Los juzgados gallegos acumulan el mayor volumen de asuntos pendientes de su historia

Los juzgados gallegos cerraron el curso pasado con un total de 195.704 cuestiones en tramitación, es decir, pendientes aún de resolverse. Una cifra que, ya de por sí, supone el número de asuntos irresolutos más elevado de la historia reciente de la comunidad. Sin embargo, los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) referentes al primer trimestre del 2024 reflejan un nuevo ascenso de los procedimientos pendientes de resolución en Galicia, con 201.766.

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“Estamos en las cifras de sobreatraso más grandes de la historia, sobre todo en Civil, Mercantil y Penal. Existe en la comunidad una escasez muy importante de órganos judiciales. Necesitamos que se incrementen para que los trabajadores puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones y los asuntos salgan adelante. Los atrasos que han supuesto las huelgas que se vienen produciendo desde 2018 y, precisamente, esa falta de órganos provocan que el trabajo se haya acumulado muchísimo y que estemos en esta tesitura”, explica Julio Bouza, coordinador de SPJ-USO Galicia –el sindicato mayoritario en la Justicia en la comunidad–.

Esta carencia de infraestructura judicial en la comunidad no es un asunto que preocupe únicamente a los trabajadores, que ejercen su labor “a matacaballo”, como apunta Bouza. Unas condiciones que han conllevado protestas laborales en diferentes ocasiones y, sin ir más lejos, una huelga del turno de oficio todavía en curso. El BNG denunció esta situación el pasado viernes en la Cámara Alta por voz de la senadora por designación autonómica Carme da Silva: “La Administración de Justicia en Galicia se encuentra, a día de hoy, en un importante retroceso y degradación debido a la elevada carga de trabajo que las unidades judiciales deben asumir”. A continuación, la pontevedresa instó tanto a la Xunta como al Gobierno central, “en el ámbito de sus competencias”, tratar de darle solución incrementando tanto los órganos jurisdiccionales como el cuadro de personal.

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Ciertamente, el Ejecutivo gallego abordó ya este problema con el Ministerio de Justicia a través de la Comisión Mixta en la que participa también el TSXG. En esta reunión, el departamento autonómico que lidera Diego Calvo demandó para la comunidad un juzgado de violencia contra la Mujer para Santiago; un juzgado de Primera Instancia para Ourense y su respectivo de Primera Instancia e Instrucción en Viveiro y Vilagarcía de Arousa; un juzgado de lo Contencioso-administrativo en la capital gallega; juzgados de Primera Instancia en Vigo, Pontevedra y A Coruña; juzgados, también de Primera Instancia e Instrucción en Ribeira y Carballo; además de un tribunal del Penitenciario en Ourense, y uno del Social en Ferrol.

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“Lo más probable es que de todas las solicitudes que hizo la Xunta, el Ministerio no conceda más de uno o dos”, augura Julio Bouza. Por ello, desde SPJ-USO Galicia inciden en la necesidad de reforzar a la mayor celeridad las menguadas plantillas con el objetivo de rebajar la elevada carga de trabajo que tienen: “Estamos viendo en los últimos tiempos a compañeros que debido a esta situación están cogiendo bajas laborales por estrés”.

Precisamente, en el apartado de personal la Xunta solicitó al Ministerio el envío de magistrados para la Sección 4ª de lo Civil de la Audiencia Provincial de A Coruña, para la Sección 2ª de Penitenciaria de la Audiencia Provincial de Pontevedra y para la Sala de lo social del TSXG. Una petición “insuficiente” a ojos de Bouza.