El juez reprocha al Gobierno que el buque que investigará el Pitanxo zarpara sin su autorización

“¿De qué sirve haber luchado tanto para que luego en el juicio alguna de las partes pueda cuestionar en parte o en su totalidad la inspección del pecio?”. Esa es la pregunta que desde el pasado miércoles día 17, cuando el buque de la viguesa ACSM encargado de dichas labores partió del puerto de Vigo, se vienen haciendo los familiares de las 21 víctimas del Villa de Pitanxo y cuya portavoz María José de Pazo se encargó de verbalizar ayer en declaraciones a EL CORREO GALLEGO.

Fueron las propias familias quienes denunciaron al día siguiente ante la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra que el offshore Ártabro había zarpado hacia Terranova sin la correspondiente autorización judicial, sin haber aportado toda la documentación requerida y sin encontrarse a bordo uno de los dos peritos que serán quienes finalmente emitan el correspondiente informe judicial.

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Algo que creen ahora “totalmente confirmado” tras la providencia difundida ayer por el juez Ismael Moreno en la que reprocha al Ejecutivo que el buque que tratará de examinar el pecio zarpara hacia Terranova sin su expresa autorización y “sin haber dado cumplimiento a las instrucción claras y precisas” acordadas el pasado 8 de mayo y que fueron reiteradas el mismo día 17.

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº2 demandaba en ellas la documentación relativa a la contratación y adjudicación para la búsqueda e inspección del pecio en aras de coordinar con la empresa adjudicataria las fechas de salida del buque offshore Ártabro y para la designación de peritos de parte. Un requerimiento que no fue atendido por la Administración.

Es por ello que el magistrado solicita ahora ser informado de si efectivamente el buque zarpó, si a bordo se encuentra alguno de los peritos designados así como las fechas de realización de los trabajos. Unas demandas que fuentes del departamento que dirige Raquel Sánchez señalan serán cubiertas en los próximos días.

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Las familias tachan de “gravísimo” el proceder tanto del Ministerio de Transportes como de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) y apuntan “no es ya que sea un proceso en que hay indicios de 21 homicidios imprudentes sino que se está desobedeciento a una autoridad judicial”, explica María José de Pazo.

Es por ello que demandan a José Ramón Gómez Besteiro, delegado del Gobierno en la comunidad, que les ofrezca las explicaciones oportunas al considerar que el proceder de la Administración podría acabar por poner en cuestión la inspección del pecio que finalmente realice el buque de ACSM en aguas de Terranova. Unas labores por cuya realización las familias llevan meses luchando.