Frente común ante una Ley de Movilidad Sostenible que es lesiva para el rural gallego

El anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible no es bueno para Galicia, y concretamente para su rural, sería nefasto. Por ello la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade en funciones, Ethel Vázquez, y la presidenta de la patronal ourensana (CEO), Marisol Novoa, comunicaron las alegaciones conjuntas que presentaron contra la futura norma, apuntalando un frente común para reclamar al Gobierno una ley que atienda a las comunicaciones del rural y evite agrandar las desigualdades territoriales.

Acudieron también a la cita en la sede de la CEO el delegado de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, el presidente de la Comisión de Infraestructuras de la CEO, Alejandro Cruz, y miembros de este organismo como el presidente de los constructores, Santiago Ferreiro, o el portavoz de la Plataforma A-76 Lisardo González.

El acuerdo para presentar alegaciones surge a raíz de la anterior visita de Ethel Vázquez el pasado 28 de marzo, en la que la Comisión de Infraestructuras de la CEO repasó con la conselleira el estado de las necesidades viarias de la provincia y aludió a la campaña a favor de la AG-31 a la frontera con Portugal.

La principal alegación aludida por la CEO persigue la finalidad de que se puedan destinar fondos Next Generación a infraestructuras del rural ya que este anteproyecto exige criterios de planificación de rentabilidad positiva y de cofinanciación de servicios estatales que elimina las inversiones fuera de las ciudades, al igual que el criterio impuesto por el gobierno de España para los fondos Next Generation de no destinar a entornos rurales proyectos de mejora de la movilidad y la conectividad, lo que podría convertirse en un gran inconveniente para el desarrollo de entornos rurales y comarcas.

En este sentido, tanto la CEO como la Xunta, coinciden en la necesidad urgente de cambiar estos criterios que el Gobierno establece para adjudicar los fondos Next Generation y que no prevén destinar a entornos rurales proyectos de mejora de la movilidad y la conectividad.

Marisol Novoa destacó que es llamativo que la Ley no tenga en cuenta la movilidad rural, por lo que realizó alegatos para defender la viabilidad de las infraestructuras en zonas donde la rentabilidad es eminentemente social, para introducir criterios de rentabilidad social en la planificación de las inversiones. Abogó también por favorecer la movilidad y la accesibilidad del rural, logrando la recuperación, contribuyendo a la cohesión económica, social y territorial y garantizando la transición ecológica y digital para ser más sostenibles y resilientes. Y recordó que la provincia de Ourense es un territorio en el que la mayoría de sus 92 ayuntamientos (en concreto el 75%) cuenta con menos de 2.000 habitantes, y de esos, 26 tienen población de 1.000 habitantes o menos, especificando que ‘provincias como Ourense pierden población año tras año, en nuestro caso, en los últimos diez años casi 30.000 habitantes’.

Ethel Vázquez resaltó varios aspectos de los alegatos presentados y alertó, por ejemplo, de que la norma pretende ser una “excusa legal” para no ejecutar obras como las autovías pendientes en la provincia, como Lugo-Ourense o Ponferrada-Ourense. Refirió además que la ley no recoge la movilidad rural ni incorpora conceptos fundamentales en el desarrollo de infraestructuras de comunicación como la igualdad de oportunidades, la vertebración territorial y la cohesión social.

Señaló que el texto supedita la planificación de infraestructuras de transporte estatal a la rentabilidad económica, lo que supondrá centrar las inversiones en las zonas más pobladas o los corredores de mayor demanda, ahondando más en la brecha entre lo urbano y el rural.

Criticó que la ley abogue por suprimir los servicios de tren en el rural, pretendiendo sustituir el ferrocarril de media distancia por transporte por carretera que deben pagar las Comunidades. Así, tildó de desatino dejar al rural sin tren y trasladarle a la Xunta la responsabilidad de compensar esa carencia con el autobús, a lo que el Gobierno gallego ya dedica cada año 80 M€ para mantener más de 3.400 líneas.

Reivindicaciones para Galicia

Dadas las circunstancias de la ley estatal, la Xunta y la CEO piden que se consideren las características diferenciales de Galicia como la dispersión territorial y el envejecimiento de la población, que hace precisa una mayor capilaridad de las comunicaciones y de los servicios de transporte. También se solicita la revisión de los principios para declarar Deberes de Servicio Público en los servicios, ya que la ley prima los criterios económicos frente a la rentabilidad social.

Se apela también a respetar los principios de igualdad en los nombramientos y designaciones de los órganos, así como la una movilidad inclusiva para garantizar el acceso al transporte público a todos los ciudadanos. La conselleira reclamó participación y consenso a la hora de abordar un posible sistema de pago por uso en las autovías como mecanismo para financiar el mantenimiento de la red de carreteras. A este respeto, la Xunta y los empresarios coinciden en la oposición frontal a cualquier sistema de pago que se base en la distancia recorrida, ya que es lesivo para Galicia, acrecentando las desigualdades entre comunidades y el desequilibrio territorial.

Fondos Next Generation

Por otra parte, la Xunta viene advirtiendo que los criterios del Gobierno central en el reparto de los fondos Next Generation de movilidad, que tienen que ser invertidos en núcleos de más de 50.000 habitantes, implican dejar al margen al 97,8% de los municipios gallegos. En la provincia ourensana, solo la capital supera los 100.000 habitantes y no hay ningún municipio que tengan una población entre 20.000 y 100.000, por lo que estas inversiones queden restringidos únicamente a la capital de la provincia.

Lamentó Vázquez Mourelle que esta circunstancia lastre el desarrollo de mejoras viarias en el interior e impida que conexiones esenciales para la vertebración, como la mejora de la O-540 y que puedan ser financiadas a través diera financiación europea, como pide la Xunta.

La responsable de Infraestructuras en funciones recordó además las obras pendientes del Gobierno central en la provincia como la reforma ferroviaria de la intermodal, que aún no se adaptó a la llegada del AVE; los tramos pendientes de contratación de la Variante Exterior, la autovía a Ponferrada o la Ourense-Lugo, la A-56. En este sentido, advirtió de que la nueva Ley que impulsa el Gobierno pretende ser una “excusa legal” para no hacer esas autovías estatales.

Por el contrario, el Gobierno gallego viene trabajando a favor de esta provincia con actuaciones como la mejora de la carretera de A Arnoia, con un presupuesto de 810.000 €; el acceso al parque empresarial de Beariz, con casi medio millón de euros; o la mejora de la O-540, Celanova-frontera portuguesa, que favorecerá la movilidad de 13.000 vecinos de la Baixa Limia y a la que se destinarán más de 10 millones.

La conselleira manifestó, además, la preocupación por el nuevo mapa de concesiones estatales de transporte por carretera de viajeros, que pretende eliminar la mitad de las paradas de las líneas de autobús estatal, priorizando las conexiones entre grandes ciudades y capitales de provinciales y dejando sin servicios a los vecinos de las poblaciones más pequeñas.