Santiago reabre la regulación de la zona histórica: ni cajeros en fachadas ni nuevas discotecas

El Concello de Santiago abrirá un nuevo periodo de exposición pública para la modificación de la normativa que regula los usos en la ciudad histórica. El documento incorpora numerosos cambios después de que los técnicos municipales analizasen las 152 alegaciones presentadas tras su aprobación inicial, en junio de 2025.

El concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, explicó este lunes que las modificaciones no tienen carácter sustancial, pero el Gobierno municipal ha decidido someterlas nuevamente a información pública durante un mes para «asegurar a máis ampla representación» en la futura ordenación de la zona histórica.

La reforma persigue actualizar una regulación que se remonta a 1997. Según recordó Lestegás, sus objetivos principales son reforzar el uso residencial de la ciudad histórica, proteger el comercio de proximidad, favorecer nuevas actividades que contribuyan a dinamizarla y buscar un equilibrio entre los servicios dirigidos a los residentes y los orientados a los visitantes.

Aunque la limitación de las tiendas de recuerdos y otros negocios turísticos concentró buena parte de la atención pública, la mayoría de las alegaciones presentadas se referían a otras cuestiones, como la vivienda, los equipamientos, las residencias universitarias o los locales de ocio nocturno.

Los cajeros y las consignas deberán estar dentro de comercios

En el ámbito comercial, el nuevo documento mantiene prácticamente sin cambios la clasificación de establecimientos y las condiciones previstas en la aprobación inicial. Una de las principales novedades afecta, sin embargo, a los cajeros automáticos y las consignas para equipajes.

Dentro del recinto intramuros, estos dispositivos únicamente podrán instalarse como elementos accesorios en el interior de otros establecimientos que cuenten con atención presencial. La normativa no establece una prohibición absoluta, pero impedirá colocarlos directamente en las fachadas o abrir locales dedicados exclusivamente a este tipo de servicios.

El Concello también acepta las alegaciones que reclamaban incluir los obradores de panadería y pastelería entre los usos permitidos en las ordenanzas residenciales.

Las discotecas seguirán prohibidas, pero podrán autorizarse pubs y karaokes

La nueva versión del documento recupera expresamente la prohibición de instalar discotecas y salas de fiestas en toda la ciudad histórica. Esta limitación ya aparecía en la normativa vigente desde 1997, pero había quedado fuera por error del texto aprobado inicialmente el año pasado.

El Concello rechaza, no obstante, las alegaciones que reclamaban prohibir por completo todos los establecimientos de ocio nocturno. Lestegás consideró que esa medida resultaría «desproporcionada» y defendió que existen otros instrumentos más adecuados que el planeamiento urbanístico para controlar el ruido y las molestias.

Por este motivo, actividades como pubs, karaokes, cafés concierto o cafés espectáculo seguirán consideradas usos condicionados. Esto significa que no podrán abrir automáticamente, sino que deberán superar un procedimiento específico de autorización.

Cada proyecto tendrá que presentar un estudio técnico sobre su impacto y una propuesta de medidas correctoras. El expediente será además sometido a consulta pública y podrán presentarse alegaciones antes de que el Concello decida si autoriza su implantación.

Más modalidades de vivienda y alojamientos compartidos

En materia residencial, la normativa conserva las medidas que buscan adaptar las viviendas existentes a las características de los hogares actuales, entre ellas los cambios en los requisitos para dividir o agrupar inmuebles.

El texto incorpora expresamente la posibilidad de crear viviendas sociales en equipamientos públicos, siempre que sean de titularidad pública y se construyan sobre terrenos públicos, tal y como recoge la legislación estatal por el derecho a la vivienda.

También se amplía y aclara la definición de diferentes modalidades residenciales, como los hogares para personas mayores, las viviendas colaborativas o tuteladas, los alojamientos dotacionales y las fórmulas compartidas para jóvenes. Se incluyen asimismo las cooperativas de vivienda en cesión de uso.

Las residencias universitarias ya no necesitarán un convenio con la USC

Uno de los cambios más relevantes afecta a las futuras residencias universitarias. El Concello elimina la obligación, incluida en el primer documento, de firmar un convenio con la Universidade de Santiago cuando la residencia no se instalase en un equipamiento público.

Lestegás explicó que ese requisito era difícil de cumplir, ya que actualmente solo el Colexio Mayor Santo Agostiño de un convenio de estas características. Además, el acuerdo con la USC no garantizaría una limitación en los precios de las plazas, que era el objetivo perseguido inicialmente.

Las residencias, en cualquier caso, no podrán instalarse en cualquier inmueble. Solo se admitirán en determinados equipamientos y en edificios considerados singulares por su tamaño, situación, valor patrimonial, configuración o uso original. La intención, según el concelleiro, es facilitar la creación de alojamiento para estudiantes sin reducir el parque residencial.

Un plan específico decidirá los nuevos usos de la Praza de Abastos

La regulación también introduce cambios en la Praza de Abastos. El documento urbanístico permitirá únicamente como nuevos usos comerciales las pequeñas tiendas de alimentación, aunque podrán continuar las actividades que ya existen.

La incorporación de otros servicios complementarios, incluidos los relacionados con la restauración y el ocio, quedará pendiente de un futuro plan estratégico o de gestión de la plaza. El Concello considera que ese instrumento permitirá ordenar con mayor precisión las actividades del mercado que una normativa urbanística general.

«Estamos falando da regulación de usos da cidade histórica das próximas décadas», subrayó Lestegás, que defendió la apertura de un segundo periodo de información pública pese a que los cambios introducidos no obligaban a reiniciar por completo la tramitación.