

Un catálogo que mezcla farmacia y botiquín de emergencia

El listado de productos incluidos en estos contratos es casi una radiografía de lo que puede ocurrir en un aeropuerto. Hay elementos claramente vinculados a emergencias, como mascarillas de oxígeno, collarines o férulas, pero también otros mucho más comunes: tiritas, esparadrapo, guantes, alcohol o vendas. A eso se suma el apartado de medicamentos, donde aparecen nombres tan familiares como el paracetamol o el ibuprofeno junto a otros más específicos como adrenalina, ventolín o glucagón. Todo ello configura un catálogo híbrido que combina lo cotidiano con lo crítico, lo que se usa a diario con lo que solo se necesita en situaciones excepcionales.

Lo interesante es que este suministro no funciona como una compra cerrada. Aena no adquiere una cantidad fija de productos, sino que establece un sistema flexible: pedirá lo que necesite, cuando lo necesite, hasta agotar el presupuesto. Eso significa que la empresa que gane el contrato no tiene garantizado un volumen mínimo de pedidos. Puede haber meses sin ningún encargo o momentos en los que se concentren varias solicitudes, siempre dentro de unos límites anuales. Es un modelo que prioriza la disponibilidad sobre el consumo, más pensado para estar preparado que para gastar.

Precios regulados y competencia limitada

En el caso de los medicamentos, además, entra en juego un factor adicional que rompe con la lógica habitual de las licitaciones públicas: los precios no dependen del mercado, sino que en muchos casos están fijados por el propio sistema sanitario. Esto implica que las empresas no pueden competir libremente bajando precios, ya que estos vienen determinados por la normativa estatal. Solo en algunos productos se permite aplicar descuentos, y aun así con límites bastante reducidos.

Este detalle convierte el contrato en algo peculiar, porque reduce el margen de maniobra de los licitadores y desplaza la competencia hacia otros aspectos, como la capacidad de suministro o la logística. En otras palabras, no se trata tanto de ofrecer el precio más bajo como de poder cumplir con las condiciones en un contexto bastante rígido.

Un servicio que debe estar listo… aunque no se use

Si hay algo que define ambos contratos es la exigencia de inmediatez. Cuando Aena solicita un producto, la empresa adjudicataria tiene un plazo máximo de siete días para entregarlo, y en caso de incidencias o productos defectuosos, la reposición debe hacerse en apenas 24 horas. A esto se suma la obligación de que todos los artículos tengan una caducidad mínima de 18 meses, lo que garantiza que el material almacenado siga siendo útil incluso si pasa tiempo sin utilizarse.

En paralelo, las condiciones dejan claro que todo el riesgo recae sobre el proveedor. Aena puede consumir todo el presupuesto antes de que termine el contrato o, por el contrario, no llegar a utilizarlo por completo, sin que eso genere compensaciones. Incluso puede dar por finalizado el contrato antes de tiempo si se agota el importe previsto. Es, en esencia, un sistema pensado para asegurar la disponibilidad constante de recursos, pero con un alto grado de incertidumbre para quien los suministra.

Lo que a simple vista podría parecer una licitación menor acaba revelando, en realidad, una parte fundamental del funcionamiento cotidiano de un aeropuerto. No son contratos llamativos ni grandes inversiones, pero sí piezas clave de ese entramado invisible que permite que todo funcione con normalidad. Porque, aunque la mayoría de los pasajeros nunca llegue a necesitar una de esas mascarillas o una de esas pastillas, el simple hecho de que estén ahí, listas para usarse, forma parte de la tranquilidad con la que viajamos sin darnos cuenta.

Tracking Pixel Contents