Los juzgados gallegos cerraron 2022 con más de 167.000 asuntos en fase de tramitación

Aún sin saber con qué cifras finalizará un año judicial marcado por las huelgas y movilizaciones de jueces, fiscales, letrados y funcionarios de justicia, que se mantiene en el caso de estos últimos, aunque con un seguimiento mínimo, lo que está claro es que el atasco provocado por el parón o la ralentización de la actividad en los juzgados durante los últimos meses vendrá a engrosar aún más una carga de trabajo ya muy voluminosa en las distintas jurisdicciones y a la que el personal disponible no logra hacer frente.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes a 2022, los juzgados gallegos resuelven menos asuntos de los que ingresan. En su conjunto, las distintas jurisdicciones, Civil, Penal, Contencioso-Administrativa y Social, finalizaron el año con una tasa de resolución del 0,96, lo que supone que el volumen de causas que ingresaron a lo largo de los 12 meses fue superior a la cifra de casos resueltos.

En total, a los juzgados gallegos llegaron a lo largo del año pasado 333.090 asuntos, de los que el 45%, concretamente 151.257, correspondían a la jurisdicción Civil, seguidos de los 139.571 de la de Penal, los 33.316 de los juzgados de lo Social y los 8.946 casos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Esos 333.090 nuevos casos, a repartir entre 266 órganos judiciales, se sumaron a los asuntos que se encontraban en tramitación al inicio de 2022: en total, 155.921. De ellos, 83.018 correspondían a la jurisdicción Civil, 37.852 a la Penal, 27.782 a la Social y 7.269 a la Contencioso-Administrativa.

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A final de 2022 se dieron por resueltos 320.753 asuntos, lo que supone que cada órgano judicial despachó de media 1.205 casos. Aún así, quedaron pendientes para este 2023 167.189 casos. Pero no todos los juzgados trabajaron al mismo ritmo. La tasa de resolución fue mayor en el caso de los juzgados de lo Social, con un 1,04, frente al 0,96 de la media gallega. En concreto, la jurisdicción que atiende causas relacionadas con despidos, impugnaciones de convenios laborales, reclamaciones de salarios y de antigüedad, demandas ante la Seguridad Social, jubilaciones o accidentes de trabajo inició el año pasado con 27.782 asuntos, a los que se sumaron los 33.316 que se presentaron a lo largo de 2022. Tras resolver 34.569 causas, cerró el ejercicio con 26.077 expedientes abiertos.

También los juzgados de lo Contencioso-Administrativo finalizaron 2022 con menos causas en tramitación que las registradas al inicio del año, al pasar de 7.269 a 7.159.

Por el contrario, en los juzgados de lo Civil y lo Penal el año pasado finalizó con más asuntos de los que se contabilizaban al inicio de 2022, lo que supone que se resuelve menos de lo que se ingresa. En las salas de lo Civil el año pasado finalizó con 91.417 asuntos en tramitación, mientras que en la jurisdicción Penal, el número de casos pendientes a 31 de diciembre de 2022 era de 42.536.

Para el responsable de CIG-Xustiza, Óscar Freixedo, no se podrá hacer frente al atasco judicial mientras no se incrementen el personal y los medios materiales y tecnológicos de los que disponen los juzgados. “Nunca se quiso invertir en la justicia y así estamos”, sostiene. Freixedo reclama más fondos para actualizar las herramientas informáticas con las que deben trabajar los funcionarios y que, según dice, están en muchos casos “desfasadas”.

Un problema al que se suma la falta de personal. “Nunca hubo tantos interinos trabajando. Quedan plazas desiertas que se cubren con este personal, a pesar de que muchos de los funcionarios se están jubilando o se van a jubilar en breve”, explica.